Peña propone alternativas para solucionar conflictos penales
Las víctimas y los presuntos responsables de cometer un delito del ámbito penal tendrán la opción de llegar a acuerdos reparatorios en lugar de irse a juicio, según una iniciativa de ley que el presidente Enrique Peña Nieto envió este jueves al Senado mexicano.
La propuesta plantea que cuando ocurra un delito, federal o local, la víctima o el imputado puedan solicitar al Ministerio Público correspondiente —las procuradurías— que el asunto no se resuelva en los juzgados, sino a través de mecanismos alternativos de solución de controversias.
"Los mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la posible comisión de un delito, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad", señala el documento .
En la iniciativa no se detalla en específico qué delitos del ámbito penal pueden considerarse para los mecanismos alternativos de solución de controversias, aunque el presidente dijo el martes que la legislación permitiría al Estado concentrarse en atender los delitos graves.
Otras ventajas, mencionó, son las de resolver los conflictos con mayor rapidez y que se ahorren recursos públicos.
La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal plantea que cuando la procuraduría reciba una denuncia, el agente del Ministerio Público deba informar a las partes que pueden solucionar la controversia mediante un acuerdo en lugar de ir ante un juzgado.
En caso de que víctima e imputado coincidan en tomar esa opción, el juez turnará el asunto a un órgano especializado en mecanismos alternativos de justicia.
De aprobarse la iniciativa, las procuradurías estarán obligadas a crear esas instancias, en las que trabajarán funcionarios conocidos como "facilitadores", quienes se encargarán de mediar entre las partes. Estos servidores públicos tendrán que estar certificados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, integrada por todos los procuradores del país.
Una vez que un facilitador reciba un asunto, determinará si el delito en cuestión puede repararse a través de acuerdos, y si es así, comenzarán las sesiones de negociación para que la víctima y el imputado lleguen a un acuerdo reparatorio.
Los órganos especializados, además, tendrán que contar con áreas dedicadas a seguir que los arreglos pactados se cumplan.
La iniciativa es una de las leyes secundarias de la reforma de justicia penal de 2008, con la que inició la transición del actual sistema inquisitorio (basado en expedientes) al nuevo sistema acusatorio (basado en juicios orales).
El documento enviado por el gobierno plantea que la ley entre en vigor a más tardar en junio de 2016, fecha límite para que la reforma penal esté en funcionamiento en todo el país.
