La Cruzada contra el Hambre busca beneficiar a 5.5 millones en 2014
La Cruzada Nacional contra el Hambre, el principal programa contra la pobreza del gobierno federal, deberá llegar este año a 5.5 millones de beneficiarios, dijo este lunes el presidente Enrique Peña Nieto al hacer un balance sobre los resultados obtenidos a la fecha.
Acompañado de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, responsable de implementar el programa, el mandatario aseguró que hasta ahora éste ha logrado beneficiar a más de 3 millones de personas, que ya tienen "garantizada" su alimentación con acciones como la instalación de comedores comunitarios y el reparto de apoyos económicos para la compra de despensas.
"En 2014 nos hemos propuesto pasar de 3 millones de familias o de mexicanos que tienen alimentación a más de 5.5 millones", dijo Peña Nieto durante un acto en el municipio de Guachochi, Chihuahua, en el norte de México.
El gobierno federal lanzó la cruzada a principios de 2013 —poco después de que Peña Nieto asumiera el cargo en diciembre de 2012—, con la finalidad de atender a 7 millones de mexicanos en condiciones de pobreza extrema.
Para ello, el presidente ordenó a la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) que coordinara las acciones federales en los municipios más pobres del país.
La cruzada, sin embargo, ha recibido críticas tanto de los partidos de oposición como de especialistas.
Por un lado, los opositores del mandatario acusan al gobierno federal de seleccionar a los municipios beneficiados con base en criterios político-electorales, no a partir de sus niveles de pobreza. Por el otro, algunos expertos advierten que el programa es insuficiente para atender a la población con carencias alimentarias.
Actualmente, en México existen 53.3 millones de personas en condiciones de pobreza , lo que representa el 45.5% de la población total, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); y 11.5 millones viven en pobreza extrema, lo que representa el 9.8% de la población mexicana.
En 2013, antes de las elecciones locales de julio, las presuntas irregularidades en la cruzada causaron tensiones entre las autoridades federales, el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y la oposición, que acusó el desvío de recursos públicos para favorecer a candidatos priistas.
A nombre de Peña Nieto, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió entonces a investigar los señalamientos y sancionar a los posibles responsables, para que el tema no frenara la negociación de reformas estructurales dentro del Pacto por México.
