Jacinta desea apoyar a otras personas que tengan una historia similar
La reparación del daño que deberá hacer la Procuraduría General de la República (PGR) a Jacinta Francisco Marcial, no es un tema en el que el interés económico esté involucrado, dijo la indígena en entrevista con Carmen Aristegui para CNN en Español.
Francisco Marcial, una de las tres mujeres indígenas que fueron aprehendidas y acusadas ilegalmente de secuestro en 2006, destacó que desea que el gobierno mexicano no vuelva a meter a la cárcel a personas inocentes.
En 2009 fue liberada luego que la PGR concluyera que existía “duda razonable” respecto de su responsabilidad en el supuesto secuestro de seis agentes de la desaparecida Agencia Federal de Investigaciones (AFI).
El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa determinó este miércoles que esta irregularidad "ocasionó un daño patrimonial y moral" a Francisco Marcial que se debe reparar.
“Estoy aquí para que los agentes o personas que quieran hacerle esto a otras personas, lo piensen antes de actuar, porque a veces nos meten o nos llevan injustamente; yo no lo hago por el dinero, sino para apoyar a otras personas que tengan una historia similar”, dijo la indígena.
Añadió que “es muy difícil estar en la cárcel y aún más para la familia, además de que se gasta lo que no se tiene, pidiendo prestado para contratar abogados particulares porque no sabía que podía tener un defensor de oficio”, manifestó Jacinta Francisco.
La mujer comentó que al interior de la prisión, sufrió de discriminación por parte de las reclusas al no saber hablar español de manera fluida, “le hablaba como a cuatro o cinco personas, pero luego preguntaba algo y no entendía por el idioma”, expresó.
Además, al ser liberada, la comerciante tuvo temor de regresar al lugar donde vendía paletas y aguas frescas, “la gente decía, ahí va la que estuvo en la cárcel; es muy raro que metan a personas a prisión en Santiago Mexquititlán, y aún más extraño que una mujer pise la cárcel”, dijo.
Jacinta Francisca fue detenida en 2006 en Querétaro, junto a Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, tras confrontar a elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el decomiso de mercancías a un grupo de comerciantes en el pueblo de Santiago Mexquititlán.
A estas mujeres otomíes se les señaló como presuntas responsables del secuestro de seis miembros de la agencia. Con la liberación de Jacinta en 2009, siguió la de las otras detenidas un año después, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que hubo inconsistencias legales en el proceso
En 2012, el TFJFA determinó que la PGR debía reparar los daños conforme a lo que establecen la Constitución, la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado y el Código Civil Federal.