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La Suprema Corte desecha solicitud de perredistas sobre consulta popular

La Corte determinó que el trámite para realizarla no se detiene porque el Senado aprobó analizar las firmas presentadas por los perredistas
La Suprema Corte de Justicia de la Nación
La Suprema Corte de Justicia de la Nación La Suprema Corte de Justicia de la Nación

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó este jueves la solicitud de senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en la que solicitaban que la autoridad se pronunciara sobre la constitucionalidad de la consulta popular sobre la reforma energética.

Con ocho votos a favor y tres en contra, la SCJN desechó la solicitud, pues la mayoría de los ministros consideraron que sí existen fundamentos legales para realizar la Consulta.

Este jueves el Senado de la República emitió un acuerdo para darle trámite a la consulta popular planteada por los senadores perredistas,  horas antes de que la Suprema Corte resolviera el caso.

Los senadores aprobaron que el Instituto Nacional Electoral (INE) analice si las firmas presentadas por el PRD representan el 2% del padrón electoral, necesario para realizar la consulta, según se publicó en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara Alta.

El PRD presentó el 3 de diciembre cerca de 1.7 millones de firmas exigiendo someter a Consulta Popular los cambios en materia energética. Dos meses después, legisladores del partido de izquierda, quienes se oponen a la reforma energética  aprobada en 2013 , solicitaron la realización de una consulta.

La consulta popular es una figura legal incluida en la Constitución con la reforma política de 2012.

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Según la reforma, para que se pueda convocar a una consulta, debe solicitarlo el 2% del electorado y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debe declarar procedente el tema.

Este jueves los ministros dejaron abierta la posibilidad de que la discusión de la realización o no de la consulta sobre la reforma energética vuelva en un futuro al pleno de la Corte para determinar si procede.

La reforma energética, propuesta por el presidente Enrique Peña Nieto y a la que se opone la izquierda, abre a la inversión privada la explotación de hidrocarburos, incluido Petróleos Mexicanos (PEMEX).

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