La Cámara de Diputados avaló en lo general la Ley General de Delitos Electorales, que cocentra y detalla las sanciones económicas y de cárcel para servidores públicos y particulares que incurran en acciones irregulares durante una elección.
Los diputados avalaron la minuta con 384 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones, en lo general y en particular los artículos no reservados; los legisladores continúan el debate en el Pleno para las reservas presentadas.
Las normas - que hasta ahora estaban contenidas en el Código Penal Federal - sancionan con 50 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años al funcionario electoral que altere en cualquier forma, sustituya, destruya, comercialice o haga un uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores (RFE), Padrón Electoral o Lista de Electores.
También se fijan de 100 a 200 días de multa y prisión de dos a seis años, al funcionario partidista o al candidato que se abstenga de rendir cuentas o de realizar la comprobación o justificación de los gastos ordinarios o de eventos proselitistas de campaña de algún partido político, coalición, agrupación política nacional o candidato, una vez que hubiese sido legalmente requerido.
Las sanciones aplicarán también para quién oculte, altere o niegue la información que le sea legalmente requerida por la autoridad electoral competente, o presente facturas o documentos comprobatorios de gasto de partido político o candidato, alterando el costo real de los bienes o servicios prestados.
Además, con el ordenamiento legal, se sanciona el condicionamiento de programas gubernamentales con fines electorales. Se protegen los sistemas informáticos del Registro Federal de Electorales, Padrón Electoral o Listado de Electores, de la credencial para votar o de los listados nominales.
Se impondrá de 50 a 100 días de multa y prisión de seis meses a tres años a quien vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley; vote más de una vez en una misma elección; haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada en el interior de las casillas.
Igualmente, la ley sanciona a quien promueva, traslade, subsidie, contrate servicios o bienes o gestione que uno o más ciudadanos proporcionen documentos o información falsa del RFE, padrón electoral o listado de electores.