Las cámaras eliminan la pensión para magistrados electorales
La pensión para magistrados electorales federales, una polémica prestación conocida como "haber de retiro", quedó eliminada en el Congreso mexicano este jueves, al tiempo que en la Cámara de Diputados avanzaron modificaciones a las reglas para contar los votos de las coaliciones entre partidos políticos.
Ambos temas formaron parte de la agenda que ambas cámaras acordaron para un periodo extraordinario de sesiones.
El primero de ellos, la eliminación del haber de retiro, se aprobó primero en la Cámara de Diputados y horas después en el Senado. En el primer caso se avaló por unanimidad (438 votos), y en el segundo, por mayoría (93 votos a favor y cuatro en contra).
Con ello, únicamente basta que la reforma sea promulgada para que la medida entre en vigor.
La derogación de esta figura de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se produce apenas un mes después de que su creación fuera aprobada por los propios legisladores, luego de que éstos recibieron críticas de parte de ciudadanos.
Durante la discusión en la Cámara de Diputados, integrantes de varios partidos políticos reconocieron que con la medida buscan "rectificar" un error, pues con esta disposición se abría la puerta a que los magistrados recibieran una prestación onerosa que molestó a la población.
Cambio sobre coaliciones, a medias
En otro punto de la agenda legislativa, la Cámara de Diputados aprobó una reforma a la Ley General de Partidos Políticos para cambiar la manera en la que se cuentan los votos de las coaliciones.
La modificación establece que esos sufragios contarán para el candidato y se distribuirán igualitariamente entre las fuerzas políticas aliadas, para el cálculo y la asignación de legisladores plurinominales y prerrogativas.
El cambio fue impulsado por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), mientras el Partido Acción Nacional (PAN) se opuso argumentando que la medida favorece únicamente a los partidos pequeños.
Incluso, el PAN amenazó el miércoles con no regresar al debate de las leyes energéticas, prioritario para el PRI, si los priistas insistían en promover la modificación.
Al final, la reforma se aprobó en San Lázaro pero ya no fue discutida por el Senado, debido a que éste cerró su periodo extraordinario, lo que el líder de los senadores perredistas, Miguel Barbosa, atribuyó a un pacto PRI-PAN con la condición de mantener el debate energético.
"(Esto) expone, revela nuevamente el chantaje y el acuerdo que le ha impuesto por toda la Legislatura el PAN al PRI y al gobierno, el tema es los votos para las leyes secundarias en materia energética", dijo Barbosa a medios.
Al término de la sesión, el presidente del Senado, el priista Raúl Cervantes, señaló que las comisiones dictaminadoras serán las que definan cuándo se abordará el asunto.
"En las comisiones ya está habilitado el turno, en el momento en que llegue (la minuta), llegará a las comisiones y ellos se pondrán de acuerdo cuándo sesionan", dijo a medios.
Polémica en delitos electorales
El tercer tema que discutieron ambas cámaras, y que quedó aprobado y enviado al gobierno federal para su promulgación, fueron cambios a la ley de delitos electorales.
Esta semana, legisladores dijeron que únicamente se corregirían "erratas" a la legislación promulgada apenas en mayo pasado. Sin embargo, el PRI y el PAN impulsaron dos cambios que generaron molestia en el PRD.
La primera modificación fue establecer que no se sancionará a los ministros de culto que "orienten" el voto de los ciudadanos.
En tanto, la segunda consistió en establecer que sólo merecerá sanción el funcionario público que "coaccione o amenace" a sus subordinados con fines político-electorales, cuando originalmente el texto decía que sería sancionado quien "coaccione, induzca o amenace" a sus subalternos.
Estatuto del DF
La cuarta y última modificación de la agenda legislativa fue una reforma al estatuto de gobierno del DF, avalada por ambas cámaras.
Los cambios al estatuto —el equivalente a una constitución local— armoniza el documento con la nueva legislación federal en materia político-electoral.
Por ejemplo, especifica que los habitantes de la capital mexicana tienen derecho a votar en consultas populares y a postularse como candidatos independientes, puntos que ya estaban consagrados en la Constitución del país.
También se incluyó la reelección, que en el caso de los jefes delegacionales podrá ser por un periodo. Esto significa que estos funcionarios podrán estar en el cargo hasta por dos periodos consecutivos.
La reforma al estatuto de gobierno del DF es necesaria para que la Asamblea Legislativa capitalina (ALDF) ajuste las normas electorales locales con miras a los comicios de 2015.