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Periodos más largos, ¿la solución al 'atorón' de tareas en el Congreso?

Algunos legisladores plantean ampliar los periodos de sesiones para cumplir con la agenda, pero otros dicen que eso no resolverá el problema
mar 06 mayo 2014 06:15 AM

Ante la incapacidad del Congreso mexicano para sacar adelante todos sus pendientes durante los periodos ordinarios de sesiones, legisladores afines al gobierno federal proponen aumentar los meses del año durante los cuales las cámaras sesionan.

Para la oposición, sin embargo, la solución no está en esa medida, sino en que haya "voluntad política" entre los partidos para llegar a acuerdos. 

En el pasado periodo ordinario, que terminó el 30 de abril, diputados y senadores sólo lograron completar la aprobación de una de alrededor de 40 leyes reglamentarias de las reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones, política-electoral y energía. Debido a esta situación, prevén convocar a tres periodos extraordinarios entre mayo y junio para poder discutir los temas pendientes. 

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en el que milita el presidente Enrique Peña Nieto, consideran que es "insuficiente" la duración actual de los periodos ordinarios —dos periodos de entre tres y cuatro meses, para un total anual de menos de siete meses—, por lo que plantean reformar la Constitución para aumentar ese tiempo. 

"El conjunto de modificaciones al sistema jurídico nacional, que se han hecho en el marco del Pacto por México (firmado en 2012), ha dejado en claro que, al menos, este periodo de sesiones será insuficiente para desahogar la agenda de temas", señala una iniciativa que los senadores priistas Blanca Alcalá, Enrique Burgos, Marcela Guerra y Raúl Pozos presentaron a la Cámara alta el pasado 27 de marzo. 

En ella proponen lo siguiente: 1) que el inicio del primer periodo ordinario se adelante del 1 de septiembre al 15 de agosto, en tanto para el cierre se mantendría el 15 de diciembre o el 31 en años de elección presidencial, y 2) que el arranque del segundo periodo ordinario sea el 15 de febrero, no el 1, y su término el 31 de mayo, en vez del 30 de abril.

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Actualmente, hay dos periodos ordinarios de sesiones, seguidos de un periodo en el que entran en receso los plenos de ambas cámaras: el primero de los recesos legislativos dura cerca de 45 días y se da entre mediados de diciembre y finales de enero; y, el segundo, que dura 120 días, pues no hay sesiones entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de cada año.

Los diputados del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), aliado tradicional del PRI, ya habían presentado en octubre de 2012 —al inicio de la actual Legislatura— una iniciativa similar a la elaborada por los senadores priistas. 

El documento argumenta que las cámaras legislativas mexicanas sesionan menos que las de otros países. Por ello, plantea que el primer periodo ordinario comience el 1 de agosto de cada año y concluya entre el 15 y el 31 de diciembre, y que el segundo periodo ordinario empiece el 1 de enero y termine hasta el 15 de junio. 

En promedio, los legisladores mexicanos laboran 195 días al año en periodos ordinarios, menos que en Venezuela (315 días), Uruguay (290), Argentina (275) o Brasil (273), según un recuento que ADNPolítico.com realizó en 2013 .

Los argumentos en contra 

Para los partidos de oposición y analistas, sin embargo, la eventual extensión de los periodos ordinarios no necesariamente se traduciría en que el Congreso pudiera cumplir con sus pendientes.

"No estoy tan seguro de que incrementando el periodo podamos resolverlo, porque no es una cuestión de tiempo, es una cuestión de voluntades, es una cuestión de ponernos de acuerdo en la tarea legislativa", dijo Luis Sánchez, senador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y vicepresidente de la Cámara alta. 

En su opinión, el que las cámaras no pudiera aprobar la mayoría de las leyes pendientes antes del 30 de abril se debió principalmente a que el gobierno de Peña Nieto se retrasó en enviar sus iniciativas y eso dificultó la posibilidad de construir acuerdos. 

"Podríamos incrementarlos (los periodos), pero si continuamos con la misma mecánica de legislar a base de instrucciones del Ejecutivo, no vamos a resolver mucho. Y si el Ejecutivo sigue manejando los tiempos como ha venido haciéndolo hasta ahora, eso da al traste", insistió. 

De las leyes secundarias pendientes, el presidente se había comprometido a enviar a la brevedad las de telecomunicaciones y las de energía. Sin embargo, las primeras las presentó el 24 de marzo, con más de tres meses de retraso, y las segundas el 30 de abril, último día del periodo ordinario. 

El diputado Fernando Rodríguez Doval, del Partido Acción Nacional (PAN) y secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara baja, coincidió con Sánchez en que extender los periodos ordinarios no es una solución inmediata. 

"No estamos en contra de que se puedan aumentar los periodos. (…) Pero la productividad legislativa no sólo se mide por el número de sesiones que pueda haber en un periodo. En este periodo no pudimos sacar adelante algunas de las reformas que estábamos obligados a sacar, y no fue porque no hubiera habido el tiempo, fue porque no hubo posibilidad de llegar a un acuerdo entre los partidos", dijo. 

"Aumentar el periodo de sesiones o reducir el descanso del pleno no implica que los legisladores van a aprobar más iniciativas", comentó al respecto el politólogo Fernando Dworak. 

En su opinión, ampliar la duración de los periodos ordinarios puede ser positivo, siempre que esto se acompañe de otras medidas como profesionalizar el trabajo de las comisiones que revisan las iniciativas. 

"La mayoría de los parlamentos del mundo ha optado por un trabajo permanente solamente con uno o dos meses de receso. (…) A partir de que se han ido haciendo más profesionales los órganos legislativos, se entendió que es una ocupación como cualquier otra: tienes una chamba, tienes que estar atento a ella todo el tiempo", dijo el analista. 

Los recesos legislativos están pensados para que los legisladores estudien temas o se mantengan en contacto con los electores en sus distritos o entidades. Sin embargo, las leyes no prevén sanciones en caso de que incumplan con esas tareas.

Miguel Ángel Vargas V. contribuyó con este reporte.

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