El Senado aprueba la nueva ley sobre derechos de los menores
El Senado mexicano aprobó este lunes una nueva ley sobre derechos de los menores, que incluye la creación de procuradurías para proteger a este sector de la población y obliga a las autoridades a realizar y evaluar programas con políticas públicas en la materia, entre otras medidas.
La norma quedó avalada en lo general por unanimidad —con 100 de 128 votos posibles—, y en lo particular, por 80 votos a favor, cuatro en contra y cinco abstenciones.
El debate sobre el tema comenzó a principios de este mes, luego de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara al Senado una iniciativa en esta materia. Al tratarse de una propuesta con carácter de preferente, los senadores debían votarla en un plazo máximo de 30 días, que se vencía esta semana.
Durante el análisis del documento, las bancadas acordaron hacer modificaciones a entre 80% y 90% de los artículos, bajo el argumento de que así se fortalecería el texto y se le daría un enfoque de derechos humanos, en vez de uno "asistencial".
Así, por ejemplo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establece que los menores tendrán al menos 19 derechos, que las autoridades de los tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal— estarán obligadas a respetar y proteger.
Entre estos derechos estarán el derecho a la vida, a la igualdad sustantiva, a no ser discriminados, a la salud, a la educación, a la intimidad, al esparcimiento, a la libre expresión y al debido proceso judicial.
"Hoy es necesario contar un reordenamiento de altura, que permita atender las necesidades de este sector de la población", dijo en tribuna la senadora Hilda Flores Escalera, presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables.
Para vigilar que los funcionarios protejan los derechos citados, la ley establece que se crearán una procuraduría federal y procuradurías locales para la protección de los menores.
Estas instituciones, además, deberán brindar atención médica y psicológica a las niñas, niños y adolescentes que lo requieran, y supervisar el funcionamiento de los centros de asistencia social o albergues.
La creación de estas procuradurías y su operación deberá contemplarse en los proyectos de presupuesto de la Federación y de cada entidad.
Otro punto clave de la ley es el establecimiento de un Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, que será responsable de elaborar un programa nacional con políticas públicas en la materia y de generar un sistema de información para conocer la situación de los menores y la efectividad de las acciones de la autoridad.
Se prevé que el sistema este Sistema Nacional esté integrado por tres bloques: el gobierno federal —con el presidente a la cabeza—, los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del Distrito Federal, y los titulares de tres órganos autónomos, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).
Por otra parte, el documento fija sanciones para quienes violen los derechos de menores.
En caso de que, por ejemplo, un funcionario evite reportar un abuso, lo tolere o lo propicie, o de que un psicólogo o trabajador social intervenga indebidamente en un proceso de adopción, se le multará con hasta 100,000 pesos.
Además, si un medio de comunicación difunde imágenes de un mejor o una entrevista sin tener autorización de sus tutores, la multa será de 200,000 a 2 millones de pesos.
En todos los casos, la sanción se elevaría al doble si hay reincidencia.
Tras el aval del Senado, la ley fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis. El órgano legislativo tiene otro plazo máximo de 30 días, y si aprueba el documento sin cambios, lo remitirá al presidente Peña Nieto para que lo promulgue. En cambio, si lo modifica, lo regresará a los senadores para una nueva revisión.
