A diputados y senadores 'se les juntan' 50 pendientes para un solo mes
A los legisladores mexicanos se les juntaron los pendientes.
Diputados y senadores inician este 1 de abril el último mes del periodo ordinario de sesiones, con la obligación legal de sacar adelante cambios a alrededor de 50 leyes secundarias y 18 nombramientos para organismos autónomos.
Entre esos asuntos están las modificaciones a 14 normas en materia de telecomunicaciones, cerca de 32 en materia de energía, seis en materia de política, y la elección de los 11 consejeros del nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) y de los siete comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI).
La discusión de esos temas deriva de la aprobación de cuatro reformas constitucionales que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto, quien había prometido que enviaría "a la brevedad" las iniciativas de leyes secundarias, pero hasta este mes empezó a presentar sus propuestas.
Esta cantidad de pendientes en el Congreso mexicano es prácticamente la misma con la que arrancó el periodo hace dos meses , el 1 de febrero, un avance lento que algunos analistas consideran común en la forma de trabajar del Poder Legislativo.
Para Alberto Olvera, académico de la Universidad Veracruzana (UV), los partidos deliberadamente dejan que los pendientes se acumulen en el cierre de periodo, como una estrategia para que las iniciativas se aprueben con rapidez en las últimas sesiones de las cámaras.
"Esta forma de actuar lo que busca es establecer el máximo nivel de presión posible a todos los actores políticos. Lo que se busca es que no se discuta demasiado el tema en lo público y al final se esté ante el hecho inminente de tomar una decisión", dijo.
Para Alberto Aziz, académico del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), la situación no necesariamente es provocada, sino que puede deberse a que los desacuerdos entre las bancadas retrasan las negociaciones.
En todo caso, ambos analistas coinciden en que dejar que los pendientes se acumulen al final del periodo implica riesgos, como que las nuevas leyes se aprueben sin suficiente análisis y entren en vigor con deficiencias, o que una decisión sea avalada sin el consenso de la mayoría, lo que le resta legitimidad.
Al respecto, Olvera citó como ejemplo la selección de consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) en 2003, aprobada por los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) y rechazada por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
La inconformidad del PRD con ese proceso, según Olvera, llevó a los perredistas a cuestionar el desempeño del IFE en las elecciones presidenciales de 2006, en las que lo acusaron de favorecer al entonces candidato del PAN, Felipe Calderón.
Para los analistas consultados, existe el riesgo de que esa situación se repita en la selección de los consejeros del INE y en la de comisionados del IFAI. La primera corresponde a la Cámara de Diputados, que prevé votar el tema el 8 de abril, y la segunda toca al Senado, que tiene como fecha límite los primeros días de mayo.
En ambos organismos autónomos deben nombrarse nuevos integrantes porque así lo establecieron, respectivamente, la reforma político-electoral y la reforma en materia de transparencia.
Para la reforma político-electoral, además, las dos cámaras tienen hasta el 30 de abril para ajustar seis leyes que regulen aspectos como las facultades del INE y cuándo podrá este nuevo organismo hacerse cargo de una elección local.
Los actuales consejeros del IFE —al que reemplazará el INE— han advertido que esos ajustes deben quedar listos lo antes posible, de manera que no se afecte la organización de los comicios de 2015, la cual debe arrancar este año.
En materia de telecomunicaciones, el presidente Peña Nieto, militante del PRI, envió su propuesta de legislación secundaria hace apenas una semana, el 24 de marzo, cuando la normatividad debía haber quedado aprobada en diciembre de 2013, plazo que había quedado establecido en la reforma constitucional.
El paquete legislativo incluye cambios a 11 normas actuales y la creación de tres más, una de Competencia Económica, una de Telecomunicaciones y Radiodifusión y una del Sistema Público de Radiodifusión, que han generado polémica entre las principales empresas del sector.
Además, el Congreso debe aprobar en abril las leyes secundarias de la reforma energética. Esta reforma es una de las principales apuestas del gobierno de Peña Nieto e implica abrir la industria petrolera y eléctrica al capital privado.
Sin embargo, aún se necesita que las cámaras definan las reglas que regularán los contratos con particulares y el Ejecutivo federal no ha presentado sus iniciativas en la materia.
Debido a lo abultado de la agenda, tanto los analistas como algunos legisladores prevén que gran parte de los asuntos pendientes tenga que resolverse en un periodo extraordinario de sesiones.
Miguel Barbosa, líder de los senadores del PRD, declaró el miércoles ante medios que es probable que este periodo se convoque en junio.
"Yo veo un periodo extraordinario y largo, largo a partir de junio, no en mayo porque en mayo los señores del PAN van a elegir presidente y nosotros en agosto. Por eso hay que hacer los extraordinarios en junio y julio", dijo.