Los capos mexicanos se declaran culpables en EU para reducir sus condenas

Seis de ocho líderes del narcotráfico mexicano extraditados a Estados Unidos desde 2007 han logrado reducir sus condenas luego de entablar acuerdos con fiscales de ese país, en los que aceptaron declararse culpables y en algunos casos dar información, a cambio de penas menos severas de las que podrían haber enfrentado.

Ese tipo de arreglos es común entre autoridades estadounidenses y criminales mexicanos, pues los delincuentes buscan reducir lo más posible su tiempo en la cárcel y para conseguirlo ofrecen cooperar con otras investigaciones, señaló la investigadora Sylvia Longmire, exagente especial de la Fuerza Aérea y consultora en seguridad.

"Tienen una gran cantidad de información de inteligencia que pueden proveer a agencias como la DEA (agencia antidrogas) y saben que eso es algo valioso que pueden ofrecer, pero el público con frecuencia no tiene acceso a los términos de estos acuerdos", dijo Longmire, autora del libro Cartel: The Coming Invasion of Mexico's Drug Wars (El cártel: la inminente invasión de las guerras de drogas de México), publicado por la editorial Palgrave Macmillan en 2011.

En esto coincidió John Bailey, profesor emérito de la Universidad Georgetown: "En Estados Unidos, lo común es que si te arrestan y eres alguien que está muy inmiscuido (en la delincuencia), pondrán una docena de cargos en tu contra y después negociarán la forma de retirar la mayoría de ellos si cooperas en la investigación".

El caso más reciente es el de Eduardo Arellano Félix, el Doctor, uno de los jefes del cártel de Tijuana, quien fue extraditado en 2012 y señalado como responsable de las finanzas de la organización criminal. En Estados Unidos, Arellano Félix fue sentenciado en agosto de 2013  a 15 años de prisión  por lavado de dinero.

Al llegar a Estados Unidos, además enfrentaba cargos por crimen organizado y por conspiración para importar y distribuir cocaína y marihuana. Por todo ello, encaraba una pena de hasta 140 años en la cárcel, según la acusación presentada por la fiscalía y dada a conocer por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, llegó a un acuerdo y, para reducir la condena, aceptó ser culpable de obtener recursos con operaciones ilícitas y la confiscación de 50 millones de dólares de sus ganancias,  informó entonces la FBI . 

Benjamín Arellano Félix, su hermano mayor, también consiguió un arreglo. El principal líder del cártel de Tijuana fue extraditado en 2011 y un año después reconoció su culpabilidad en las acusaciones de crimen organizado y lavado de dinero. A cambio, la fiscalía accedió a buscar una condena máxima de 25 años de prisión  y planteó confiscar 100 millones de dólares de sus bienes, según confirmó su abogado a CNN en enero de 2012.

El capo enfrentaba una pena máxima de cadena perpetua, según la acusación original. Para evitarla, Arellano Félix también aceptó cooperar con autoridades de Estados Unidos en otras investigaciones, reportó entonces el semanario mexicano Proceso citando el acuerdo firmado.

CNNMéxico no pudo corroborar esa información de forma independiente. Al respecto, un vocero del Departamento de Justicia estadounidense indicó que los términos de cada arreglo pueden variar y que las leyes del país permiten a los tribunales mantenerlos en secreto.

Los capos enviados a EU

Dos de los primeros capos extraditados a Estados Unidos fueron Osiel Cárdenas Guillén, líder del cártel del Golfo, y Héctor el Güero Palma, del cártel de Sinaloa. A ambos se les extraditó en 2007, durante el primer año de gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), quien hizo del combate al narcotráfico una de las prioridades de su administración.

Cárdenas Guillén enfrentaba una posible pena de cadena perpetua, pero después del acuerdo al que llegó con la fiscalía, según la FBI ,  fue condenado a 25 años de prisión  y la confiscación de 50 millones de dólares de sus ganancias.

Considerado uno de los narcotraficantes más violentos de México, Cárdenas Guillén no sólo aceptó declararse culpable, sino cooperar en otras investigaciones con el gobierno de Estados Unidos, según reportó el diario estadounidense The New York Times en febrero de 2010, citando la transcripción de la última audiencia del caso, que se realizó a puerta cerrada.

Palma, que también enfrentaba una condena de cadena perpetua, según la acusación original, se declaró culpable en 2008 y fue sentenciado a 16 años de prisión. Apeló ser recluido en el penal de máxima seguridad de Florence, Colorado, argumentando que la decisión de enviarlo a ese lugar fue "arbitraria", pero la corte rechazó su petición.

Los otros dos capos extraditados que han alcanzado la reducción de sentencia son Miguel Caro Quintero y Mario Villanueva.

Caro Quintero fue extraditado en 2009 y sentenciado en 2010. Aunque enfrentaba una pena máxima de 25 años de prisión, logró que se redujera a 17 aceptando que fue uno de los líderes del cártel de Sonora junto con su hermano Rafael, actualmente prófugo, según la FBI .

A Villanueva se le extraditó en 2010 acusado de lavado de dinero y narcotráfico, cargos por los que enfrentaba una posible cadena perpetua, informó entonces la FBI en un comunicado . Sin embargo, según la misma dependencia, el arreglo al que llegó con la fiscalía permitió que la sentencia dictada en 2013 bajara a 11 años de prisión.

Villanueva fue gobernador del estado de Quintana Roo de 1993 a 1999. Desde ese cargo, brindó apoyo para que el cártel de Juárez, que encabezaba Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos, introdujera cientos de kilos de cocaína a México para envarlos a Estados Unidos, según la Procuraduría General de la República (PGR).

El fiscal que condujo el caso en su contra, Preet Bharara, del Distrito Sur de Nueva York, lo describió en 2012 como "el funcionario público más corrupto que ha sido obligado a responder" ante los tribunales.

Tras el cártel de Sinaloa

El gobierno de Estados Unidos anunció el domingo pasado que solicitará la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán, líder del cártel de Sinaloa detenido por las autoridades mexicanas y uno de los narcotraficantes más buscados del mundo.

Autoridades mexicanas han dicho al respecto que buscarán que el Chapo sea procesado en México antes de una posible extradición.

El capo, que escapó de prisión en 2001,  busca frenar mediante un amparo  un eventual juicio para ser enviado a Estados Unidos, un proceso que puede durar alrededor de un año, dijo el investigador José Antonio Caballero, de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Longmire señaló que los narcotraficantes mexicanos tratan de evitar ser extraditados porque en las prisiones de Estados Unidos enfrentan condiciones más duras de las que viven en cárceles mexicanas. Cuando no logran frenar su extradición, tienen más incentivos para negociar un arreglo, agregó.

"Los narcotraficantes de alto nivel con frecuencia son ubicados en confinamiento, bajo los más elevados niveles de vigilancia. Simplemente, no hay forma de escapar una prisión de máxima seguridad", dijo.

Al respecto, Bailey consideró poco probable que el gobierno de México vaya a extraditar a el Chapo, argumentando que el presidente Enrique Peña Nieto puede aprovechar la situación para demostrar que las autoridades son capaces de enjuiciar a los narcotraficantes.

"Esta es la oportunidad para que el gobierno mexicano muestre que sus instituciones funcionan, que pueden procesar a este hombre, obtener una sentencia y hacerlo cumplirla sin que se escape de nuevo", dijo.

Otros miembros del cártel de Sinaloa extraditados desde 2007 son Jesús el Rey Zambada y Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo.

El Rey Zambada es hermano de Ismael el Mayo Zambada, considerado el segundo al mando en la organización criminal detrás de el Chapo Guzmán. Fue extraditado en 2012, en enero pasado se declaró culpable y espera sentencia.

Zambada Niebla, hijo de el Mayo Zambada, fue extraditado en 2010 y enfrenta una posible condena de cadena perpetua. Hasta ahora, es el único capo extraditado que se ha declarado inocente.

Serafín Zambada Ortiz, su medio hermano, también está detenido en Estados Unidos y rechazó los cargos en su contra. El hombre de 23 años, que tiene la ciudadanía estadounidense, no fue extraditado sino arrestado en Arizona, y encara una pena máxima de 10 años de prisión.

De 1988 a 2012, México extraditó a cuando menos 909 personas. El mayor número de extradiciones se dio en la presidencia de Calderón, cuando 579 personas —64% del total— fueron enviadas a enfrentar juicios en otros países, según  el informe de labores de la Cancillería mexicana correspondiente a 2012 .

En 2013, el primer año de la presidencia de Peña Nieto, México recibió 103 solicitudes de extradición, según datos de la Cancillería relativos a ese periodo. Sin embargo, la dependencia no aclara cuántas de ellas fueron condedidas.