La Corte discute los límites al uso del arraigo en los estados
La discusión sobre el uso del arraigo, una figura del sistema penal mexicano criticada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales de derechos humanos, llega este martes al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El máximo tribunal del país debatirá el tema a raíz de recursos legales que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y ciudadanos presentaron contra la aplicación del arraigo en los estados de Aguascalientes e Hidalgo.
El arraigo permite que, con una orden judicial, las procuradurías puedan mantener detenida a una persona sospechosa de cometer un delito mientras terminan de investigar su caso.
A nivel federal, solo puede usarse en casos de delincuencia organizada y tiene una duración máxima de 80 días, en tanto que a nivel estatal se emplea en delitos graves y su duración varía de un estado a otro.
Una figura impugnada
La Corte discutirá, por un lado, dos acciones de inconstitucionalidad de la CNDH contra las leyes penales de Aguascalientes e Hidalgo, porque considera que el tipo de arraigo que contemplan viola el derecho a la libertad personal, el tránsito y la presunción de inocencia.
Por otro lado, los ministros analizarán cuatro amparos de ciudadanos contra el uso del arraigo en Aguascalientes. En uno de ellos, el promovente se queja de la orden de arraigo dictada en su contra, y en otro, el arraigado dice que la procuraduría no permite que sus abogados entren al lugar donde está detenido.
El abogado Javier Cruz Angulo, director de la Clínica de Interés Público del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), señaló que la resolución de la Corte sobre los amparos a discusión solo tendrá efectos sobre los afectados. En cambio, el fallo que emita sobre las acciones de inconstitucionalidad puede impactar a la forma en la que usa el arraigo en todas las entidades y fijarle límites.
"El debate va a ser muy relevante porque va a orientar todos los criterios sobre arraigo. Va a tener un impacto sobre todas las legislaciones del país", dijo.
Los escenarios en la Corte
En Aguascalientes, la ley penal señala que la procuraduría podrá solicitar el arraigo de una persona hasta por 40 días y que el juez tendrá un máximo de 12 horas para decidir si lo concede o no. En Hidalgo, el arraigo podrá ser hasta de 15 días y deberá ser concedido en un plazo no mayor a 24 horas.
José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que esas normas afectan los derechos de las personas porque no se apegan a la reforma penal de 2008, que estableció que el arraigo a nivel local solo podrá ser de tipo domiciliario.
Para Cruz Angulo, la discusión del tema en la Corte tiene tres posibles escenarios.
El primero de ellos es que los ministros declaren que las leyes impugnadas son constitucionales, con lo que se mantendrían vigentes sin ningún cambio. El segundo es que las consideren inconstitucionales, con lo que dejarían de tener vigencia. Y el tercero consiste en que las declaren constitucionales pero, al mismo tiempo, fijen límites al uso del arraigo.
En este último caso, según Cruz Angulo, la resolución de la Corte no sería vinculante —no obligaría a otros estados a modificar sus leyes en la materia—, pero sí les marcaría el camino a seguir para eventuales reformas o para que procuradurías y jueces apliquen el arraigo.
"¿Qué sería lo deseable? Que la Corte hiciera su labor de tribunal constitucional de derechos humanos, y a las legislaturas locales les establezca límites en la aplicación, en la manera de legislar la figura del arraigo, y en las procuradurías también les establezca restricciones para que no se pueda arraigar salvo por las condiciones previstas (en la reforma penal)", dijo Guevara.
Los llamados a México
En reiteradas ocasiones, la ONU y otros organismos y asociaciones internacionales han llamado a México a eliminar el arraigo de su legislación, porque lo consideran violatorio de los derechos humanos y creen que fomenta otras prácticas como la tortura de los arraigados.
Algunas autoridades mexicanas han defendido el uso del arraigo argumentando que es una figura necesaria para combatir a la delincuencia, aunque dentro del propio Congreso hay iniciativas que buscan limitar más su duración o incluso abolirlo.
Para algunos activistas, la discusión que iniciará este martes en la Corte favorecería el camino para su futura eliminación.
"Con ese efecto político de que la Suprema Corte declare que el arraigo es inconstitucional, básicamente no habría ninguna excusa para intentar mantenerlo y sería necesario que los legisladores y las legisladoras se pongan a la tarea", dijo Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional (AI).