Guerrero inicia un debate "histórico" sobre la legalización del aborto
El estado de Guerrero inició esta semana el debate sobre la posible legalización del aborto, una medida que respaldan algunas organizaciones civiles de derechos humanos y que rechazan la Iglesia católica y algunas fuerzas políticas.
La discusión comenzó luego de que el gobernador Ángel Aguirre envió al Congreso local una iniciativa que plantea permitir que las mujeres aborten durante las 12 primeras semanas de gestación , así como obligar a las instituciones públicas de salud estatales a brindar ese servicio "en forma gratuita y en condiciones de calidad".
De aprobarse la medida –que implica reformar el Código Penal y la Ley de Salud estatales–, Guerrero se convertiría en la segunda entidad de México en legalizar el aborto. En el Distrito Federal, la capital, está permitido desde 2007.
Para algunas organizaciones civiles, la propuesta de Aguirre es positiva porque reconocería los derechos de las mujeres y evitaría las muertes que actualmente se derivan de abortos clandestinos.
"Es un hecho histórico, es un hecho importante que demuestra a un gobernador sensible con la problemática de las muertes maternas en Guerrero", dijo en entrevista María Luisa Garfias, integrante del Instituto Guerrerense de Derechos Humanos (IGDHAC).
A decir de la agrupación, solamente en 2010 unas 5,000 mujeres fueron hospitalizadas en el estado por abortos mal practicados –realizados con pastillas, agujas u otros objetos– y, entre 2000 y 2010, murieron 43 por esa causa. Según la iniciativa del gobernador, la cifra de muertes es aún mayor: 141 entre 2000 y 2008.
En el Congreso local, el documento fue enviado a las comisiones de Justicia, de Salud y de Equidad y Género, y tiene a su favor que el partido político en el que milita el gobernador, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), es la primera fuerza con 20 de 46 legisladores.
El diputado Bernardo Ortega, líder de la bancada del PRD, reconoció que la discusión será difícil, aunque confió en que la iniciativa quede aprobada este año gracias al apoyo de otras fuerzas de izquierda –los partidos del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano, con las que el PRD alcanza la mayoría absoluta– y al diálogo con las demás bancadas.
"Hay resistencias. Es una iniciativa que causa escozor en algunos sectores y en algunos actores políticos tanto a nivel local como a nivel federal", dijo el legislador en entrevista.
"Sin embargo, vamos nosotros a dar el trámite que corresponda, vamos a escuchar a los grupos, a los ciudadanos, a las asociaciones que estén inconformes, pero también a las asociaciones que estén de acuerdo, a la Federación, a la ciudadanía en general", agregó.
Entre los opositores a la propuesta está el Partido Acción Nacional (PAN), cuya dirigencia nacional acusó a Aguirre de impulsar el tema como una "cortina de humo" para ocultar los problemas de inseguridad en el estado.
Guerrero se ubica en el sur de México, tiene una población aproximada de 3.4 millones de personas y enfrenta problemas como una alta incidencia de homicidios dolosos y un porcentaje de pobreza del 69.7% de su población (la segunda cifra más alta del país, después de Chiapas con el 74.7%).
"Lo que hoy observamos es un oportunismo político, en una intención de desviar la atención y de salvar o tratar de salvarse en esta cortina de humo, por todas las problemáticas que vive Guerrero, por lo que el PAN no permitirá se use esta iniciativa para desviar la atención", señaló el partido el miércoles en un comunicado.
En el Congreso local, el PAN únicamente tiene tres legisladores, mientras la segunda fuerza política es el Partido Revolucionario Institucional (PRI), con 13.
La Iglesia católica, por otra parte, también ha manifestado su rechazo a la iniciativa del gobernador, argumentando que es contraria a la vida. En 2007, los jerarcas católicos también criticaron la legalización del aborto en el DF, donde el PRD gobierna desde 1997.
"Estamos intentando hablar con los diputados, con el Congreso, hablar con el mismo gobernador para impedir que se legalice el aborto en el estado", dijo esta semana el obispo de Chilpancingo, Alejo Zavala, a la emisora Radiofórmula.
Para las organizaciones civiles, el clero tiene derecho a expresarse pero no a "imponer" sus puntos de vista en las políticas públicas.
"Estamos en un Estado laico y en un Estado laico se reconoce la diversidad ideológica, la libertad de conciencia, y el Estado tiene que crear las condiciones para que en este caso las mujeres no mueran por abortos mal practicados", dijo Garfias.
"El hecho de que se despenalice la interrupción del embarazo no quiere decir que se obligue a que las mujeres embarazadas aborten. Se dan garantías, las condiciones para que aquella mujer que decida interrumpirlo lo pueda hacer", agregó la activista.
En 2011, 18 de las 32 entidades del país protegían la vida desde la concepción y castigaban el aborto con cárcel. En Baja California, por ejemplo, se imponen hasta cinco años de prisión a la mujer que aborte, y en Guanajuato o San Luis Potosí, hasta tres.
Para los legisladores de izquierda, Guerrero tiene la oportunidad de ir en contra de esa tendencia y de "ampliar" los derechos de las mujeres.
"Lo que se quiere es que la mujer decida libremente su vida sexual. No es nada fácil. Sin embargo, confío en que pronto tengamos acuerdos, en que pronto se dictamine (la reforma) en beneficio de las mujeres", dijo al respecto el diputado Ortega.