Los abogados de Alberto Patisthán denuncian amenazas y hostigamientos

Llamadas intimidatorias, una amenaza y un allanamiento a una vivienda han sido los ataques que el abogado y defensor de derechos humanos Leonel Rivero y su hijo Sandino supuestamente han recibido desde principios de 2013, situación que puso en alerta a la organización Amnistía Internacional.

Entre los casos que ambos abogados han defendido a través de la asociación civil Defensa Estratégica de Derechos Humanos está  el caso del profesor indígena Alberto Patishtán , indultado por orden presidencial tras una condena por asesinato; así como el caso de  los guardias comunitarios de Aquila , Michoacán, que han estado encarcelados desde agosto de 2013.

Este martes, Amnistía publicó una nota en la que pide a las autoridades mexicanas la protección de Leonel Rivero y su hijo ante los “acosos y amenazas como consecuencia de su labor” desde hace más de un año.

“Amnistía Internacional pide al gobierno mexicano que lleve a cabo una investigación exhaustiva, inmediata e imparcial sobre las amenazas y la irrupción en el domicilio de Leonel Rivero”, un allanamiento sin robo de pertenencias ocurrido el pasado 10 de marzo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

Rivero dijo a CNNMéxico este martes que desde enero de 2013 tanto él como su hijo comenzaron a recibir mensajes de voz en sus celulares durante la madrugada, por lo cual sospecharon que alguien tenía el poder de intervenir sus llamadas y grabar conversaciones presenciales.

“En la madrugada recibíamos mensajes de voz, en nuestro teléfono celular, en los cuales se reproducían llamadas telefónicas que habíamos tenido con algunos de nuestros clientes o sus familiares, de los asuntos más sensibles”, recordó el abogado.

“Nos pasaban todos los días tres o cuatro llamadas en las madrugadas”, explicó el abogado. Pero el pasado 17 de enero, el hostigamiento se elevó a una amenaza directa vía telefónica en la que alguien le dejó un mensaje intimidatorio.

“Mira, no me estés chingando la madre, porque te estoy hablando bien, verdad, porque yo soy, yo soy, no te voy a decir quién soy, verdad, pero soy algo”, fue el mensaje que le hicieron llegar.

Aunque los abogados guardaban los mensajes de voz en el buzón de sus móviles en la compañía Telcel, éstos quedaban eliminados momentos después, por lo que Leonel Rivero cree que quien realiza las amenazas tiene el acceso a tecnología “muy sofisticada”.

“Solicitamos a Telcel sobre si era una falla técnica, pero incluso no somos los únicos que presentan ese tipo de situaciones. Hay varios defensores de derechos humanos que les sucede exactamente lo mismo. Les llegan en la madrugada las conversaciones, pero algunos no lo han hecho público”, explicó Rivero.

A principios de marzo, otro incidente fue la irrupción de hombres con cámaras y grabadoras a un salón de un hotel en Colima que el abogado contrató para tener una reunión con los familiares de los detenidos de Aquila. Por la fuerza ingresaron y tomaron fotografías, contó. 

“No podemos descartar ninguna hipótesis, pero consideramos que esta situación obstaculiza nuestro trabajo. La secrecía abogado/cliente desaparece, porque evidentemente no se puede tratar nada por teléfono que pueda poner en riesgo un caso, incluso ni de manera personal”, dijo Rivero a CNNMéxico.

Desde hace un año, ambos abogados cuentan con escoltas que fueron asignados por la Procuraduría General de la República a través del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos, una ley de resguardo a activistas en riesgo .

Sin embargo, hasta ahora Leonel Rivero afirma que no cuenta con elementos suficientes como para determinar quién está detrás de las intimidaciones.

“No podría señalar si hay algún interés gubernamental o no gubernamental, la cuestión tiene que ver con el tipo de intercepción de llamadas telefónicas requiere de un alto nivel de tecnología. Y ese nivel no lo posee cualquiera”, explicó. 

En un reporte de noviembre de 2013, Amnistía Internacional señaló que aunque existe una ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos, el gobierno no ha dotado a una fiscalía especializada de los recursos necesarios para su operación.

"El mecanismo sufre escasez de personal formado y cualificado, y el compromiso de todos los gobiernos estatales respecto a cumplir las medidas de protección sigue sin estar claro", dice el reporte del Examen Periódico Universal sobre agresiones.

"La investigación de los ataques y amenazas contra defensores y defensoras de los derechos humanos y periodistas sigue siendo muy deficiente, y pocos de sus responsables llegan a rendir cuentas", añade.