Los 8 puntos "fundamentales" que atoran las leyes de la reforma política
Los casos en los que el nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) podrá atraer una elección local, cómo se financiarán los gastos de campaña de partidos y candidatos y de qué manera se les fiscalizará son algunos de los puntos que mantienen trabada la discusión de las leyes secundarias de la reforma político-electoral.
En conjunto, los partidos de oposición Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) tienen 40 observaciones al anteproyecto de dictamen que impulsa el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De ellas, ocho son consideradas puntos "fundamentales" en la negociación que las principales fuerzas políticas y el gobierno federal llevan a cabo en el Senado. Aquí te explicamos cada uno de ellos.
1. Los 'poderes' del INE
Uno de los aspectos fundamentales de la reforma constitucional en materia político-electoral promulgada en febrero pasado fue la creación del INE sobre la base del extinto Instituto Federal Electoral (IFE).
A finales de 2013, los principales partidos acordaron que el INE no sólo tenga facultades para organizar elecciones federales, como las tenía el IFE, sino que en algunos casos pueda atraer la organización y realización de comicios en estados y municipios.
Cuándo podría hacerlo debe definirse en las leyes secundarias, pero éste es un tema que confronta a las fuerzas políticas.
La propuesta del PRI plantea que el INE pueda atraer una elección local a petición de al menos cuatro de sus 11 consejeros o de la mayoría de los consejeros de un órgano electoral estatal, siempre y cuando se presente alguna de estas condiciones: 1) que existan "diversos factores sociales" que amenacen la paz pública o pongan en riesgo a la sociedad o 2) que no haya "condiciones políticas idóneas" debido a la injerencia de alguna autoridad de la entidad en la contienda.
El senador panista Roberto Gil Zuarth dijo el sábado pasado que esto equivaldría a tener un INE "débil", con poca capacidad de incidir en los comicios en estados y municipios.
Para el PRD, sin embargo, dotar al INE de mayores facultades de atracción sería restar autonomía a lo órganos locales.
2. Financiamiento
Otro punto clave en el debate es cómo se financiarán los partidos y sus candidatos.
El senador perredista Alejandro Encinas dijo este lunes que su bancada busca que el financiamiento únicamente sea público o con base en aportaciones de militantes. Según la izquierda, esto permitiría tener un mayor control en los recursos de las fuerzas políticas.
Por el contrario, el PRI y el PAN están a favor de un esquema similar al actual, en el que partidos y candidatos se financien principalmente con dinero del erario pero que puedan también recibir donativos de particulares.
La ley vigente señala que las fuerzas políticas y sus aspirantes pueden recibir donaciones privadas –con ciertos límites–, siempre que no provengan del extranjero o sean de organismos internacionales, instituciones religiosas o empresas mexicanas de carácter mercantil.
3. Límites a la propaganda
Encinas informó este lunes que una de las demandas de la izquierda es prohibir el reparto de propaganda utilitaria en época de campañas.
La propaganda utilitaria son aquellos objetos de uso doméstico –delantales, utensilios de cocina, cubetas– a los que los partidos imprimen el nombre sus candidatos y distribuyen en mítines.
El PRD señala que repartir ese tipo de propaganda está relacionado con la compra o coacción del voto.
4. Prorrateo
El PRD también exige que las leyes secundarias prohíban el prorrateo de gastos de campaña, es decir, la posibilidad de que los partidos distribuyan el total de sus erogaciones entre distintos candidatos.
La izquierda considera que esa práctica, hasta ahora legal, fue utilizada por el PRI en las elecciones de 2012 para evitar que el presidente Enrique Peña Nieto rebasara el tope fijado por el IFE, de 336 millones de pesos.
En contraparte, el PRI y el PAN están a favor de que el prorrateo se mantenga en la nueva legislación.
5. Fiscalización
Una crítica en la que coinciden el PAN y el PRD es en que consideran insuficiente la propuesta del PRI en materia de fiscalización de gastos de partidos y candidatos.
"Acordamos que iba a haber una fiscalización en tiempo real, eso lo acordamos en la reforma constitucional. ¿Qué dice la reforma secundaria? No dice absolutamente nada", dijo la semana pasada el líder de los senadores panistas, Jorge Luis Preciado.
Para el PAN y el PRD, es necesario modificar ese punto para acelerar la revisión de los gastos de las fuerzas políticas, que actualmente pueden tardar hasta un año. Según la oposición, esto permitiría detectar y sancionar irregularidades con mayor rapidez.
6. Voto en el extanjero
Otro punto en el que concuerda la oposición es el del voto de los mexicanos que viven en el extranjero.
El PAN y el PRD exigen cambios legales que faciliten que los connacionales que viven fuera del país se registren en el padrón, obtengan su credencial y voten en elecciones, incluso por medios electrónicos.
La propuesta del PRI, sin embargo, mantiene el modelo de voto postal, que en 2012 el propio IFE describió como limitado para fomentar la participación de los mexicanos en el extranjero.
7. Porcentajes de representación
Una de las propuestas del PRI a la que más se opone el PRD es la de exigir un mayor porcentaje de votos para que un partido pueda tener espacios en un congreso local.
Encinas señaló este lunes que el PRI busca que el número de curules de una fuerza política se calcule restando ocho puntos a su votación obtenida.
Al respecto, el documento de los priista indica: "En la integración de la Legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales".
"Establecer una subrepresentación de hasta el 8% implica que por lo menos en 17 estados habría un bipartidismo claro, ya sea con el PRI y el PAN o el PRD y el PRI", dijo Encinas.
8. Candidaturas independientes
Un último punto que genera controversia entre los partidos es la regulación para la participación de los candidatos independientes, una figura creada con la reforma política de 2012 pero que hasta ahora carece de reglamentación.
Entre otros aspectos, la propuesta del PRI plantea que sólo puedan registrarse hasta tres candidatos independientes por cada cargo de elección y que tendrán un plazo no mayor a 120 días para recabar las firmas ciudadanas necesarias para postularse.
Para lo aspirantes a la presidencia, esto sería del 1% de la lista nominal de electores del país (unas 780,000 personas). Para quienes quieran ser senadores, sería del 2% de la lista nominal de la entidad correspondiente. Y para quienes aspiren a una diputación federal, sería del 2% de la lista nominal del distrito en cuestión.
A decir del PAN, estos requisitos son excesivos y equivalen a "restringir" la participación de candidatos sin partido.