El Congreso 'palomea' las reglas para las iniciativas ciudadanas
El Congreso mexicano terminó la reglamentación de la iniciativa ciudadana y de la iniciativa preferente, al dar el visto bueno definitivo a las reformas legales indispensables para que funcionen estas figuras jurídicas.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles los últimos cambios planteados por el Senado , con lo que la legislación fue enviada al presidente Enrique Peña Nieto para que la promulgue, informó el propio órgano legislativo en un comunicado.
Entre otros puntos, las reglas aprobadas establecen que una iniciativa ciudadana requerirá el respaldo de al menos el 0.13% del electorado para poder ser recibida por alguna de las cámaras del Congreso.
Ese porcentaje equivale a alrededor de 100,000 personas, cuyos datos tendrán que ser validados por el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) en un plazo de hasta 30 días.
Una vez que una iniciativa ciudadana sea aceptada, será turnada a comisiones y un representante de los promotores podrá acudir a las sesiones para participar en la dictaminación. Sin embargo, su opinión no será vinculante.
En cuanto a la iniciativa preferente, el principal punto aprobado fija los plazos para que ese tipo de propuestas sea discutido en el Congreso.
Las iniciativas preferentes son aquellas dos que el presidente puede enviar al Poder Legislativo al inicio de cada periodo ordinario de sesiones y que cada cámara está obligada a votar en breve.
Para las primeras revisiones, cada cámara tendrá 30 días, mientras que si deben hacer una segunda, tendrán 15 días.
Tanto la figura de la iniciativa ciudadana como la de la iniciativa preferente fueron incluidas en la Constitución con la reforma política de 2012, junto con otras como la consulta popular y las candidaturas independientes.
La reglamentación de todas ellas debía haberse aprobado en agosto de 2013, pero los legisladores incumplieron con esa obligación legal por falta de acuerdos.
Mientras las reglas de la consulta popular se aprobaron este año, las cámaras aún tienen pendientes las de las candudaturas independientes. En ellas tendrán que definir, por ejemplo, cómo podrán financiarse esos aspirantes, cuánto tiempo tendrán en medios electrónicos y de qué manera se les fiscalizará.