La Corte ordena liberar a una indígena condenada a 22 años por aborto
Tras pasar siete años en prisión acusada de aborto, Adriana Manzanares, una indígena de la etnia nahua, quedará libre luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este miércoles, por unanimidad, otorgarle un amparo debido a que la mujer no tuvo un debido proceso penal.
Manzanares, detenida desde 2006 y condenada a 22 años de cárcel, debe quedar libre una vez que las autoridades de Guerrero sean notificadas del fallo, lo que se prevé ocurra esta misma tarde.
La resolución de la Primera Sala de la SCJN se produjo dos años después de que el máximo tribunal del país atrajera el caso, en 2011.
Desde entonces, la defensa argumenta que Manzanares fue acusada mediante pruebas sin validez científica y que, dado que no hablaba español, se violó su derecho a contar con un traductor cuando comenzó el proceso en su contra.
Manzanares es originaria de Guerrero, un estado del sur del país con alto índice de pobreza. En 2006, cuando tenía cuatro meses de embarazo, sufrió un aborto espontáneo, pero vecinos de la comunidad la acusaron de haber matado al feto.
El abogado Javier Cruz Angulo dijo a medios este miércoles que los pobladores incluso la apedrearon y le escupieron, tachándola de haber sido infiel a su esposo, con quien tuvo dos hijos. Manzanares había quedado embarazada producto de la relación que había comenzado con otro hombre.
Verónica Cruz, representante de la organización Las Libres —que apoyó a la defensa—, señaló por separado que el Ministerio Público sustentó la acusación de homicidio en razón de parentesco con un procedimiento conocido como docimasia pulmonar. Éste consiste en cortar los pulmones de un niño muerto y sumergirlos en agua, para determinar si el menor nació con vida o no.
Las autoridades, según Cruz, observaron que los pulmones flotaron, de lo que dedujeron que el hijo de Manzanares nació con vida, respiró y fue asesinado posteriormente.
"No puede ser que con una prueba no científica estén criminalizando a las mujeres", dijo la activista, cuya organización afirma que en todo el país otras 157 mujeres han sido acusadas con base en ese procedimiento.
Manzanares no planea regresar a su comunidad de origen por las tensiones que su caso generó entre los pobladores.
"Creo que se quedará en Guerrero. Un grupo de organizaciones estamos juntando recursos para eso, para que tenga otra vida", dijo.
Además, aún le espera una batalla legal por la custodia de sus dos hijos, que hasta la fecha permanecen con los padres de la mujer.
El abogado Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), agregó que la defensa analizará el fallo de la SCJN para decidir si presenta o no una denuncia por reparación del daño ante las autoridades de Guerrero, por los perjuicios que la actuación del Ministerio Público ocasionaron a Manzanares.
La discusión sobre el aborto y los derechos de las mujeres cobró más atención pública desde 2007, cuando el Distrito Federal se convirtió en la primera entidad del país en despenalizarlo durante las 12 primeras semanas de gestación.
Mientras los detractores de esa medida argumentan que es contraria a la vida, sus defensores señalan que las mujeres deben tener derecho a decidir sobre sus cuerpos y acusan a algunas autoridades de querer imponer sus criterios religiosos o morales en las políticas públicas.
