El rastreo de celulares, una herramienta "insuficiente" contra el delito
Durante los primeros nueve meses en que se aplicó la llamada ley de geolocalización, la Procuraduría General de la República (PGR) en promedio rastreó al día dos teléfonos celulares ligados a delitos, sin que esa medida se reflejara en una disminución de los crímenes en los que se enfoca esa legislación, indican cifras oficiales.
Entre el 18 de abril de 2013 —cuando la legislación entró en vigor— y el 29 de enero pasado, la PGR pidió a compañías telefónicas que ubicaran en tiempo real 546 aparatos, según datos que la institución entregó a CNNMéxico en respuesta a una solicitud de información.
Los celulares rastreados corresponden a las empresas Radio Móvil Dipsa (309), Movistar (103), Nextel (92) e Iusacell (42).
La PGR adquirió la facultad de pedir a las compañías telefónicas que rastreen un aparato, sin orden de un juez, luego de una reforma al Código Federal de Procedimientos Penales y a la Ley Federal de Telecomunicaciones promulgada en 2012 .
La reforma establece que la PGR sólo podrá recurrir a esta medida cuando un celular esté ligado a cinco tipos de delito: delincuencia organizada, delitos contra la salud (narcotráfico), secuestros, extorsiones y amenazas.
La ley generó polémica a principios de este año, cuando llegó al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que argumentaba que la norma es inconstitucional porque viola el derecho a la privacidad.
Por mayoría, los ministros del máximo tribunal resolvieron que la legislación es constitucional , aunque fijaron límites a su aplicación. Según el fallo, la PGR únicamente podrá recurrir a ella no sólo cuando se trate de los delitos señalados, sino en casos de "extrema urgencia", es decir, cuando esté en peligro la vida de una persona o el objeto del delito esté en riesgo de ser ocultado.
El reporte entregado por la PGR señala que la institución desconoce a qué delitos en específico estaban relacionados los aparatos rastreados y si su ubicación llevó a la detención de presuntos delincuentes, pues "no se lleva un control estadístico al nivel de detalle que se requiere".
Cifras oficiales, en tanto, muestran que durante el periodo en que comenzó a aplicarse la ley de geolocalización subieron los índices de al menos dos de los delitos que la norma debería ayudar a combatir: secuestros y extorisiones.
De abril de 2013 a enero de 2014, por ejemplo, se registraron 1,435 denuncias por secuestro, 20% más que en el mismo lapso del año anterior, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).
Los casos de extorsión denunciados en ese periodo fueron 6,900, un alza del 10%, mientras que las amenazas se situaron en 55,636, lo que representa una disminución de apenas 1.1%.
Para algunos analistas, las cifras reflejan que la ley de geolocalización no basta para reducir los índices delictivos.
"La geolocalización no es la que va a resolver el tema. Es una herramienta más pero por sí sola no te va a arrojar resultados del todo tangibles", dijo Vicente Fernández, académico del Departamento de Estudios Jurídicos y Sociales del Tecnológico de Monterrey.
CNNMéxico buscó voceros de la PGR para conocer la postura de la institución sobre los resultados de la ley. Sin embargo, no obtuvo respuesta.
Para Fernández, herramientas como éstas pueden ser útiles para combatir a la delincuencia, pero las autoridades necesitan no sólo instrumentos tecnológicos sino mayor capacitación que permita detener a presuntos delincuentes.
"Ahí entra el tema de la profesionalización de las áreas de investigación", dijo.
La activista Isabel Miranda de Wallace, fundadora de la asociación Alto al Secuestro, coincidió en que la ley representa una herramienta útil para combatir a la delincuencia, pero por sí sola no basta sino que debe formar parte de una estrategia de seguridad amplia.
"Para nosotros es una herramienta sumamente valiosa, porque aun cuando no entra todo el tiempo la policía o el Ministerio Público a rescatar a la víctima, sí les sirve para hacer un plan de evaluación, un plan de riesgo, si (los delincuentes) empiezan a mutilarla o hay amenaza de muerte. También, sobre todo, (sirve) para saber la ruta del delincuente", dijo.
En febrero, el Congreso aprobó un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales, que sustituirá al actual código federal y a los códigos locales, y en el que la PGR conserva la facultad de rastrear teléfonos celulares en tiempo real.
La nueva norma fue promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto el 4 de marzo pasado y entrará en vigor de forma gradual. A más tardar, debe estar vigente en junio de 2016, fecha límite para que la reforma al sistema de justicia penal de 2008 esté en funcionamiento en todo el país.