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7 cambios que el PAN consiguió del PRI en las leyes energéticas

Tras negociaciones, el PAN logró que el PRI aceptara limitar los nombramientos del presidente en Pemex y CFE, y eliminar la expropiación
mié 16 julio 2014 06:30 AM

El Partido Acción Nacional (PAN) logró que el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptara eliminar la posibilidad de expropiación de tierras y limitar los nombramientos realizados por el Ejecutivo en las empresas públicas del sector, entre otros cambios avalados a los dictámenes de leyes energéticas aprobados este martes en comisiones del Senado.

Durante diciembre de 2013, la unión entre ambas fuerzas políticas también fue clave para que se concretaran los cambios constitucionales en materia energética, puesto que el PRI carece de la mayoría calificada –dos terceras partes de cada cámara– necesaria para modificar la Constitución.

Ahora, en este proceso de elaboración de las leyes reglamentarias, el PAN negoció con el PRI y logró que éste aceptara alrededor de 200 reservas a los cuatro dictámenes a discusión.

Según los senadores panistas, aunque la mayor parte de los cambios son de forma, existen otros de fondo que impactan, además de los mencionados, puntos como la creación de subsidios focalizados, algunas limitaciones a la inversión extranjera en el sector y la prohibición de exploración y explotación energética en zonas de salvaguarda.

A continuación te presentamos siete temas en los que las iniciativas de leyes secundarias en materia energética, del presidente Enrique Peña Nieto, fueron modificadas en las comisiones de la Cámara alta.

1. No a la expropiación de tierras

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Uno de los cuatro proyectos de dictamen impulsados por el senador priista David Penchyna, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara alta, incluía establecer en la Ley de Hidrocarburos que un terreno podría ser expropiado por razones de "utilidad pública" para exploración y extracción de energéticos.

Esta propuesta generó molestia entre algunos legisladores y organizaciones de campesinos, las cuales argumentaron que con esto se afectarían los derechos de propiedad de sus agremiados.

A propuesta del PAN –aunque también la izquierda exigió este cambio– se eliminó del dictamen el concepto de expropiación. En su lugar, se estableció que si se determina que hay hidrocarburos en un terreno, el contratista tendrá que llegar a algún tipo de arreglo con el dueño de la tierra para poder explotarlos e, incluso, tendrá que pagarle con un porcentaje de sus ganancias.

"La forma o modalidad de uso, goce o afectación, en su caso, adquisición que se pacte, deberá ser idónea para el desarrollo del proyecto en cuestión, según sus características. Al efecto, podrán emplearse las figuras de arrendamiento, servidumbre voluntaria, ocupación superficial, ocupación temporal, compraventa, permuta y cualquier otra que no contravenga la ley", señala el documento aprobado.

2. Zonas de salvaguarda

El mismo proyecto de dictamen con la Ley de Hidrocarburos originalmente contemplaba que las zonas de salvaguarda fueran aquellas reservadas por el Estado para "limitar" la exploración y extracción de energéticos.

Sin embargo, a propuesta del PAN, en el dictamen aprobado se determinó que en esos espacios no sólo se limiten estas actividades, sino que queden prohibidas.

3. Subsidios focalizados

El tercer cambio al mismo documento se relaciona con los apoyos o subsidios focalizados.

En principio, el proyecto de dictamen no contemplaba esta figura, pero el PRI y el PAN acordaron que las secretarías de Hacienda (SHCP), Energía (Sener) y Desarrollo Social (Sedesol) deban evaluar y determinar si es necesario crear ese tipo de programas para garantizar el abasto de combustibles en zonas rurales o urbanas marginales.

Según el dictamen aprobado, en esa tarea contarán con el apoyo técnico de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).

4. Inversión extranjera

La reforma constitucional de 2013 abrió el sector energético mexicano a la inversión privada, tanto nacional como extranjera.

Sin embargo, el PAN logró poner un candado en la legislación secundaria –en específico, en la Ley de Inversión Extranjera– para que esto no se dé en el transporte terrestre de combustibles.

El senador panista Francisco Javier Cabeza de Vaca dijo en tribuna este martes que abrir esta actividad afectaría a las micro, pequeñas y medianas empresas mexicanas dedicadas a ella, y aseguró que han "satisfecho los requerimientos de sus usuarios de manera eficiente y competitiva durante años".

Además, el PAN logró que se limite al 49% la inversión extranjera en la industria del suministro de combustibles para barcos, aeronaves y sistema ferroviario.

5. Nombramientos en Pemex y CFE

El proyecto de dictamen con las nuevas leyes para Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) establecía que el presidente propondría al Senado a los consejeros independientes de cada institución –cinco en Pemex, cuatro en la CFE–, y que si la Cámara alta no se pronunciaba sobre el tema en 30 días, se daría a los funcionarios por ratificados.

Sin embargo, el PAN consiguió limitar esa facultad, para que si el Senado no se pronuncia en ese tiempo, se tome por rechazada la propuesta, de forma que el mandatario deba hacer otra, y si esta segunda también se rechaza, entonces sí pueda realizar la designación de forma directa.

Para ser ratificado por el Senado, un consejero independiente de alguna de estas instituciones requerirá de mayoría calificada.

6. Remociones en Pemex y CFE

De manera similar, el proyecto de dictamen de estas leyes contemplaba que el presidente de la República pudiera remover libremente a los consejeros independientes de Pemex y de la CFE. Sin embargo, el PAN logró que la remoción deba ser aprobada por el Senado.  

7. Contralorías en los órganos reguladores

Los panistas también consiguieron que el PRI aceptara una reserva para que los organismos reguladores del sector, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), deban contar con órganos internos de control que vigilen a sus funcionarios.

Con la reforma constitucional, estas instituciones adquirieron responsabilidades como la de otorgar a particulares contratos para la explotación de energéticos.

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