Las autodefensas registran sus armas, pero su origen aún genera dudas

Una declaración del procurador General de la República, hecha el pasado 30 de enero, reactivó interrogantes sobre el origen de las armas de los grupos de autodefensa michoacanos, con los que el gobierno federal firmó un acuerdo para institucionalizar su labor como guardias rurales.

Habían pasado tres días desde que los líderes de las autodefensas acordaron con el gobierno federal integrarse a la vida institucional como fuerzas de defensa rural, bajo la supervisión del Ejército, cuando el procurador señaló que "dos detenidos", que se ostentaron como autodefensas de La Ruana, "confesaron" haber recibido armas del cártel Jalisco Nueva Generación, rival de Los Caballeros Templarios.

“Esas son las evidencias que tengo claras”, dijo Jesús Murillo Karam el 30 de enero .

Horas después, la dependencia a su cargo aclaró que el procurador se refería solo a dos casos específicos, además de que hasta ahora no ha habido una sentencia de un juez que ratifique su vínculo con el cártel de Jalisco.

Líderes de grupos de autodefensa han insistido en varias entrevistas en que las armas que usan —muchas de uso exclusivo del Ejército , como rifles AK-47 o lanzagranadas—, son las que “han recogido” después de enfrentar a supuestos miembros de los Templarios, o al controlar sus cuarteles, negando siempre que sean regalo de criminales. También han señalado que compraron sus “propias armitas” con los recursos que dejaron de pagar a criminales que los extorsionaban.

A la fecha, luego de una semana, se han registrado 136 armas largas y 175 cortas, según informes de la Secretaría de Gobernación.

Uno de los líderes de los templarios, Servando Gómez Martínez, conocido como La Tuta, ha señalado al cártel Jalisco Nueva Generación como responsable de armar en su contra a los grupos de autodefensa , cuyos líderes han rechazado esa acusación.

“Puede ser que algunas autodefensas, el año pasado, viendo cómo estaba la situación, a río revuelto hayan recibido algunas armas de algún cártel. El procurador solo dijo que habían sido dos personas capturadas hace un año, entonces no es una evidencia tan contundente”, consideró el investigador Raúl Benítez, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Recordemos que las autodefensas son grupos que ahora están algo unificados, pero que el año pasado estaban algo dispersos. Entonces, lo que hicieron dos autodefensas o por  lo que pudo hacer alguna autodefensa de un pueblo, de recibir armas o dinero del cártel de Jalisco, no quiere decir que todas las autodefensas estén en esas condiciones”, agregó.

El mismo día de las declaraciones de Murillo Karam, el comisionado encargado de la coordinación del operativo federal en Michoacán, Alfredo Castillo, dijo que, en su momento, habría que "poder platicar cuál es esta información y esta evidencia, sobre todo para la toma de medidas preventivas que nos puedan ayudar en estas tareas”.

Ante la duda, el registro

Ante la suspicacia sobre el origen del armamento, Castillo dijo el viernes que es prioritario que las autodefensas completen el registro de armas ante autoridades, uno de los ocho puntos del acuerdo firmado con el gobierno federal, para que haya un control efectivo del armamento.

Según Estanislao Beltrán, uno de los voceros de autodefensas, cada persona puede acreditar un máximo de dos armas , una corta y una larga, y sus datos quedan integrados en un expediente del Ejército.

Hasta este 2 de febrero, 221 personas han solicitado su registro como guardias rurales y otros 30 están en proceso. De 251 exámenes médicos para calificar la aptitud para ser policía, 17 fueron descartados por no contar “con buena condición física o tienen algún problema médico”, según la Secretaría de Gobernación.

Líderes de las autodefensas también han dicho que accederán a entregar a las autoridades sus armas de más alto poder —como el fusil de alta potencia BarretQ—, para recibir a cambio unas más adecuadas.

Pero no todos están de acuerdo. Juan Manuel Mireles, uno de los líderes de las autodefensas que convalece tras un accidente aéreo, dijo al diario El País que las autodefensas seguirán armadas y realizando patrullajes, además de que calificó como un “teatro” este acuerdo con el gobierno federal.

“Es una burla de mis propios compañeros hacia el gobierno federal, ir a registrar una pistolita que no usan en las autodefensas. Están burlándose unos de otros. No hay algo realmente formal, todo es teatro. Imagínate, yo tengo todas mis armas registradas, pero son de cacería, deportivas”, dijo Mireles en la entrevista publicada este martes.

Beltrán, por su parte, en un principio dijo que no aceptarían deponer las armas hasta que los principales líderes de Los Caballeros Templarios sean detenidos. Sin embargo, posteriormente  celebró el registro de las armas que, dice, han obtenido las autodefensas de su combate a los delincuentes.

Desde el punto de vista de Pablo Monsalvo, académico del diplomado en Seguridad Pública de la Universidad Iberoamericana, más allá de definir el origen de las armas y de lo que pueda establecer el acuerdo al que se llegó con autodefensas, las autoridades deben hacer cumplir la ley sobre su uso.

“La calificación de armas, de decir si son de los templarios o de otro origen es ilógica, suena irracional. Porque la autoridad competente no puede partir de suposiciones, sino de la ley. Y la ley tiene autorizado cierto tipo de calibre o cierto tipo de armas para los que están autorizados como particulares”, comentó.

“No se puede registrar, por parte del Estado, a personas que están utilizando armas fuera de la ley con la justificación de que son autodefensas”, agregó.

¿Armados con “autoridad moral”?

Los grupos de autodefensa surgieron a principios de 2013 en las localidades de Tepalcatepec y La Ruana, en la zona de Tierra Caliente. Luego se sumaron grupos de municipios como Aguililla, Buenavista Tomatlán y Chinicuila en un grupo coordinado por Juan Manuel Mireles, Hipólito Mora y Estaislao Beltrán.

Avanzaron hacia el centro del estado, en los municipios vecinos de Apatzingán, la ciudad más grande de la región Tierra Caliente y uno de los principales objetivos de las autodefensas por su importancia para los templarios.

En el inicio del operativo federal en Michoacán, los militares trataron de implementar un desarme de autodefensas en la comunidad de Antúnez , pero hubo un enfrentamiento a tiros y murieron dos personas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició una investigación del caso, pero hasta el momento no cuenta con un resultado definitivo.

Desde entonces, las autoridades optaron por una vía negociada con los civiles armados en el acuerdo de ocho puntos que incluye la institucionalización de las autodefensas que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, considera que han ayudado a combatir a los criminales.

“Cuidamos (a Mireles) -cuando se accidentó- porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de los cárteles, particularmente a Los Templarios”, dijo Osorio Chong el 7 de enero en una entrevista radiofónica.

Benítez insistió en que las autodefensas están compuestas por muchos grupos, por lo que si alguno recibió armas de los criminales eso no implica a todos.

“Las autodefensas sí son grupos ilegales, pero no son grupos criminales. Hasta el momento no han hecho actos criminales, entonces eso les da una autoridad moral”, consideró.

“Es gente que se desesperó, que se organizó. Dan la cara, salen con sus nombres y apellidos sin taparse la cara. Tienen el control de la gente, hacen pactos con el gobierno. Respetan al Ejército”, agregó el académico.

Para el profesor Monsalvo, la solución federal de “institucionalizar” a las autodefensas no resuelve el problema de fondo. “Esto es solo una aspirina que quiere darle legitimidad al vacío de poder político y poder jurídico para resolverlo con ‘permisos’ y ‘alianzas’ con grupos que no tienen la legitimidad”, comentó.

Hasta el momento, el operativo del gobierno federal en Michoacán ha informado de la detención de uno de los presuntos líderes de los templarios, Dionicio Loya Plancarte , además de más de 100 personas por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Pero los líderes de las autodefensas como Beltrán o Mireles reclaman la detención de Servando Gómez, Enrique Plancarte y Nazario Moreno, este último declarado como “abatido” en 2010 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón.

En tanto, las autodefensas siguen completando el registro de sus armas ante las autoridades, sin que hasta el momento se haya confirmado una entrega de sus armas de más alto poder a los militares.