Polémica por supuestos bonos revive debate sobre opacidad en el Congreso

Los diputados mexicanos están confrontados desde principios de este mes, a raíz de que el partido de izquierda Movimiento Ciudadano acusó que las otras bancadas recibieron supuestos "bonos" por aprobar las reformas del presidente Enrique Peña Nieto, un señalamiento que las fuerzas políticas aludidas rechazan y que revive el debate sobre la opacidad en el dinero que se entrega a los legisladores, dicen especialistas en transparencia. 

Para Eduardo Bohórquez y Fernando Dworak, los analistas consultados, si bien las acusaciones de Movimiento Ciudadano son parte de una estrategia política contra las propuestas del gobierno federal, también reflejan un problema: la falta de reglas que obliguen a los grupos parlamentarios a rendir cuentas de sus ingresos y gastos.

La polémica comenzó el 7 de agosto, cuando el líder de Movimiento Ciudadano en la Cámara baja, Ricardo Monreal, dio a conocer que devolvió 15 millones de pesos depositados a la bancada, argumentando que se trataba de "subvenciones extraordinarias" que fueron otorgadas sin justificación, justo durante la discusión de iniciativas presidenciales. 

En días previos, otros diputados de Movimiento Ciudadano habían acusado la entrega de "bonos" a los legisladores por votar las propuestas del gobierno federal.

La noche del 1 de agosto, mientras el pleno de la Cámara baja discutía los últimos dictámenes con las leyes secundarias de la reforma energética, la diputada Zuleyma Huidobro afirmó en tribuna que las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), de la Revolución Democrática (PRD), Verde Ecologista de México (PVEM) y Nueva Alianza (Panal) recibieron 359 millones de pesos en "subvenciones extraordinarias" de septiembre de 2012 a febrero de 2014.

De ese dinero, agregó, el mayor monto fue de 129 millones de pesos y correspondió al periodo de septiembre de 2013 a febrero de este año, cuando se discutieron y aprobaron dos de las principales propuestas presidenciales: la reforma fiscal y la reforma energética.

"¿De cuánto va a ser este bono para haber vendido a la patria? (...) No me voy a disculpar por decir la verdad, por escuchar, porque ustedes no quieren escuchar esto, y me voy a volver a sostener todas las veces que sea necesario. Ustedes reciben bonos especiales por aprobar las reformas estructurales", dijo Huidobro.

En tanto, diputados de los partidos acusados niegan haber recibido bonos o subvenciones no previstas en el presupuesto de la Cámara baja.

"Todo lo que la Cámara da a las bancadas es lo que está en el presupuesto que se aprobó hace un año y que conoce Movimiento Ciudadano", dijo en entrevista el vicecoordinador del PRD, Miguel Alonso Raya.

"Se trata de una enorme mentira... (la subvención) no es una aportación discrecional que alguien decida otorgar a los grupos parlamentarios", señaló el panista Fernando Rodríguez Doval en un comunicado emitido el 8 de agosto.

Para 2014, la Cámara de Diputados tiene un presupuesto de 6,795 millones 524,255 pesos, que cubre desde el mantenimiento de la sede legislativa y el pago al personal, hasta el sueldo de los 500 legisladores y las transferencias a cada bancada.

En la página del órgano legislativo se indica que entre enero y marzo se gastaron 1,413 millones 908,103.28 pesos de ese monto, divididos en cinco rubros: servicios personales; materiales y suministros; servicios generales; transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, y bienes muebles, inmuebles e intangibles. Sin embargo, no se detalla cuánto se ha entregado a cada grupo parlamentario ni cuánto les corresponde para todo el año.

Acerca de los señalamientos de Movimiento Ciudadano, CNNMéxico no ha podido confirmar si los grupos parlamentarios recibieron o no los bonos que menciona dicho partido.

¿Otro bono por fin de Legislatura?

El 11 de agosto, Movimiento Ciudadano también acusó a las otras bancadas de querer incluir en el presupuesto de la Cámara baja para 2015 un bono de 500 millones de pesos —uno por cada diputado federal— , con motivo del cierre de la 62 Legislatura. Incluso, Monreal difundió un documento del Comité de Administración en el que se planteaba esta compensación.

No obstante, el presidente del comité, el perredista Guillermo Sánchez Torres, y el secretario general de la Cámara baja, Mauricio Farah, señalaron a medios que sólo se trataba de un borrador y que ese punto será retirado del texto que en los próximos días se enviará al gobierno federal, para que lo integre en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Otros legisladores dijeron al respecto que las acusaciones de Monreal son parte de una estrategia política.

El perredista Fernando Belaunzarán, por ejemplo, señaló en su cuenta de Twitter que Monreal busca presionar a los otros partidos, para que acepten que en el último año de la actual Legislatura se forme una nueva bancada, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), un partido creado recientemente por el excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

"Extraña que Ricardo se dé cuenta de subvenciones extraordinarias que recibió dos periodos atrás y, ahora, se espanta y pretende regresarlas", dijo el priista Héctor Gutiérrez de la Garza al diario Reforma.

El "rezago" en transparencia

El analista Fernando Dworak, experto en temas parlamentarios, coincidió en que las acusaciones de Monreal forman parte de una estrategia política para restar legitimidad a las reformas presidenciales. Sin embargo, consideró que el caso también refleja que falta transparencia en el manejo de los recursos destinados a las bancadas.

"Creo que, más bien, todo el escándalo que montó Monreal es un show mediático para tratar de aprovecharse del tema. Ahora, lo que se tiene que dejar claro es la extrema opacidad con la que los grupos parlamentarios ejercen sus gastos”, dijo Dworak en entrevista.

Las bancadas reciben subvenciones mensuales —definidas en la Junta de Coordinación Política (Jucopo)— de acuerdo con el número de sus integrantes. Esto significa que a mayor número de legisladores, una bancada obtendrá más recursos, según el artículo 29 de la Ley Orgánica del Congreso.

Tales fondos son fiscalizados cada año por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), aunque los grupos parlamentarios no están obligados legalmente a publicar cuánto y en qué gastan ese dinero.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana (TM), consideró que este es un ejemplo de los "rezagos" que tienen el Congreso federal y los legislativos locales en materia de acceso a la información y rendición de cuentas.

"Nuestros poderes legislativos están rezagados muy sensiblemente en términos de transparencia en el manejo de los recursos, de la calidad de la administración que tienen en su interior, de la forma que tienen de tomar decisiones", dijo Bohórquez en entrevista.

En agosto de 2013, cuando la Cámara baja discutió la reforma constitucional en materia de transparencia, el perredista Fernando Belaunzarán propuso que, de forma explícita, se incluyera a las bancadas como sujetos obligados a difundir su información. Sin embargo, la propuesta fue rechazada.

Para Bohórquez, esto no justificaría que un grupo parlamentario se negara a responder a una solicitud de información, dado que la reforma estableció que cualquier instancia que reciba recursos públicos estará obligada a hacerlo. No obstante, aclaró que todavía falta conocer las reglas que sobre este tema se definan en la legislación secundaria, que debe aprobarse a más tardar en febrero de 2015.

"Hay que ver cómo, en la reglamentación específica de la reforma constitucional, este tema se va a traducir en mecanismos concretos para acceder a la información. En principio, no debería haber razón para que cualquier recurso fiscal en manos de la Cámara de Diputados o de Senadores, o de cualquiera de los congresos, fuera conocido por la opinión pública", dijo.