El caso Iguala, un reflejo del problema de los desaparecidos en México

La desaparición de 43 estudiantes normalistas ocurrida el pasado 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, es un botón de muestra de un problema de mucho mayor magnitud, el cual genera preocupación tanto dentro como fuera de México desde 2006, coinciden diversas organizaciones civiles que estudian el tema de los desaparecidos en el país.

Especialistas del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), el Comité Cerezo y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos señalan que el caso de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa refleja la facilidad con la que delincuentes o funcionarios pueden desaparecer a una persona, así como las dificultades y limitaciones que tienen las autoridades para investigar, encontrar a las víctimas y detener a los responsables. 

"Sin duda, este caso de los 43 desaparecidos tiene como telón de fondo los miles de desaparecidos que desde el sexenio anterior se vienen trayendo a cuento. La cifra oficial está por arriba de las 22,000 personas desaparecidas, otras cifras hablan de más, pero ya esta cifra oficial resulta escandalosa", dijo Édgar Cortez, integrante del IMDHD. 

El último reporte del gobierno federal sobre el total de desaparecidos en el país —dado a conocer en agosto— indica que hay 22,322 personas en esa situación. El dato se actualiza con base en las nuevas denuncias recibidas por las procuradurías locales o si las autoridades localizan a una persona, viva o muerta.

Sin embargo, los activistas consideran poco clara la información sobre búsquedas, localizaciones e identificación de cuerpos hallados en lugares como fosas clandestinas. Tan sólo en días recientes, por ejemplo, 28 cadáveres fueron encontrados en Guerrero mientras se buscaba a los normalistas. La Procuraduría General de la República (PGR) descartó que se trate de los jóvenes, pero no precisó las identidades, en tanto en el Estado de México se ubicó dos cuerpos en un canal.

Cortez es uno de los 22 activistas y académicos que, para apoyar a los familiares de los normalistas desaparecidos, el 9 de octubre anunciaron la creación de una comisión ciudadana que busca dialogar con el gobierno federal y supervisar las acciones que realice para localizar a los jóvenes. 

Al respecto, señaló en entrevista que otra situación que deja en evidencia este caso es cómo los familiares de las víctimas desconfían de la labor de las instituciones. Un ejemplo de ello —agregó— radica en que si las autoridades encuentran cadáveres, las familias exigen que los análisis para identificarlos estén cargo de peritos externos. 

"Hay una duda de si realmente se van a hacer bien las pruebas, si van a ser correctas, si van a ser rigurosas y si el resultado es confiable o no. Frente a eso, que se desconfía tanto de las instituciones locales como de las federales, entonces la alternativa se vuelve traer a un grupo de expertos independientes", dijo Cortez. 

Los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecieron la noche del 26 de septiembre tras un incidente con policías de Iguala, en el que los agentes municipales y hombres armados les dispararon y causaron la muerte de seis civiles, entre ellos tres de sus compañeros. 

A casi tres semanas del hecho, la PGR mantiene su búsqueda y analiza los restos hallados en más fosas clandestinas cavadas en la zona.

¿Un problema minimizado?

"Más que un botón de muestra, es la gota que derrama el vaso", dijo el activista Héctor Cerezo en entrevista por separado. 

Para Cerezo, miembro del Comité Cerezo, una organización civil especializada en el tema de los desaparecidos, el caso Iguala prueba que cuando hay funcionarios implicados en una desaparición, las autoridades tienden a no referirse al asunto como desaparición forzada, un delito distinto al secuestro y al homicidio que se castiga con entre cinco y 40 años de prisión.

El activista consideró que con esto se minimiza el problema y citó como ejemplo que a pesar de que la propia PGR señala a policías municipales como presuntos responsables de la desaparición de los normalistas —26 agentes de Iguala y 14 de Cocula—, el procurador Jesús Murillo Karam se ha referido al delito con otras palabras. 

"Incluso con las declaraciones de ayer (martes), Murillo Karam todavía no dice que son desapariciones forzadas, todavía dice que son ausentes o secuestrados. La terminología del Estado todavía no está reconociendo la desaparición forzada", dijo Cerezo. 

La organización que encabeza estima que de las 22,322 desapariciones registradas por el gobierno federal a la fecha, al menos 3,000 fueron forzadas, es decir, con la participación de algún funcionario público. 

Una cifra en la polémica

El propio dato del total de personas desaparecidas en el país también ha generado polémica desde que se dio a conocer el primer corte, en febrero de 2013.

Entonces, cuando el presidente Enrique Peña Nieto tenía dos meses en el cargo, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que durante el gobierno anterior, de Felipe Calderón, se contabilizaron 26,121 desaparecidos. 

La cantidad se hizo pública a raíz de las críticas a la estrategia de seguridad de Calderón, basada en el despliegue de militares para combatir a la delincuencia, una medida que rechazan las organizaciones de derechos humanos argumentando que fomenta abusos contra ciudadanos y genera más violencia.

A pesar de esos señalamientos, el gobierno de Peña Nieto ha mantenido a las Fuerzas Armadas en las calles y, en mayo pasado, la Segob indicó que la cifra de desaparecidos había bajado a 8,000 —cifra cuestionada por activistas—, mientras que un mes después precisó que eran 16,000, y en agosto, por último, la PGR señaló que son 22,322 . 

Fernando Ríos, miembro de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos, comentó en entrevista que el caso Iguala tiene características que lo diferencian de otros, como la posible implicación del alcalde con licencia, José Luis Abarca, y la atención que el tema ha generado de parte de otros países y de organismos internacionales. 

Sin embargo, consideró que comparte con otros casos que las autoridades no dan los resultados suficientes para hacer pensar que el crimen esta vez será castigado.

"¿Ha sido diferente? No, no ha sido diferente. Un caso tan grave ha seguido el ritmo de impunidad del país", dijo Ríos, otro de los activistas que apoyan a los familiares de los normalistas en su diálogo con el gobierno federal.