Las ONG cumplen 10 años de exigir seguridad, con pocos resultados

Hace 10 años, miles de mexicanos salieron a las calles en protesta contra la inseguridad pública, en una marcha masiva que marcó el inicio de una participación más activa de parte de organizaciones civiles en el diseño de la política anticrimen, coinciden activistas y académicos. 

Sin embargo, reconocen que si bien ese hecho fue positivo, hasta ahora no ha dado los resultados esperados, pues los índices delictivos actuales son mayores a los de entonces. 

En 2013, por ejemplo, el número de homicidios dolosos fue de 18,388, 57% más del total de los 11,658 registrados en 2004, según cifras del Sistema Nacional en Seguridad Pública (SNSP). 

Mientras tanto, la situación es aún peor en la cantidad de secuestros, pues en 2013 se registraron 1,698, 425% más de los 323 que hubo en 2004. 

"No ha sido suficiente, las autoridades nos quedan a deber", dijo la activista María Elena Morera, presidenta de la agrupación Causa en Común y quien fue una de las organizadoras de la marcha del 27 de junio de 2004, cuando presidía México Unido contra la Delincuencia (MUCD). 

"Ya la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) dijo que México es el país más inseguro de los países miembros. Seguimos teniendo un problema grave y por esto los ciudadanos debemos seguir marchando todos los días", agregó en entrevista. 

En 2004, MUCD fue una de las principales organizadoras de la manifestación, junto con otras como A Favor de lo Mejor y Movimiento Pro Vecino, y asociaciones empresariales como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).

Del "enojo" a las calles

La marcha de 2004 comenzó a organizarse luego de que MUCD y otras agrupaciones civiles recibieron denuncias de secuestros y asesinatos en algunas de las principales ciudades del país e incluso en el Distrito Federal. 

Entre esos casos estuvo el de los hermanos Vicente y Sebastián Gutiérrez Moreno, de 24 y 27 años, respectivamente, quienes fueron secuestrados en el Estado de México y posteriormente asesinados, a pesar de que su familia pagó el rescate exigido.

"Durante el mes de mayo fue cuando empezamos a recibir más quejas de la gente y más enojo, y fue a finales de mayo cuando decidimos salir a las calles", dijo Morera. 

A la marcha en la capital, según distintas estimaciones de los organizadores, asistieron entre 350,000 y 1 millón de personas, a los que se sumaron manifestantes en otras 16 ciudades del país, como Monterrey, en Nuevo León, y Tijuana, en Baja California. 

El politólogo Gustavo López Montiel, académico del Tec de Monterrey (ITESM), consideró que uno de los factores que dio más impulso a la manifestación fue que luego de las elecciones presidenciales del 2000 —que implicaron la alternancia en el poder tras 71 años de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—, la gente tenía confianza en la democracia.

"Se tenía una impresión muy positiva de la participación y de la capacidad de la gente de influir en decisiones de gobierno", dijo. 

A este factor, según López  Montiel, se sumó la polémica que generó el que el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, criticara la marcha argumentando que había sido una manifestación de "pirrurris", es decir, exclusivamente de ciudadanos de clase media y alta. 

Tras la controversia que causó su declaración, López Obrador señaló poco después que sí atendería las demandas de los manifestantes y que su trabajo al frente de la capital así lo demostraba. 

"Si estuviésemos desobligados, indolentes, si no estuviésemos trabajando, pues entonces, ¿qué estaríamos haciendo ahorita después de la marcha? Lo políticamente correcto, entre comillas: convocando a una reunión para anunciar un plan o que vamos a mandar una iniciativa de ley para que haya más mano dura", dijo entonces.

Logros y pendientes

Después de la marcha, los líderes de las agrupaciones convocantes se reunieron con el presidente Vicente Fox, del Partido Acción Nacional (PAN), y tanto en el gobierno siguiente, del también panista Felipe Calderón, como en el actual, del priista Enrique Peña Nieto, han mantenido una comunicación constante con las autoridades federales. 

A decir de Morera, esto se refleja en que las organizaciones civiles participan en foros sobre la estrategia de seguridad y en que las dependencias atienden algunas de sus propuestas. 

Una de ellas fue cambiar la forma de contabilizar los homicidios dolosos, un conteo que hasta agosto de 2013 distinguía entre aquellos ligados al crimen organizado y los vinculados con otras causas. 

A propuesta de organizaciones como Causa en Común, México Evalúa y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), el gobierno federal accedió a incluirlos todos en una misma lista , tras aceptar el argumento de los activistas de que no eran claros los elementos empleados en la clasificación anterior. 

Las agrupaciones civiles consideran que logros como éste son positivos, pero reconocen que son insuficientes. 

"Tenemos que hacer dos tipos de reflexiones: uno, qué no hemos hecho en lo individual y como organizaciones, y dos, qué le ha faltado al gobierno, en qué ha sido negligente", dijo Morera.

Además, según activistas y académicos, de cara a los próximos años no sólo es necesario mejorar las acciones contra los delincuentes comunes, sino que se debe revisar la estrategia de combate contra el crimen organizado desplegada desde 2006, cuando el gobierno de Felipe Calderón envió a las Fuerzas Armadas a enfrentar a la delincuencia.

Los opositores a la presencia de militares en las calles —una medida que ha mantenido el presidente Peña Nieto— argumentan que esto favorece la violencia en vez de ayudar a disminuirla.