El PRD propone poner 'topes' a la propaganda gubernamental
Fijar límites al dinero que las dependencias de gobierno podrán gastar en propaganda, prohibir que los funcionarios difundan sus informes de labores y crear un órgano que investigue presuntas irregularidades en este rubro son los principales puntos de una iniciativa de ley que el opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD) presenta al Senado este martes.
La propuesta —que respaldan los 22 senadores perredistas— plantea que las instituciones públicas no puedan erogar más del 0.05% de su presupuesto anual en propaganda para dar a conocer sus actividades. La restricción abarca a dependencias de los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) , poderes Legislativo y Judicial y órganos autónomos.
El principal partido de izquierda argumenta que la medida es necesaria para evitar que el gasto público en ese rubro crezca sin control, como considera que ocurrió durante el mandato del panista Felipe Calderón (2006-2012).
"La Presidencia de la República gastó 6,479 millones de pesos en publicidad y promoción de imagen en 2010, esto es, casi el triple de lo autorizado por el Congreso por un monto de 1,600 millones, lo que fue excesivo e irregular", señala la iniciativa de Ley General de Propaganda Gubernamental, citando un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
La propuesta — publicada en la Gaceta del Senado — también plantea que la propaganda gubernamental sea estrictamente institucional, no personal ni partidista, y que los funcionarios tengan totalmente prohibido difundir sus informes de labores en medios electrónicos o impresos.
En 2007, con la reforma electoral de ese año, se prohibió que los servidores públicos difundieran propaganda personalizada, salvo una excepción en fechas próximas a sus informes de labores. Según la ley actual, pueden hacerlo siete días antes del informe y cinco días después, una posibilidad que el PRD busca eliminar.
"Los sujetos obligados no pueden adquirir, a título oneroso o gratuito, bajo ninguna modalidad de comunicación social, ni tolerar la transmisión de propaganda que tenga por finalidad difundir sus informes de labores o de gestión, o incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen por cualquier otro motivo la promoción personalizada de cualquier servidor público", señala la iniciativa.
El otro punto clave de la propuesta consiste en crear una Comisión de Propaganda Gubernamental, que se encargaría de vigilar el cumplimiento de la ley e investigar presuntas violaciones en un plazo no mayor a siete días a partir de que reciba una denuncia.
De aprobarse la iniciativa, la comisión formaría parte del nuevo órgano nacional de combate a la corrupción. La creación de este organismo autónomo del gobierno federal ya fue aprobada por el Senado en diciembre pero aún necesita el aval de la Cámara de Diputados y de las legislaturas locales.
Con la propuesta del PRD, además, se obligaría a las instituciones públicas a diseñar programas anuales de propaganda, que contengan líneas generales, objetivos, estrategias y proyecciones de costos.
La regulación de la propaganda gubernamental es uno de los temas que el Congreso tendrá que discutir en este periodo de sesiones para regular la reforma político-electoral promulgada en febrero pasado. La legislación debía haberse aprobado luego de la reforma electoral de 2007, pero su discusión quedó pendiente en las cámaras.
En 2012, siendo mandatario electo, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que una de sus primeras propuestas sería la creación de un órgano que vigilara los contratos de publicidad entre gobiernos y medios. Sin embargo, a la fecha no ha dado a conocer esa iniciativa.
Durante las elecciones presidenciales de ese año, Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue acusado por sus rivales de gastar millones de pesos en propaganda en medios electrónicos, señalamientos que rechazaron tanto el entonces candidato como su equipo de campaña.
