ONG acusan falta de sensibilidad y seriedad en cifras sobre desaparecidos

Organizaciones civiles consideraron que hay falta de sensibilidad y de seriedad en la forma en que las autoridades manejan la información sobre desaparecidos, después de que el gobierno federal reportara que se contabilizan 16,000 personas en esta situación, y no 8,000, como había indicado hace menos de un mes. 

"Es absolutamente una falta de respeto hacia con los familiares de personas desaparecidas que se esté jugando de esta manera con los números. Y eso nos parece inaceptable, no solamente desde el punto de vista de política pública, también de sensibilidad en temas de derechos humanos", dijo este martes el representante en México de Amnistía Internacional (AI), Perseo Quiroz.

"Este nuevo cambio de cifra refleja lo que habíamos venido diciendo desde hace varios meses y desde que se sacó la cifra de los 8,000: que la manera en que se están sacando los datos no es confiable. Porque no es posible que en un par de semanas la cifra pueda aumentar en 8,000 personas desaparecidas, y si sí es posible, la magnitud del problema es tremenda", agregó en entrevista.

Apenas el 22 de mayo, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, informó ante senadores que el número de desaparecidos había descendido de 27,000 en diciembre de 2012 a 8,000 . Sin embargo, este lunes dijo a medios que en realidad es de 16,000 . 

En entrevista por separado, Pilar Tavera, directora de la organización Propuesta Cívica, coincidió con Quiroz en que falta sensibilidad de parte del gobierno federal en sus reportes sobre el asunto.

"Es muy importante que las autoridades tengan en cuenta que sus declaraciones en el tema de desaparecidos deben tener un sentido más social. No es solamente defender la eficacia de una unidad de Gobernación o el desempeño de un funcionario, sino también es una declaración que abarca muchísimas vidas, y en ese sentido, deberían tener mayor sensibilidad y no dejarse llevar por la presión pública para dar una declaración", dijo.

Los activistas consultados coincidieron en que el gobierno federal debe transparentar tanto la metodología con la que se elabora el listado como la base de datos misma. 

Osorio Chong aseguró este lunes que la lista está abierta a la ciudadanía en la página del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP). Sin embargo, CNNMéxico no ha podido acceder al sitio.

El espacio no funcionó el lunes, lo que funcionarios de la Secretaría de Gobernación (Segob) atribuyeron a que se encuentra en un proceso de "actualización"; y este martes permanece inhabilitado, una situación con la que los activistas también dicen haberse enfrentado. 

"No podría calificar esta base de datos de transparente porque, básicamente, una de las condiciones de la transparencia de la información gubernamental es que pueda ser accesible, no sólo que esté disponible en un lugar electrónico como la página de Gobernación, sino que sea manipulable, que puedas bajar esa información y la puedas contrastar", dijo Tavera. 

Para los activistas, no bastaría con que la lista permitiera consultar una cifra total, sino que debería facilitar el cruce de datos, como el género de las personas desaparecidas o los municipios donde desaparecen, pues esto ayudaría a comprender mejor el problema. 

"Creemos que no hay seriedad respecto al registro y a la documentación de los casos", dijo Héctor Cerezo, integrante del Comité Cerezo, otra organización civil que ha investigado el asunto. 

"Creemos que el gobierno está más preocupado por maquillar cifras, por disminuir la cantidad de denuncias de desaparecidos, que por realmente crear un mecanismo de registro y de búsqueda de los desaparecidos", agregó en entrevista.

El tema de los desaparecidos comenzó a atraer la atención pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), cuando ciudadanos, especialistas en seguridad y organizaciones civiles acusaron que la estrategia de combate a la delincuencia estaba generando mayor violencia.

Ante esos reclamos, la administración de Calderón y las procuradurías de las entidades elaboraron un listado que entregaron al presidente Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012.

La lista se dio a conocer durante los primeros meses de 2013, aunque activistas critican desde entonces algunas de sus características, como que no haga una diferencia entre las personas presuntamente desaparecidas por causa de un tercero —ya sea un grupo delictivo o un servidor público, lo que se considera una desaparición forzada y una violación grave a los derechos humanos— y aquellas no localizadas por otras razones.