Texas alista la ejecución de un segundo mexicano en menos de tres meses
A pesar de las peticiones de México, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos, el gobierno de Texas, en Estados Unidos, se prepara para ejecutar este miércoles al mexicano Ramiro Hernández, condenado a muerte por el asesinato de un ciudadano estadounidense en 1997.
La ejecución de Hernández, de 44 años, está programada para las 18:00 horas (local), informó el lunes la oficina del fiscal estatal, luego de que una Corte de apelaciones diera a las autoridades locales el visto bueno para continuar con la sentencia.
El proceso penal había quedado suspendido el 2 de abril , a raíz de que una jueza requiriera más información sobre las sustancias químicas que conforman la inyección letal que se utilizará.
La resolución de la Corte de apelaciones despejó el camino para la ejecución de Hernández y llevó a que distintas voces se pronunciaran este martes para tratar de evitarla.
El subsecretario de América del Norte de la Cancillería mexicana, Sergio Alcocer, insistió en el llamado del gobierno de México a que se suspenda la sentencia, reportó la agencia Notimex.
En marzo, el canciller José Antonio Meade llevó el tema de los connacionales sentenciados ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al acusar a Estados Unidos de incumplir la resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el Caso Avena, que ordena a las autoridades estadounidenses revisar las sentencia de más de 50 mexicanos condenados a muerte sin haber tenido asistencia consular cuando fueron juzgados.
De concretarse la sentencia, Hernández será el cuarto mexicano del Caso Avena ejecutado desde 2004 y el segundo en menos de tres meses. Los otros son José Medellín (2008), Humberto Leal (2011) y Édgar Tamayo (en enero pasado) .
Otras instituciones que pidieron al gobernador Rick Perry que suspenda la ejecución son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la organización Amnistía Internacional (AI) y el Senado mexicano, donde este martes se aprobó un llamado al Congreso de Estados Unidos a que reforme las leyes del país y obligue a sus estados a acatar los tratados internacionales.
Hasta ahora, los gobiernos estatales se niegan a respetar el fallo del Caso Avena argumentando que no están obligados a cumplir los acuerdos firmados por la Casa Blanca, como el relativo a la asistencia consular.
Las autoridades mexicanas dicen que al pedir que se suspenda la ejecución de mexicanos no buscan que se les exima de sus crímenes, sino que tengan un proceso legal justo.
Las abogadas de Hernández, Naomi E. Terr y Sheri L. Johnson, declararon este martes en un comunicado que el mexicano fue juzgado con criterios "racistas" y que no se tomó en cuenta que el coeficiente intelectual del acusado indica que tiene retraso mental, lo que impediría legalmente que fuera ejecutado.
"Según el doctor (Richard) Coons, el funcionamiento del señor Hernández es apropiado para su 'grupo cultural' (mexicanos), quienes de acuerdo al doctor Coons: 'tienden a tener un nivel económico bajo, logros bajos, habilidad social disminuida, mayor abuso de drogas y aumento en el nivel de conducta criminal'", señala el texto.
"Basándose en la opinión del doctor Coons, las cortes decidieron que el señor Hernández no es una persona con retraso mental, y a raíz de esto, es elegible para ejecución", agrega.
Ante otras ejecuciones, sin embargo, el gobierno de Texas ha argumentado que actúa conforme a la ley y que quien comete un crimen en su territorio deben pagar por ello, independientemente de cuál sea su nacionalidad.
En el caso de Hernández, Texas lo acusa de haber asesinado a Glen Lich en 1997 y señala que antes apuñaló a un hombre en un bar de la localidad de Kerrville, abusó sexualmente de una niña de 15 años y fue sentenciado por asesinato en México, de donde huyó a territorio texano.
Además de Hernández, actualmente otros 60 mexicanos están condenados a muerte en Estados Unidos.