Servidores públicos, sin obligación de hacer público su patrimonio: Corte

Las declaraciones patrimoniales sólo pueden hacerse públicas con la autorización expresa del servidor público en cuestión, determina la SCJN
Una sesión ordinaria de los magistrados que integran la Supr Una sesión ordinaria de los magistrados que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Los servidores públicos no están obligados a hacer pública su situación patrimonial, resolvió este martes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

De acuerdo con la resolución avalada por mayoría durante la sesión pública del pleno de la Corte, sólo se pueden hacer públicas con la autorización expresa del servidor público en cuestión.

Ello, al resolver el amparo interpuesto por Guillermo Felipe Ávila Reséndiz, colaborador del Centro de Análisis e Investigación, Fundar, contra actos del Congreso de la Unión y un artículo de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

Ávila Reséndiz había pedido de los diputados federales, lo que generó el amparo que entró a revisión en la SJCN.

Con este fallo, el pleno del alto tribunal determinó que la publicitación del contenido de declaraciones patrimoniales de servidores públicos, sólo será posible en los casos en que los funcionarios emitan una autorización previa y específica para ello.

De lo contrario, las declaraciones patrimoniales deberán mantenerse en reserva, como lo señala el Artículo 40, tercer párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.

La propuesta del ministro Franco González fue avalado por siete votos a favor, y el sufragio en contra del ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.

Al respecto de la decisión de la Corte, Fundar se expresó en su cuenta de Twitter, asegurando que la publicación de las declaraciones patrimoniales no vulnera la seguridad, sino que abona a la garantía de mayor acceso a la información.

"Con la apertura de las declaraciones patrimoniales de los servidores, se podría detectar el enriquecimiento ilícito de los funcionarios mientras desempeñan sus cargos públicos", manifestó Fundar.