La Corte avala ley que permite a PGR ubicar celulares sin orden judicial
Por ocho votos contra tres, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló este jueves la llamada ley de geolocalización, una norma polémica que desde 2012 permite a la Procuraduría General de la República (PGR) ubicar teléfonos celulares relacionados con crímenes sin necesidad de tener la orden de un juez.
Los ministros del máximo tribunal que votaron a favor fueron Margarita Luna Ramos —responsable del proyecto de resolución—, Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar, Jorge Pardo Rebolledo, Fernando Franco, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Arturo Zaldívar y Juan Silva Meza, presidente de la SCJN.
Para ellos, la ley es constitucional y representa una medida indispensable para que la PGR persiga delitos graves como el narcotráfico, la extorsión y el secuestro, así como para la protección de las víctimas.
La resolución, sin embargo, estableció que la PGR sólo podrá recurrir a este instrumento cuando se cometan esos crímenes y en casos de "extrema urgencia".
"Esto se entiende cuando se pone en riesgo la vida o la integridad física de las víctimas o cuando exista el riesgo de que se oculte o desaparezca el objeto del delito", dijo Luna Ramos durante la sesión.
Quienes votaron en contra fueron los ministros Olga Sánchez Cordero, José Ramón Cossío y Sergio Valls, que consideran la ley violatoria de los derechos humanos.
Para ellos, la ley es inconstitucional porque, desde su punto de vista, viola el derecho humano a la privacidad.
Valls señaló durante la discusión que no existen mecanismos que aseguren que este instrumento será utilizado de forma debida y que su uso no derivará en "excesos".
"¿Qué o quién lo garantiza, qué o quién lo controla?", dijo.
Ese argumento coincide con el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que impugnó la medida ante el máximo tribunal.
La ley fue aprobada por el Congreso mexicano en 2012, cuando se reformaron el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal de Telecomunicaciones para permitir que la PGR, sin orden judicial, solicite a una compañía de telefonía ubicar en tiempo real un aparato si está vinculado a crímenes.
La PGR, sin embargo, no está facultada para intervenir las llamadas o los mensajes de un teléfono celular si un juez no lo autoriza previamente.
El debate en la SCJN ocurrió en momentos en que el secuestro y la extorsión aumentan en México. Durante 2013, los secuestros denunciados crecieron en 32% respecto de 2012, mientras las extorsiones lo hicieron en 11%.
La incidencia de ambos delitos de alto impacto se elevó principalmente en estados como Michoacán, Guerrero o Tamaulipas, una situación que algunos analistas vinculan con la operación de grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico.
En los próximos meses, el tema del rastreo de celulares ligados a crímenes llegará a la Cámara de Diputados, donde los legisladores tendrán que definir en qué casos podrá emplearse, según la propuesta de Código Nacional de Procedimientos Penales.
La iniciativa ya fue avalada en el Senado y, una vez que sea aprobada en ambas cámaras y que entre en vigor, sustituiría al actual código federal.