La PGR 'palomea' en confianza a todos los altos mandos de seguridad

La dependencia federal dio a conocer que los altos funcionarios de las 31 procuradurías del país aprobaron los exámenes de control
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Los altos mandos de seguridad pública de las 31 entidades del país aprobaron las evaluaciones de control de confianza aplicadas entre 2011 y junio de 2013, informó la Procuraduría General de la República (PGR) en respuesta a una solicitud de información.

De los 105 servidores considerados como de alto mando, 101 obtuvieron el resultado aprobado, mientras que cuatro alcanzaron el resultado “recomendable”. Ninguno fue evaluado como "no recomendable".

Los servidores evaluados ocupan los cargos de procuradores generales de justicia, secretarios generales de gobierno, subprocuradores, así como directores generales de la policía ministerial, de la policía jurídica, de la policía investigadora y fiscales generales de estado.

Las cuatro personas con el resultado “recomendable” fueron funcionarios de Puebla  son Víctor Antonio Carranca Bourget, procurador general de justicia del estado; Gustavo Luis Huerta Yedra, en ese momento subprocurador de Procedimientos Regionales de Puebla y actual Fiscal General Regional.

Juan Zeferino Sánchez Zarza, subsecretario de Seguridad Pública de Puebla y Juan Luis Galán Ruiz, director de la policía ministerial de Puebla.

Entre los funcionarios que obtuvieron la calificación de “aprobado” están Miguel Ángel Contreras Nieto, procurador general del Estado de México; Arsenio Durán Becerra, procurador general de Querétaro; Felipe Amadeo Flores Espionosa, procurador de Veracruz.

Manuel de Jesus López López, procurador de Oaxaca y Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, procurador de Aguascalientes.

Sin embargo, el IFAI aprobó que los expedientes de queden reservados debido a que “su difusión implicaría revelar los reactivos o las preguntas aplicadas y, en consecuencia, se pudieran vulnerar los procesos de admisión o de permanencia del personal”, señaló en un comunicado difundido este martes.  

Las evaluaciones de control de confianza en México iniciaron durante el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012)  luego de que el gobierno federal admitiera que en el país es la falta de cuerpos policiales confiables.