El gobierno federal asume el control de la seguridad en Michoacán

Ante lo que la propia administración federal considera como manifestaciones de “debilidad institucional” en Michoacán, el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto activó este miércoles una Comisión encargada del "restablecimiento" de la seguridad en la entidad, con un enfoque "integral" que busca hacer frente al crimen organizado y a la aparición de grupos de autodefensa.

Tres días después de que el mandatario estatal, Fausto Vallejo, pidiera ayuda federal para tratar de disminuir la violencia en varios municipios, con lo que se activó el ingreso de fuerzas federales a la zona de Tierra Caliente —golpeada en días previos por ataques, bloqueos y enfrentamientos—, el gobierno de Peña Nieto creó con un decreto la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán.

De acuerdo con el documento, esa Comisión —por primera vez opera un organismo federal con esas características en Michoacán— buscará coordinar a las autoridades federales enfocadas en territorio michoacano “bajo un enfoque amplio”, que abarque no solo aspectos de seguridad, sino también políticos, sociales y económicos.

Quien había trabajado como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), Alfredo Castillo, estará a cargo de la Comisión para Michoacán , que tiene entre sus facultades más importantes:

-          Ejercer la coordinación de todas las autoridades federales para restablecer el orden en Michoacán y su desarrollo integral.

-          Formular y ejecutar políticas orientadas a la prevención de delitos, reconstrucción de tejido social, fortalecimiento institucional, y coordinarlas con autoridades de los tres niveles.

-           Disponer, ordenar y coordinar las acciones de apoyo y auxilio por parte de las instituciones federales de fuerza pública.

-          Solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas.

-          Recibir en acuerdo a los delegados, comisionados y demás servidores públicos de las dependencias, entidades e instituciones del Poder Ejecutivo Federal que ejerzan funciones en Michoacán.

-          Solicitar al Secretario de Gobernación la designación o remoción de los servidores públicos de organismos federales que operen en Michoacán.

-          Celebrar todo tipo de convenios y acuerdos de coordinación y colaboración con las autoridades locales y municipales.

La Secretaría de Gobernación, indicó el decreto, proveerá los recursos humanos, materiales y financieros, para que pueda operar la Comisión.

En mayo pasado, el gobierno de Peña Nieto ya había anunciado una nueva estrategia para Michoacán –con mayor coordinación entre fuerzas federales y estatales—, aunque continuaron los ataques del crimen organizado, y el avance de los grupos de autodefensa que operan “al margen de la ley”, hasta llegar a por lo menos en 10 municipios.  

Antes, en el gobierno previo, el presidente Felipe Calderón (2006-2012) implementó en Michoacán —estado con una ubicación estratégica en el occidente— un operativo conjunto, de militares, marinos y policías federales, para enfrentar de forma frontal al crimen organizado. Pero no logró contener la violencia y la inseguridad en la entidad.

Según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, la nueva estrategia y la labor de la Comisión anunciada este miércoles parten de la idea de que “la violencia no se combate con más violencia”, aunque también reconoció que la coyuntura de Michoacán obligó al despliegue de fuerzas federales.

Un gran eje de la estrategia, dijo, es “atender desde sus raíces los factores sociales que originan, pero que no justifican la inseguridad como lo son la falta de oportunidades, la falta de acciones concretas para el desarrollo y la falta de resultados de quienes tenían el deber de entregarlos”.

Desde el lunes pasado el gobierno federal desplegó a decenas de militares y policías en municipios de la zona de Tierra Caliente, para tomar el control de la seguridad, enfrentar la actividad del grupo criminal de los Caballeros Templarios, e iniciar el desarme de los grupos de autodefensa, lo que provocó enfrentamientos en los que al menos una persona murió.

Pese a la presencia federal en Apatzingán, este miércoles se registró la quema de una farmacia en el municipio.

No hubo acuerdo con autodefensas: Osorio Chong

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró este miércoles que no se concretó un acuerdo con autodefensas para que “no traigan armas a la vista”, en la reunión que tuvieron con ellos las autoridades el día previo.

Se les exhortó y se les dijo con toda claridad, de nueva cuenta, que “ellos no pueden estar armados”, dijo Osorio Chong.

En tanto, Estanislao Beltrán, uno de los voceros de autodefensas, dijo la noche de este miércoles a la cadena Radio Fórmula que tratarán de ser "más discretos" con su accionar en Michoacán, aunque no dejarán las armas, como lo pide el gobierno, porque eso significaría dejar a su pueblo inseguro ante el crimen organizado.

Más tarde, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó sobre la detención de un presunto líder de un grupo delictivo, Joaquín Negrete, sin mencionar si pertenecía o no a los Caballeros Templarios. 

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a las fuerzas de seguridad federales “medidas precautorias” para que se garantice el respeto a la vida y la integridad a los derechos de los habitantes de Michoacán, después de que identificaran que dos personas murieron "presuntamente,  con motivo de disparos realizados por elementos de las fuerzas armadas".

El nombramiento de Castillo genera dudas

Aunque legisladores de la oposición consideraron positivo que el gobierno federal designe a un responsable de la estrategia de seguridad en Michoacán, expresaron dudas respecto del nombramiento de Castillo Cervantes.

Para Manuel Camacho Solís, secretario de la Comisión de Justicia del Senado e integrante de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional, antes de realizar esa designación el gobierno federal tenía que haber definido junto con el Congreso qué acciones se llevarán a cabo en el estado.

“La solución no solo es un nombramiento de un funcionario del Ejecutivo, sino que tiene que haber una intervención política del Senado de la República para fijar un plan de recuperación de la autoridad política”, dijo el senador del Partido de la Revolución Democrática (PRD).