El PRD da el primer paso para poner reglas a la reforma política
A 43 días de que venza el plazo para que el Congreso reglamente la reforma político-electoral, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) se convirtió en la primera fuerza política en proponer iniciativas de las leyes secundarias indispensables para que funcionen los cambios a la Constitución, promulgados en febrero pasado.
Tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, las bancadas del principal partido de la izquierda presentaron cinco propuestas de ley: una sobre Instituciones y Procedimientos Electorales, una de Asociaciones Políticas, una sobre Medios de Impugnación en Materia Electoral, una en Materia de Delitos Electorales y una sobre Propaganda Gubernamental.
La primera iniciativa establece, entre otros puntos, en qué casos el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) podrá atraer una elección local. La reforma político-electoral marca que el INE sustituya al actual Instituto Federal Electoral (IFE) y tenga facultades no sólo para organizar comicios federales, sino también en estados y municipios.
El INE, según la propuesta del PRD, podrá hacerse cargo de un proceso estatal o municipal cuando el órgano electoral de la entidad así lo solicite, cuando éste se encuentre incompleto o cuando estén "en riesgo" los principios que deben regir una contienda, como la equidad.
Además, la iniciativa de Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales señala los requisitos que deberá cubrir un candidato independiente a presidente, senador o diputado. Entre ellos están recabar firmas de apoyo de al menos el 2% de los electores —alrededor de 1 millón 600,000 personas— y formar un comité que administre sus recursos y entregue al INE informes financieros.
La propuesta de Ley General de Asociaciones Políticas , por otra parte, establece reglas internas mínimas que deberán seguir los partidos políticos, como renovar periódicamente su dirigencia a más tardar cada seis años.
En cuanto a la iniciativa de Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral , se define el procedimiento para que partidos, candidatos o ciudadanos impugnen resoluciones de los institutos electorales o incluso los resultados de comicios.
La reforma político-electoral estableció que una elección podrá anularse cuando el aspirante rebase el tope de gastos de campaña, adquiera tiempo en medios electrónicos o utilice recursos de procedencia ilícita.
En su propuesta, el PRD busca incluir otras causales de nulidad: la intervención de gobiernos en la contienda, el uso de encuestas como propaganda, el apoyo de sindicatos a candidatos o el respaldo de partidos a aspirantes independientes.
La iniciativa de Ley General en Materia de Delitos Electorales define una lista de 35 conductas que serán consideradas delito, como crear estructuras de financiamiento paralelo para favorecer a un candidato, condicionar un servicio público al voto a favor de una persona o impedir la instalación de una casilla.
Además, se plantean las penas para quienes cometan esos actos, que van de seis meses a tres años de prisión e incrementan si el responsable es servidor público, funcionario electoral o dirigente partidista.
La propuesta de Ley General de Propaganda Gubernamental, por último, establece límites a los recursos que los tres niveles de gobierno podrán destinar a promover sus acciones en medios, y el PRD ya la había hecho pública a principios de este mes .
Los documentos fueron turnados a comisiones, a las que se prevé que pronto lleguen las iniciativas del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del opositor Partido Acción Nacional (PAN).
El Congreso tiene hasta el 30 de abril para aprobar las leyes secundarias de la reforma político-electoral. De lo contrario, según consejeros del IFE, se pondrá en riesgo el proceso electoral 2015, en el que se renovará la Cámara de Diputados y el cual debe arrancar en octubre.