El Senado aprueba una reforma que limita el fuero militar
La reforma que limita el fuero militar en los casos en que miembros de las Fuerzas Armadas cometan delitos contra civiles quedó aprobada este jueves en el Senado mexicano, luego de ocho años de exigencias de organismos internacionales de derechos humanos y organizaciones civiles.
Los cambios al Código de Justicia Militar y otras cuatro normatividades establecen que los militares que cometan cualquier delito que afecte a ciudadanos deberán ser procesados por la justicia civil, no por tribunales castrenses, como ocurre actualmente.
Esta modificación era una demanda de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) a raíz de su fallo en el caso de Rosendo Radilla.
En 2009, la CoIDH ordenó al Estado mexicano ajustar sus leyes para garantizar que los integrantes de las Fuerzas Armadas que delincan contra la ciudadanía sean juzgados, tras resolver que soldados fueron responsables de la desaparición de Radilla en 1974.
Al fallo del caso Radilla se han sumado otros de ciudadanos afectados por militares. Hasta ahora, la CoIDH ha emitido otras tres sentencias relacionadas con este tema: las de Inés Fernández y Valentina Rosendo en 2010, y la que incluye a Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera en 2011.
Según organizaciones civiles, el número de afectaciones contra civiles ha crecido desde 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón recurrió al Ejército y la Marina para combatir a la delincuencia.
La reforma de este jueves quedó aprobada por unanimidad —106 votos— y fue enviada a la Cámara de Diputados para que sea revisada.
Durante la sesión del Senado, legisladores de todos los partidos destacaron que lograron llegar a acuerdos e incluso escuchar a representantes de las Fuerzas Armadas.
El senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia, dijo que hubo un "diálogo responsable y democrático" con los militares; en tanto Arely Gómez, secretaria de la misma comisión, reconoció que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mostró disposición a aceptar la reforma.
Alejandro Encinas, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Segunda, señaló en su turno que la modificación es un avance, pero llamó a que las Fuerzas Armadas dejen de realizar tareas de seguridad pública.
"Faltan otros pasos que dar, y el más importante es lograr que el Ejército y la Armada de México dejen de cumplir funciones policiales que corresponden a la autoridad pública, al poder civil", dijo.
En el mismo sentido, la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, señaló que aún están pendientes reformas para endurecer el castigo a militares en casos de tortura o desaparición forzada.
Además del Código de Justicia Militar, la reforma modifica el Código Penal Federal, el Código Federal de Procedimientos Penales, la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal y la ley sobre readaptación social de sentenciados.
Durante la administración del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), activistas señalaron que esa estrategia de seguridad fomentaba las violaciones a los derechos humanos porque los militares no están entrenados para estar en constante contacto con civiles.
El actual mandatario, el priista Enrique Peña Nieto, ha mantenido al Ejército y a la Marina en tareas de seguridad pública.
En 2011, el Congreso mexicano aprobó una reforma constitucional en derechos humanos que limitó el fuero militar, al obligar a las leyes mexicanas a adecuarse con lo que señalan los tratados internacionales en la materia firmados por México.
Sin embargo, la reglamentación de la reforma ha estado pendiente desde entonces y todavía necesita el aval de ambas cámaras legislativas.