La tortura en México se investiga más pero se castiga poco: Amnistía

Aunque México investiga con más frecuencia los presuntos casos de tortura atribuidos a las fuerzas de seguridad, el número de los que son castigados permanece muy bajo, situación que fomenta la impunidad y que este delito siga cometiéndose, según un nuevo reporte de la organización civil de derechos humanos Amnistía Internacional (AI).

El documento —presentado este jueves— indica que de 2006 a 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) abrió 1,219 averiguaciones previas por presuntas torturas cometidas por funcionarios públicos. El año en el que se abrieron más indagatorias fue 2013 con 964, una cifra 3,607% superior a las 26 abiertas en 2006, de acuerdo con información que la PGR entregó a AI.

Sin embargo, con motivo de esos casos la PGR sólo realizó 472 dictámenes especializados para determinar si hubo delito o no. De ellos, en únicamente 57 se encontraron "resultados compatibles con tortura" —es decir, signos de que un detenido fue torturado por un funcionario—, que derivaron en que la dependencia federal consignara ante un juez a apenas 12 personas.

Para AI, esta situación se debe a varios factores, como que las autoridades tienden a "minimizar" las denuncias por torturas, que hay fallas en las investigaciones y que esta práctica sigue siendo "tolerada" en México como una herramienta para combatir a la delincuencia.

Entre los métodos más comunes están los golpes, las amenazas, la asfixia, las descargas eléctricas, la violencia sexual y la simulación de ejecuciones, utilizados para obtener "confesiones".

"La tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes desempeñan un papel central en la actuaciones policiales y las operaciones de seguridad pública de las fuerzas militares y policiales en México", señala el informe.

"Estas prácticas son generalizadas y es habitual que otros funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, superiores, miembros del ministerio público, jueces y algunas comisiones de derechos humanos las justifiquen, las toleren o hagan caso omiso de ellas. El resultado es una impunidad casi total para los autores de los abusos y un auténtico temor entre la población a que cualquier detención pueda desembocar en torturas", agrega.

CNNMéxico buscó a voceros de la PGR para conocer la opinión de la dependencia sobre el documento difundido, pero no obtuvo respuesta inmediata.

El reporte titulado Fuera de control. Tortura y otros malos tratos en México fue elaborado con base en casos que AI documentó durante los últimos dos años —particularmente en Baja California, Chihuahua, Distrito Federal y Estado de México—, así como a partir de información solicitada a dependencias federales y locales y de entrevistas con funcionarios, precisa la propia organización.

Por ejemplo, el informe cita datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) según los cuales hay una disminución en el número de quejas por tortura, puesto que en 2013 se registraron 1,505, 28% menos que las 2,114 de 2012.

Sin embargo, AI advierte que la cifra más reciente es 600% superior a la de 2006 y que no refleja el tamaño del problema, porque no toma en cuenta las denuncias presentadas ante cada una de las 32 comisiones estatales y porque muchas víctimas optan por no denunciar por temor a represalias.

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Medidas contra la tortura

En otro informe difundido en mayo, AI había advertido de la impunidad que prevalece en los casos de tortura, citando datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) según los cuales, de 1991 a la fecha, los tribunales federales sólo han emitido siete sentencias condenatorias contra torturadores.

Tanto en ese documento como en el actual, la organización civil señala algunas de las recomendaciones que debe seguir México, como retirar al Ejército y a la Marina de tareas de seguridad pública, puesto que los militares no están capacitados para tener un contacto constante con civiles y esta situación fomenta violaciones a los derechos humanos.

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Las Fuerzas Armadas empezaron a combatir a la delincuencia en diciembre de 2006 por orden del entonces presidente, Felipe Calderón (2006-2018), y el actual mandatario, Enrique Peña Nieto (2006-2018), las ha mantenido en esa labor.

Además, AI llama a que las autoridades mexicanas federales y locales tomen medidas para garantizar que todas las detenciones que realicen los cuerpos de seguridad estén apegadas a la ley, así como para asegurar que los detenidos sean entregados al Ministerio Público o al juez de forma inmediata.

Esto último implicaría eliminar el arraigo, una figura jurídica que permite a las autoridades mantener detenida a una persona por cierto tiempo, mientras sigue en marcha la investigación en su contra. Según la Constitución mexicana, el plazo máximo que puede durar un arraigo es de 80 días, cuando se investiga si un sospechoso incurrió o no en delincuencia organizada.

Otra recomendación es investigar de forma "exhaustiva" las denuncias sobre arrestos con irregularidades y que las mujeres aprehendidas sólo sean custodiadas por personal femenino.

Por último, esta organización exhorta a que se aprueben reformas legales para facilitar que las víctimas de tortura tengan acceso a la reparación del daño, así como a elaborar una ley sobre el uso de la fuerza acorde con los tratados internacionales de derechos humanos.

"Amnistía Internacional cree que, con voluntad política y determinación, el gobierno mexicano puede implementar los cambios necesarios para poner fin al uso de la tortura y otros malos tratos. Es hora de que esto se haga realidad", concluye el documento.