Unos 500 profesores de todo el país han sido cesados desde diciembre de 2013 por las inasistencias a sus escuelas en las que han incurrido, afirmó este viernes el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Emilio Chuayffet Chemor.
“Lo digo lamentándolo, porque la inmensa mayoría de los maestros, 500 representan un porcentaje ínfimo, es gente que trabaja, que resuelve su labor en el aula, que alienta con el conocimiento el impulso vital de nuestros alumnos”, dijo Chuayffet.
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tiene afiliados a más de un millón 200,000 profesores de educación básica a nivel nacional.
Muchos profesores más han sido advertidos sobre
“Las sanciones no son revocables. Y, en todo caso, es a través de una autoridad judicial como pueden revocarse”, dijo el funcionario federal que este viernes encabezó la presentación de un programa de foros de consulta para la revisión del modelo educativo de la Escuela Normal,
“Los maestros pueden ir a impugnar una decisión que creen les causa perjuicio sin estar fundada. Pero, evidentemente, la autoridad administrativa, una vez que pronuncia su decisión, no la va a revocar”, insistió el secretario de Educación federal.
Los promotores de las sanciones de despido fueron los gobiernos estatales, aseguró el titular de la SEP, quien agregó que este tipo de sanciones se aplican desde mayo de 1992 cuando se aprobó el Acuerdo de Modernización Educativa.
“El acuerdo le da a las autoridades educativas de cada estado, la administración y operación de la educación básica, preescolar y normal”, indicó antes de encabezar la presentación de los foros.
Sobre las manifestaciones de
“En ese caso está resolviendo su derecho a la protesta, pero conculcando el derecho de los niños a ser educado; es decir, nulificándolo. Eso no es permisible, y ahí hay sanción, y la sanción ya se está aplicando en el país”, sostuvo ante los reporteros que lo abordaron.
Los profesores que impugnan las leyes educativas, agrupados en su mayoría en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), afirman que las modificaciones a la Constitución implican restricciones a sus derechos laborales, y no mejoran el plan educativo nacional.
Desde septiembre a diciembre realizaron protestas masivas en la Ciudad de México, algunas donde hubo enfrentamientos con la policía, para exigir que el gobierno federal derogue los cambios constitucionales que aprobó la mayoría de legisladores en el Congreso.
El gobierno federal