La ONU pide una investigación 'rápida e independiente' del caso Tlatlaya
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) se sumó este lunes a la presión internacional para que las autoridades civiles de México investiguen a ocho militares arrestados por su presunta participación en la muerte de 22 personas en Tlatlaya, Estado de México, y pidió protección para la testigo que los acusó de asesinato a sangre fría.
Este "podría ser un caso de ejecuciones sumarias", estimó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas a través de un comunicado, mientras que su relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, Christof Heyns, dijo que el "gobierno de México tiene la obligación de investigar a fondo, juzgar y sancionar a todos los presuntos casos de ejecuciones extralegales, arbitrarias o sumarias".
El relator consideró urgente para el gobierno mexicano "realizar una investigación rápida e independiente sobre esas muertes".
El hecho sucedió el 30 de junio pasado en una bodega en Tlatlaya, municipio del Estado de México, ubicado en las cercanías de la violenta región de Tierra Caliente de los estados de Guerrero y Michoacán, a 240 kilómetros de la Ciudad de México.
“Sólo se puede recurrir al uso intencional de armas letales cuando sea estrictamente necesario para impedir que una persona detenida escape o cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida”, dijo Heyns, quien también señaló que éste quizás no fue el caso de lo sucedido en Tlatlaya, de acuerdo con la nueva información disponible.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) había informado inicialmente que esas 22 muertes fueron producto de un enfrentamiento entre militares y criminales , pero a raíz de que una supuesta testigo de los hechos contradijo esta versión, los soldados fueron detenidos la semana pasada por "desobediencia" e "infracción de deberes".
Estos arrestos constituyen "un paso en la dirección correcta hacia la justicia para las víctimas y la rendición de cuentas por sus muertes", comentó Heyns.
La testigo aseguró a la revista Esquire que 21 de los 22 muertos, entre ellos su hija de 15 años, fueron ejecutados a sangre fría a pesar de haberse rendido y que sólo una persona murió en el enfrentamiento.
Otro factor que ha atizado las dudas sobre este caso es que sólo un soldado fue herido en el tiroteo.
El relator especial de la ONU también pidió "medidas urgentes de protección" para las únicas tres sobrevivientes: la testigo y otras dos mujeres detenidas por posesión de armas de fuego y crimen organizado.
Tanto las autoridades castrenses como la Procuraduría General de la República (PGR) realizan investigaciones del caso.
La petición de la ONU se suma a la realizada por la ONG internacional Human Rights Watch (HRW), que estima que en este caso hay un doble crimen: "la masacre y el encubrimiento".
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, que otorgó 1.000 millones a México en ayuda para fortalecer sus fuerzas en el combate al narcotráfico, ha pedido una "revisión creíble" del caso por parte de autoridades civiles.
El gobierno de México emprendió una lucha militar contra el narcotráfico y el crimen organizado desde 2006. Desde entonces, más de 80.000 personas han muerto en las disputas entre cárteles antagónicos, en los operativos federales que buscan combatirlos y en otros crímenes contra civiles.
Con información de AFP.
