El enfoque de Peña ante la violencia 'choca' con la realidad de Michoacán
La violencia en Michoacán obligó al presidente Enrique Peña Nieto a hacer lo que no quería: instruir acciones similares a las implementadas por su antecesor, Felipe Calderón (2006-2012).
La administración de Peña Nieto desplegó fuerzas federales en la entidad, tal como ocurrió en el mandato calderonista, aunque el mandatario ha puesto énfasis en que, además de las medidas de seguridad, se asignarán recursos para “reconstruir” el tejido social en territorio michoacano.
"El gobierno (de Peña Nieto) cuando llegó, trató de bajar el perfil de violencia que se estaba dando en todo el país. Todo el discurso, y todas las propuestas que realizaron eran para bajar la presión, para ver si con esa conducta el asunto iba a ser menos dañino para la imagen y para la vida de la comunidad. Evidentemente esa buena voluntad chocó con una realidad”, opinó en entrevista el exsecretario de Seguridad Pública federal (2000-2004), Alejandro Gertz Manero.
Desde el 13 de enero, elementos de las fuerzas federales —militares, policías y agentes ministeriales— acudieron a Michoacán para encargarse de las tareas de seguridad pública en 27 municipios , enfocados en la zona de Tierra Caliente, donde en días previos ocurrieron ataques, bloqueos y enfrentamientos entre la organización criminal de Los Caballeros Templarios y grupos de autodefensa.
Para coordinar el operativo, el gobierno de Peña Nieto anunció el 15 de enero la creación de una comisión especial, a cargo de Alfredo Castillo, a quien le dieron facultades para atender el tema de la seguridad, pero también para impulsar acciones en los temas económicos y sociales de Michoacán.
Hasta este miércoles, tras nueve días de operativo, habían sido detenidas al menos 72 personas en territorio michoacano (59 en Tierra Caliente), por su presunta participación en hechos delictivos.
"Se está regresando, desafortunadamente, a la creencia de que un despliegue (de fuerzas federales) puede resolver una crisis que tiene sus orígenes en factores no ligados con el tema policial o con el tema militar”, comentó en entrevista el investigador y abogado penalista, Gabriel Regino.
"Se está dejando de lado, como siempre, el tema de atacar los nexos políticos con el crimen, que es donde deberían de haberse dado, en mi opinión, las acciones más fuertes", agregó.
El presidente Peña Nieto insistió desde el inicio de su gobierno en que, en la lucha contra el crimen, “lo que debe hacerse es superar y vencer a la delincuencia con el uso eficaz de la inteligencia”, y con acciones de prevención.
Sin embargo Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, reconoció el 15 de enero pasado que “la coyuntura” de Michoacán motivó que se hayan "desplegado a todas las dependencias, instituciones de seguridad del gobierno", con decenas de elementos de las fuerzas federales, para reinstaurar la paz en el estado.
Desde la perspectiva de Gertz Manero, la presencia federal en Michoacán y la designación de Castillo como comisionado en la zona buscan resolver "los problemas más evidentes y más coyunturales", aunque el diagnóstico de las autoridades "no ha ido al fondo del problema” del estado, con temas como la falta de estructura en sus sistemas de seguridad y justicia.
"Van tapando las crisis y las van conteniendo fundamentalmente con medidas mediáticas o con actos que tiendan a tranquilizar momentáneamente a la población", expresó.
En diciembre de 2006, en los primeros días de su gobierno, Felipe Calderón activó un despliegue federal en Michoacán para enfrentar al crimen organizado con elementos del Ejército y policías federales, sin que se lograran frenar la violencia en el estado. Durante su administración, era frecuente incluir en sus informes datos respecto a operativos y detenciones.
Desde el periodo de transición, antes de iniciar su mandato en diciembre de 2012, Peña Nieto expresó que trabajaría con un enfoque distinto. "En mi gobierno vamos a reformular la estrategia a partir del paradigma de seguridad democrática y ciudadana, que propone atender los orígenes de la violencia”, dijo en abril de 2012, en una entrevista con el diario chileno El Mercurio.
Este miércoles insistió en que su gobierno está haciendo frente a lo ocurrido en Michoacán con “una estrategia que no solo está en combatir la inseguridad, ni combatir al crimen organizado", dijo Peña, según Notimex. "También en otras acciones orientadas a la reconstrucción del tejido social y sobre todo a lograr un desarrollo integral en ese sentido".
Durante una escala en su viaje al Foro Económico de Davos, Peña Nieto expresó que su gobierno “de ninguna manera” había dejado crecer el tema de las autodefensas en Michoacán, después de que Human Rights Watch (HRW) lo acusara de haber estado "totalmente ausente de este fenómeno" y de ser "ambiguo" respecto a su postura con los civiles armados.
“Control de daños”
Durante los primeros cuatro días del despliegue federal que inició el 13 de enero, mientras el tema llegaba a medios internacionales, Peña Nieto evitó hablar sobre Michoacán, aunque sí lo hicieron otros funcionarios, como el secretario de Gobernación, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido.
Peña Nieto se refirió a Michoacán hasta el 17 de enero, cuando anunció una estrategia de cultura para la “reconstrucción del tejido social” con énfasis en la entidad del occidente del país, "donde estamos concentrando nuestros esfuerzos".
Los funcionarios federales que han estado a cargo de dar los reportes —el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido— han evitado referirse de forma textual a Los Caballeros Templarios, que según los grupos de autodefensa y analistas son la organización que realiza actividades criminales en territorio michoacano.
En los comunicados del gobierno federal se les ha identificado como "el grupo delincuencial que actúa en la región", para informar sobre la detención de al menos uno de sus presuntos líderes.
"Obviamente su agenda como titular del poder ejecutivo federal (en referencia a Peña Nieto) la va a centrar en el lema del presidente del cambio, las reformas estructurales, reforma energética, reforma educativa”, comentó Regino.
"Y los temas de seguridad, que no son los que dan lustre, sino que al contrario, generan esta rispidez, pues los va a dejar en manos de su secretario del interior, del secretario de Gobernación”, agregó. “(Es una) estrategia de control de daños".
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, informó que durante los primeros seis días de operativo federal en Michoacán no se había presentado “ningún incidente violento” en esa entidad del occidente del país—aunque el 15 de enero también se reportó el incendio de una farmacia en Apatzingán.
La tarde del martes pasado los grupos de autodefensa informaron sobre un enfrentamiento a tiros ante Caballeros Templarios en el municipio de Parácuaro, aunque la Secretaría de Gobernación solo reportó “disparos aislados” en la zona.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades garantizar el respeto a la integridad de los habitantes de Michoacán, donde se aplica el operativo federal, al indagar la muerte de dos personas en la localidad de Antúnez, “presuntamente” por disparos de elementos de las fuerzas armadas, en acciones de desarme de las autodefensas el 14 de enero.
Para el general de división retirado del Ejército mexicano, Luis Garfias Magaña, la llegada de fuerzas federales al sur de Michoacán era necesaria, porque "la seguridad local, la de las policías, ha sido totalmente rebasada".
Pero también advirtió que, de momento, los "bandidos" en Michoacán "se van a ir a sus casas y se van a esconder. Y las otras, autodefensas, se van a ir a su casa y van a guardar sus armas. Y el Ejército, pues va a estar ahí, seis años. Tendrá que irse, y volverán a salir. Ese es el problema. Así pasó con Calderón. Entonces lo que se requiere es una solución drástica, de autoridad. No una solución a medias".
“No hemos conocido, ni la sociedad ni las propias autoridades lo han hecho saber, un diagnóstico claro, preciso, muy formal, de cuál es el mal, cómo se ha ido dando, qué acciones se van a ir dando y una ruta crítica de soluciones”, consideró el exsecretario Gertz sobre la acción federal en territorio michoacano.
¿Esperanza para Michoacán?
Michoacán tiene 113 municipios, con más de 4 millones 300,000 habitantes. Colinda al norte con los estados de Jalisco, Guanajuato y Querétaro, y al sur con Guerrero y el Océano Pacífico. Destacan sus cultivos de aguacate, limón y fresa, en un territorio con un relieve “muy accidentado”.
Según analistas, se ubica en una zona estratégica, lo que incrementa la disputa de grupos criminales por controlarla.
Desde febrero de 2013, comenzaron a formarse en la zona sur del estado, conocida como Tierra Caliente, grupos de autodefensa con personas que dicen haber sido víctimas de secuestros y extorsiones , sin contar con la ayuda de autoridades locales que estarían coludidas con criminales.
Para 2014, ya habían tenido presencia en al menos 10 municipios, en algunos casos enfrentando protestas de rechazo y enfrentamientos con el grupo criminal de Los Caballeros Templarios, hasta que la federación activó un operativo para retomar el control de la seguridad.
Según Clovis Eugenio Remusat Arana, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), delegación Morelia, el problema de violencia "está muy focalizado" en Michoacán, en Tierra Caliente, porque en el resto de la entidad tiene una "leve percepción" de que ha bajado la actividad criminal.
A su parecer, con el operativo federal y la coordinación con el gobierno estatal se percibe que "sí existe una política pública" para que el estado obtenga crecimiento económico y pueda recuperarse. Pero el problema, opinó, “no se resuelve con una varita mágica”. La solución, consideró, es a largo plazo.
