7 claves para entender y enfrentar la inseguridad en Michoacán

A casi cinco meses de que el gobierno federal desplegó un operativo especial en Michoacán, las autoridades deben establecer un plan con etapas claras, centrar sus acciones en debilitar las finanzas de los delincuentes y diseñar una estrategia para desarmar a la población, según un reporte elaborado para la asociación civil México Evalúa. 

El documento Entender para atender: por una estrategia de Estado para Michoacán considera que la administración de Enrique Peña Nieto no está comprendiendo la dimensión los problemas de la entidad, lo que la obliga a hacer ajustes para obtener mejores resultados.

México Evalúa critica lo que describe como una óptica de corto plazo y que el gobierno federal no cuente con una estrategia de salida del estado.

"Lo que el gobierno federal despliega es táctica, no estrategia. Lidia con la violencia y con los grupos que la detentan en el estado (autodefensas, grupos criminales) en una lógica amigo-enemigo cambiante, pero no hay plan para la transformación institucional, o por lo menos éste no es conocido", explica Edna Jaime, directora de este organismo.

Romain Le Cour Grandmaison, codirector del think tank Noria Research y autor del informe, cita como ejemplo que el gobierno federal refleja un "entendimiento superficial" de los grupos de autodefensa, al optar por dialogar únicamente con un sector de ellos y respaldar su legalización sin antes someter a sus integrantes a controles de confianza. 

Para el investigador, esto puede derivar en un aumento de la violencia, como lo sugieren las más recientes cifras sobre incidencia delictiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). 

Según estos datos, el número de casos de los principales delitos violentos ha sido mayor entre enero y abril de este año —ya con el operativo en marcha—, en comparación con el mismo periodo de 2013. Por ejemplo, los homicidios dolosos crecieron en 40.9%; los secuestros, en 27.3%; las extorsiones, en 13.7%, y los robos de vehículo con violencia en 12.6%.

Por su parte, el gobernador Fausto Vallejo ha dicho que es innegable el mejoramiento de la situación de seguridad en la entidad.

"Sólo un ciego, un tonto y un mezquino no podría darse cuenta de los avances que ha habido en Michoacán", dijo este lunes ante los medios de comunicación.

A continuación te presentamos los siete puntos que el reporte considera indispensables para restablecer la seguridad en Michoacán. 

1. Crear un estrategia de Estado 

El primer punto que el informe considera clave es que las autoridades establezcan una estrategia de Estado, es decir, alejada de la "lógica partidista" y con "etapas claras a corto medio y largo plazos". 

Desde el arranque del operativo actual a mediados de enero pasado, militantes del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) han intercambiado críticas sobre las acciones desplegadas en Michoacán. 

Algunos priistas culpan al expresidente panista Felipe Calderón (2006-2012) de haber desatado la violencia en el estado al iniciar ahí su ofensiva contra el crimen organizado. Por su parte, panistas señalan que, aunque en su momento las criticaron, el PRI sigue medidas similares a las empleadas por Calderón, porque el uso de las Fuerzas Armadas es necesario para enfrentar a la delincuencia. 

2. Diálogo con todos los actores políticos 

El informe considera que el gobierno federal debe entablar contacto no sólo con los grupos de civiles armados, sino también con aquellos que representan a otros sectores de la sociedad michoacana. 

"Las condiciones sociales y políticas de la crisis no han sido atendidas", señala el documento, que cita como ejemplo los consejos ciudadanos ubicados tanto en regiones indígenas como mestizas. 

"Aunque buscan en general quedar fuera de cualquier partido político, estas expresiones no rechazan al Estado. Al contrario, buscan que el estado de derecho, la impartición de justicia y la seguridad sean las normas regidoras", detalla. 

3. Restablecer la ley 

Otro paso fundamental es el restablecimiento de la ley a través del combate a la impunidad. Según el reporte, para esto es necesario fortalecer a las instituciones locales y enviar "señales fuertes" de que los delitos no quedarán impunes.

A principios de abril, el entonces secretario de Gobierno del estado, Jesús Reyna, quedó bajo arraigo por sus presuntos vínculos con el grupo delictivo de Los Caballeros Templarios. 

Luego de su detención, políticos locales se declararon preocupados por la noticia y llamaron a que se investigue si otros funcionarios están relacionados con la delincuencia. 

4. Un desarme "serio"

El reporte critica la decisión del gobierno federal de convertir a algunos grupos de autodefensa en cuerpos de policía rural. Para el autor y la asociación civil que respalda el reporte, esto debió haber ocurrido después de que los integrantes del movimiento fueran sometidos a controles de confianza; además, advierte que esta medida puede generar más violencia. 

"El registro actual, así como la creación de la policía rural equivalen a avalar y legalizar la compra de armamento a través del mercado negro, e integrar actores turbios a los órganos del Estado", señala. 

Cuestionadas al respecto, las autoridades han dicho que el diálogo con las autodefensas y su transformación en policías rurales eran necesarios para que éstas actuaran dentro del marco de la ley. 

5. Regresar poder al gobernador

Otro punto sugerido es definir cómo devolver poder al gobernador Fausto Vallejo y a los alcaldes. 

A decir del informe, las autoridades locales son las que deben controlar la entidad en vez de ser una "sombra" del comisionado federal Alfredo Castillo.

Desde el inicio del operativo, políticos de oposición criticaron el nombramiento de Castillo, a quien se refieren como un gobernador "de facto". Por su parte, Vallejo ha defendido las acciones de las autoridades federales.

6. Planear la retirada

Para el autor, otro aspecto clave es que el gobierno federal elabore un "plan acordado" para que se reduzca paulatinamente la presencia de las fuerzas federales en el estado y para que éstas entreguen el control de la seguridad pública a las policías locales. 

7. Golpear las finanzas del crimen

El último punto que toca el reporte es la necesidad de que las autoridades centren sus operaciones anticrimen en acabar con las fuentes de financiamiento de la delincuencia.

Al respecto, el gobierno federal afirma que esa ha sido una de sus principales metas, a través de tareas de inteligencia. 

Durante estos meses, el comisionado Castillo ha informado del decomiso de madera, minerales y productos químicos presuntamente traficados por los grupos delictivos para hacerse de recursos.