El Congreso deja a los estados de 3 a 7 semanas para ajustes electorales

Las 17 entidades mexicanas que realizarán comicios locales en 2015 sólo tendrán entre tres y siete semanas para ajustar sus leyes electorales a las normas federales que apruebe el Congreso de la Unión, debido al retraso de diputados y senadores en esta tarea.

La reforma constitucional en materia político-electoral, aprobada en diciembre de 2013 y promulgada en febrero pasado, estableció que las cámaras tendrían hasta el 30 de abril para avalar la legislación secundaria.

Sin embargo, la reglamentación se quedó atorada en el Senado por falta de acuerdos entre los legisladores, que ahora buscan no incumplir con otro plazo legal: según la Constitución, para que las reformas electorales puedan aplicarse en una contienda, deben estar vigentes a más tardar 90 días antes del inicio del proceso electoral.

Con la reforma político-electoral, la fecha de las votaciones se adelantó de julio a junio, por lo que es posible que el arranque del proceso también se adelante de octubre a septiembre.

De ser así, esto implicaría que los congresos estatales tendrían que ajustar las leyes de sus entidades a más tardar a principios de junio. Es decir, sólo tendrían tres semanas, en caso de que el Congreso termine la legislación federal para mediados de mayo, como planean hacerlo los diputados y senadores.

En el mejor escenario, los legisladores locales contarían con siete semanas, si el inicio del proceso electoral se mantiene en octubre, un punto que aún debe definirse en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.

"Podría quedarse en octubre como un caso excepcional en esta primera ocasión y a través de un (artículo) transitorio, pero parece ser que la inclinación de cómo vendrá la ley secundaria es que sí se adelante a septiembre", dijo en entrevista José Antonio Hernández Fraguas, representante del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Actualmente, el proceso electoral dura hasta 11 meses, desde la preparación de los comicios hasta la declaratoria de validez de los resultados. Un eventual recorte a esa duración implicaría ajustes a los tiempos de alguna o algunas de sus etapas, como la capacitación de funcionarios de casilla, las precampañas o las campañas.

"Plazos urgentes"

El diputado Silvano Aureoles, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara baja, admitió el miércoles pasado que esto complica el panorama para las entidades, que tendrán poco tiempo para ajustar sus propias legislaciones una vez que el Congreso avale las de orden federal.

"Las reformas a la Constitución en esta materia establecen plazos que son urgentes de atender", dijo a medios el líder de los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

"Estamos muy cerca de que inicie el proceso electoral del año que entra y la ley establece que 90 días antes no se pueden hacer reformas ni en la Constitución ni legislar en materia electoral, sobre todo porque estas reformas tienen también su impacto en las constituciones de los estados y sus leyes reglamentarias correspondientes, y requiere armonizarse", agregó el legislador.

Ante esa situación, los líderes de las principales bancadas en el Congreso acordaron el miércoles pasado  iniciar un periodo extraordinario de sesiones el 14 de mayo , con el fin de aprobar lo antes posible las leyes secundarias de la reforma político-electoral.

Jorge Luis Preciado, presidente de la Jucopo del Senado y coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), señaló que la intención es que los documentos tengan el visto bueno de las dos cámaras para el 15 de mayo.

Los puntos a ajustar

La legislación federal marcará parámetros para el financiamiento de partidos y candidatos, para la duración de las campañas, para las sanciones a quien haga propaganda fuera de los tiempos permitidos y para los candidatos independientes, entre otros puntos.

En sus normas, las entidades tendrán que apegarse a los criterios que el Congreso establezca. Sin embargo, en otras reformas constitucionales se han registrado problemas durante los procesos de adecuación local al nuevo marco regulatorio nacional.

Tal fue el caso de la reforma educativa, puesto que el gobierno federal impugnó ante la Suprema Corte de Juticia de la Nación (SCJN) las leyes educativas de seis estados —Baja California, Chiapas, Michoacán, Oaxaca, Sonora y Zacatecas—, porque considera que no se apegan a los cambios a la Constitución.

"Debe haber periodo extraordinario. Si no, no hay ley electoral, y si no hay ley electoral, pues el 2015 se complicará", dijo a medios el miércoles pasado el senador panista Roberto Gil Zuarth, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara alta.

Los puntos que generan más controversia entre los partidos de las nuevas leyes electorales son qué facultades tendrá el nuevo INE, cómo se fiscalizarán los gastos tanto de las fuerzas políticas como de sus aspirantes y las reglas para las candidaturas comunes.

Los legisladores anunciaron el miércoles pasado que las negociaciones en torno a estos asuntos continuarían el fin de semana, de forma que pudieran llegar a consensos y este lunes aprobar en comisiones el dictamen que el miércoles 14 sería llevado al pleno del Senado y después al de la Cámara de Diputados. 

Cuestionados al respecto, los líderes del Congreso se comprometieron a que el tema ahora sí salga adelante.

"Requerimos que el proceso electoral del año que entra (…) tenga toda la certeza jurídica para que su desarrollo también le dé certeza a los ciudadanos, de tal manera que no se pueden hacer leyes a cachitos, va a ser una ley que corresponda a la reforma constitucional", aseguró Aureoles.