ONG ambientalistas advierten de 'focos rojos' en las leyes energéticas

Las leyes energéticas que el pleno del Senado mexicano discutirá a partir de este jueves incluyen puntos que han prendido las alarmas en organizaciones civiles ambientalistas, como la posibilidad de que se exploten hidrocarburos en zonas naturales delicadas y de que se emplee la técnica del fracking o fractura hidráulica para obtener gas. 

Uno de los principales focos rojos que advierten las agrupaciones está en la propuesta de Ley de Hidrocarburos, en la que se establece que las actividades de exploración y explotación "tendrán preferencia sobre cualquier otra que implique el aprovechamiento de la superficie o del subsuelo de los terrenos", según uno de los cuatro dictámenes aprobados en comisiones este martes . 

Los otros tres dictámenes contienen las leyes de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de los órganos reguladores del sector, entre otras. Con ellas, se reglamentará la reforma constitucional en la materia —promulgada en diciembre pasado—, con la que se abrió la industria energética mexicana a la inversión privada nacional y extranjera.

Para Alberto Rojas, vocero de Greenpeace México, la Ley de Hidrocarburos propuesta abriría la puerta a que se exploten energéticos en Áreas Naturales Protegidas (ANP), entre las que hay parques nacionales, santuarios y áreas de protección de flora y fauna. 

"Hay disposiciones que establecen la preeminencia del sector sobre otras actividades y dentro de estas otras actividades se incluye la conservación", dijo Rojas en entrevista este miércoles. 

"Entonces, hay un problema relacionado con las Áreas Naturales Protegidas (ANP), porque las Áreas Naturales Protegidas tienen una política distinta a la de las actividades productivas, y al momento de ponderar, lo que va a tener que hacer (el gobierno federal) es establecer una prioridad entre una y otra actividad, y lo más probable es que priorice la actividad del sector", agregó.

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) también advierte de esa posibilidad. En un documento titulado El juego sucio de la reforma energética: los 10 focos rojos —publicado el 2 de julio pasado—, señala que la legislación impulsada por el gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) y por el opositor Partido Acción Nacional (PAN) "puede permitir el desarrollo de proyectos de hidrocarburos sin una regulación adecuada". 

Actualmente en México existen 176 ANP que abarcan más de 25 millones de hectáreas, lo que representa 12.93% del territorio nacional, según información de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). 

"La expropiación no se quita" 

Los grupos ambientalistas también advierten que las leyes secundarias de la reforma energética abren la puerta a que las autoridades expropien terrenos, ya sea de dueños individuales o comunales, como es el caso de las tierras ejidales.

El concepto de "expropiación" estaba en el proyecto de dictamen de la Ley de Hidrocarburos. Durante la discusión en comisiones fue retirado del documento y se cambió por la figura de "ocupación temporal", con el objeto de tranquilizar los temores de los propietarios, según los legisladores que promovieron el cambio.

Para Rojas, sin embargo, esta modificación sólo es una estrategia para evitar la "publicidad negativa", puesto que las figuras que contempla la legislación —como la servidumbre voluntaria, la ocupación superficial o la propia ocupación temporal— en los hechos permitirán que las autoridades expropien un terreno.

"La expropiación no se quita en realidad. (...) Están buscando la manera de darle la vuelta", dijo. 

Además, consideró que si bien la ley establece que la Secretaría de Energía (Sener) deberá realizar una "consulta previa, libre e informada" en una comunidad antes de asignar un terreno para la explotación de energéticos, no contempla mecanismos suficientes para que los pobladores puedan oponerse a esa explotación. 

El 'fracking', en la polémica

Otro foco rojo que señalan los activistas consiste en que la legislación permita el fracking o fractura hidráulica, una técnica que consiste en perforar el suelo e inyectar agua a presión para obtener gas. 

En un documento publicado el 14 de julio pasado, la organización Fundar, Centro de Análisis e Investigación alertó que México busca aplicar una práctica prohibida en países como Francia o Bulgaria por los riesgos ambientales y humanos que implica. 

"La fractura hidráulica requiere de 9 a 29 millones de litros de agua por pozo que son mezclados con arena y químicos (muchos de ellos tóxicos), pone en riesgo de contaminación las fuentes de agua de poblaciones cercanas y la habitabilidad de sus viviendas, contamina el aire, tierras de cultivo y pastura, y requiere una ocupación territorial intensiva", señaló la agrupación.

En las cámaras del Congreso, legisladores de izquierda se han pronunciado en contra del fracking e incluso han presentado iniciativas de ley para prohibir esta práctica. La más reciente propuesta en la materia fue entregada este miércoles por Ricardo Monreal, coordinador del partido Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados. 

Por otra parte, las organizaciones ambientalistas consideran que las leyes que se discutirán ignoran la transición energética —es decir, el paso del uso de combustibles fósiles a energías renovables—, lo que impide que el país tenga un modelo de desarrollo sustentable. 

En octubre de 2012, poco más de un mes antes de asumir el poder, el presidente Enrique Peña Nieto prometió que este tema sería una de las prioridades de su mandato (2012-2018).

Para que las leyes a discusión entren en vigor, necesitan ser aprobadas tanto por el Senado como por la Cámara de Diputados, así como ser promulgadas por el Ejecutivo federal.