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"En Michoacán la limpia será total, caiga quien caiga": Alfredo Castillo

Jesús Reyna, exsecretario de Gobierno, fue arraigado tras haber sido acusado de tener nexos con un grupo criminal que opera en Michoacán
lun 07 abril 2014 05:05 PM
El comisionado de seguridad Alfredo Castillo (centro) durante un encuentro con jóvenes en Morelia, Michoacán, el 3 de marzo
El comisionado de seguridad Alfredo Castillo (centro) durant El comisionado de seguridad Alfredo Castillo (centro) durante un encuentro con jóvenes en Morelia, Michoacán, el 3 de marzo

La limpia de funcionarios y personas que estén fuera de la ley en Michoacán será total y "caiga quien caiga", aseguró este lunes el comisionado para la seguridad y desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo.

En entrevista para Radio Fórmula, el funcionario federal se refirió al caso del arraigo del exgobernador interino y exsecretario de Gobierno michoacano,  Jesús Reyna, debido a sus "posibles contactos con organizaciones delictivas", según informó el sábado la Procuraduría General de la República (PGR).

"Este caso implica unir diferentes pruebas y testimonios para ver qué tipo de acusación se puede sostener ante un juez; cuando llegué al estado escuché muchas acusaciones contra varias personas, entre ellas Jesús Reyna", dijo Castillo.

El funcionario destacó que la PGR es la dependencia federal que podría dar detalles en cuanto a los presuntos nexos de Jesús Reyna con Los Caballeros Templarios.

Jesús Murillo Karam, procurador general de la república, aseguró que los órganos de seguridad que trabajan en Michoacán encontraron varias evidencias de que Reyna tuvo reuniones con líderes de organizaciones criminales que operan en el estado.

"Tenemos ya elementos para pensar que hubo contactos con este tipo de organizaciones que nos obliga a profundizar, y para ello y dado el tamaño de los personajes, es que solicitamos el arraigo.

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"Encontramos muchas evidencias, no es el único caso; podemos tener la certeza de reuniones de esta persona, estamos hablando de Reyna, con líderes, diría yo que hasta con el líder más importante de las organizaciones que operan ahí", dijo Murillo.

El procurador indicó que actuarán independientemente de quiénes sean las personas involucradas, de qué piensan, de qué partido son o que afiliación tienen.

“Nosotros lo que perseguimos son delitos y si tenemos evidencia de delitos actuamos. No es el único”, insistió.

Murillo Karam dijo que aún no se liberan más órdenes de localización y que las pesquisas están muy avanzadas, y precisó que lo que interesa “es detener a quien viole la ley; pero también hemos sido muy cuidadosos de verificar con precisión esa violación a la ley antes de consignar en cualquier caso”.

Reyna ha sido señalado por la senadora opositora del Partido Acción Nacional (PAN) Luisa María Calderón y por el líder de autodefensas, José Manuel Mireles, de tener vínculos con el cártel de Los Templarios, pero el funcionario descartó esto en noviembre del 2013, al asegurar que nunca había deshonrado un cargo como funcionario público.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo este sábado que las investigaciones a Reyna "llegarán hasta sus últimas consecuencias" y que "nadie está ajeno a que si ha tenido algo que ver con respecto a estos momentos difíciles de seguridad, tendrá que asumir sus propias consecuencias", según declaraciones recogidas por la agencia Notimex.

En cuanto al avance en materia de seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo resaltó que en las primeras 10 semanas de la comisión, existen avances sustanciales, de impacto a nivel gubernamental hasta de autodefensas, y a nivel organizaciones criminales.

"Ahora estamos pasando a la fase de institucionalizar y hacer la reestructura orgánica y funcional de las instituciones encargadas, que es la propia Secretaría de Seguridad y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán", consideró el funcionario federal.

Los grupos de autodefensa de Michoacán surgieron desde febrero de 2013 en municipios de Tierra Caliente, para responder a las acciones del crimen organizado, al que acusaban de cometer extorsiones y secuestros.

El gobierno federal mexicano acordó a finales de enero pasado integrarlos a la vida institucional, para que trabajaran en la lucha contra el crimen como Cuerpos de Defensa Rurales, después de que dieran sus datos y registraran su armamento.

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