El caso Coldwell revive "vacíos" en las reglas sobre conflictos de interés

La confrontación entre el secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el Partido de la Revolución Democrática (PRD), que acusa al funcionario de incurrir en un conflicto de interés por ser accionista de empresas del sector, revive los "vacíos" que existen en las leyes mexicanas para prevenir y enfrentar ese tipo de situaciones, según especialistas en transparencia y rendición de cuentas. 

Alejandro González Arreola, director de la asociación civil Gestión Social y Cooperación (Gesoc), consideró válidos los argumentos de la Sener, en el sentido de que Joaquín Coldwell no viola ninguna ley porque adquirió su participación accionaria antes de ser nombrado al frente de la Secretaría de Energía (Sener), en diciembre de 2012.

Sin embargo, señaló que el caso refleja que la legislación mexicana actual tiene "lagunas" que no contemplan otros posibles escenarios de conflicto de interés, como cuando un funcionario con intereses económicos en cierta área al mismo tiempo encabeza la política gubernamental relativa a ese rubro.

"Lo que dice la Secretaría de Energía es totalmente correcto. Hay que ser claros con eso: con que ellos hubieran avisado (que Joaquín Coldwell tiene acciones) es correcto. El problema más bien es de otro tipo, es que sí tenemos un vacío legal en México", dijo.

El PRD, principal fuerza política de izquierda, señaló el martes que Joaquín Coldwell está en conflicto de interés  y lo acusó de tráfico de influencias porque tiene acciones en al menos seis compañías del sector energético ubicadas en Quintana Roo —un estado del que fue gobernador de 1981 a 1987— y, al mismo tiempo, es promotor de la reforma constitucional que abre las áreas de hidrocarburos y electricidad a la inversión privada nacional y extranjera.

Estos cambios a la Constitución, a los que se opuso el PRD, fueron impulsados en 2013 por el presidente Enrique Peña Nieto, militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), bajo el argumento de que con ellos se modernizará la industria energética y aumentará el crecimiento económico. 

Tras las acusaciones del PRD, presentadas por su vicecoordinadora en la Cámara alta, Dolores Padierna, la Sener respondió el mismo martes que su titular no viola ninguna ley porque obtuvo su participación accionaria antes de ser nombrado titular de la dependencia y porque oportunamente informó de su condición de accionista a las autoridades financieras del país. 

En un comunicado , la Sener afirmó que Joaquín Coldwell "nunca ha interferido para solicitar beneficio alguno, como legislador o funcionario, para las empresas aludidas", así como que "no participa en la administración de las empresas citadas y se mantiene al margen de sus operaciones mercantiles". 

Para González Arreola, sin embargo, la actual Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos no obliga a los funcionarios a comprobar que no tienen poder de decisión en una compañía, lo que abre la puerta a que caigan en conflictos de interés si cuentan con acceso a información privilegiada que puedan aprovechar en su favor. 

"La Secretaría de Energía tiene la razón en este momento, pero es más debido a una laguna en la ley que a que la situación sea correcta", mencionó.

"Un problema mayor"

El politólogo Fernando Dworak coincidió con González Arreola en que existen "vacíos" en la legislación.

"Puede ser esto completamente legal, pero aquí estamos hablando de un problema mayor", dijo el analista.

"Es decir, estamos hablando de que si un funcionario público es juez y parte en un tema, generamos el problema de lo que se llama en Estados Unidos los 'triángulos de hierro': canales de interlocución privilegiados entre agencias públicas o secretarías de Estado, empresas y el riesgo de que esto esté complementado por personas en las comisiones legislativas que traten los temas", agregó.

Para los especialistas consultados, el país necesita una legislación más fuerte que obligue a los funcionarios a hacer más transparentes sus intereses económicos y establezca barreras para evitar que tomen decisiones relacionadas con ellos.

Asimismo, aclararon que la situación legal sería otra si el funcionario hubiera aprovechado su cargo para favorecer estas empresas, lo cual no se ha demostrado y sobre lo que el PRD no ha presentado ninguna denuncia legal.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM), consideró que una opción es hacer que los servidores públicos no sólo hagan una declaración patrimonial, como actualmente sucede, sino que declaren en qué áreas tienen intereses privados. 

"Éste es un faltante histórico de la legislación mexicana. No es un tema de esta administración. Prácticamente todas las fuerzas políticas del país han tenido resistencias en avanzar en el tema", dijo.

Uno de los países que ha obligado a sus funcionarios a hacer una declaración de intereses es Chile, donde esta medida ha servido para prevenir posibles conflictos de interés, según Bohórquez.

Otra alternativa es que si una persona con poder de decisión en una empresa ingresa al servicio público, se separe del consejo de administración de dicha compañía mientras dure su gestión.

La Organización para la Cooperción y el Desarrollo Económicos (OCDE), de la que México es parte, recomienda a sus miembros que sigan por lo menos dos principios: especificar en sus normas qué casos pueden constituir un conflicto de interés y capacitar a sus funcionarios para identificarlos y enfrentarlos.

"Aunque cada funcionario tiene la responsabilidad última de reconocer en qué situaciones puede presentársele un conflicto entre sus intereses privados y sus deberes públicos, los países deben buscar definir las áreas más expuestas, en las que se requieran guías o instrucciones para prevenir y resolver situaciones de conflicto de interés", señala.

Un tema recurrente

Durante el pasado gobierno, que encabezó Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), se registraron al menos dos casos de presuntos conflictos de interés por parte de funcionarios federales. 

Uno de ellos fue la acusación de la izquierda contra el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, en el sentido de que entre 2003 y 2004 fungió como representante legal en contratos que empresas de su familia firmaron con Petróleos Mexicanos (Pemex), cuando al mismo tiempo él era alto funcionario de la Sener.

Otro fue el de funcionarios de la Secretaría de Agricultura (Sagarpa) cuyas compañías estuvieron entre las beneficiarias del programa de apoyos Procampo.

En ambos casos, los implicados negaron haber violado la ley mientras el gobierno federal no emitió sanciones, lo que la oposición aprovechó para criticar a la administración de Calderón (2006-2012).

Al respecto, Dworak consideró que, si bien el presunto conflicto de interés del actual titular de la Sener refleja que hacen falta cambios en la legislación mexicana, también evidencia que el tema será usado con fines políticos y será un argumento recurrente para la izquierda durante las próximas semanas, en el contexto del debate de la legislación reglamentaria de la reforma energética.

"Lo que estamos viendo con el caso de (Joaquín) Coldwell es prácticamente lo normal en cualquier democracia. Un partido de oposición detona un escándalo político para tratar de ganar terreno en los procesos de negociación de leyes secundarias o, en su caso, tratar de tirar a un funcionario público", añadió.