El nuevo sistema de justicia penal federal 'debuta' en Durango y Puebla
El nuevo sistema de justicia penal a nivel federal debuta este lunes en los estados de Durango y Puebla, los primeros donde entra en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) promulgado en marzo de este año, informó la Secretaría de Gobernación (Segob).
El CNPP fija las reglas para la realización de juicios orales, que son la base del nuevo sistema de justicia.
La creación de este nuevo sistema de justicia se aprobó con la reforma penal de junio de 2008, en la cual se estableció que todo México tendría un plazo de ocho años para cambiar de un sistema inquisitorio a uno acusatorio.
Esto significa que los procesos deben pasar de basarse en expedientes a basarse en juicios orales, y que debe favorecerse que sólo cierto tipo de delitos deba llegar a juicio, mientras el resto pueda solucionarse con mecanismos alternativos como un arreglo de reparación de daño entre la víctima y el acusado.
Esta transición debe llevarse a cabo tanto a nivel federal como a nivel local, y debe estar completa a más tardar el 18 de junio de 2016, según los artículos transitorios de la reforma penal.
Dentro del ámbito federal, Durango y Puebla se convierten en los primeros estados donde se realiza el cambio, una medida que aprobaron sus respectivos congresos y que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) hace dos meses, el 24 de septiembre pasado.
Esto significa que los delitos que lleguen a los juzgados federales de Durango y Puebla ya deberán procesarse con los lineamientos del CNPP.
Se prevé que las próximas entidades que concreten la transición sean Colima, Guanajuato, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco y Zacatecas, donde la entrada en vigor del CNPP ya fue avalada en los poderes legislativos y espera ser publicada en el DOF, según el registro que lleva la Cámara de Diputados .
A nivel local, los estados más avanzados en la implementación del nuevo sistema de justicia penal son Chihuahua, Estado de México y Morelos, y se espera que otras entidades se sumen en lo que resta de 2014 y los primeros meses de 2015.
En varias ocasiones, el gobierno federal ha llamado a los gobiernos estatales a que aceleren la instrumentación de los juicios orales, con el fin de cumplir con la fecha límite de junio de 2016.
Entre otras cosas, la implementación obliga a la capacitación de funcionarios —policías, ministerios públicos, jueces—, la adecuación de leyes secundarias e incluso la construcción de salas para los juicios orales.
La reforma penal se aprobó en 2008 con el consenso de las principales fuerzas políticas, bajo el argumento de que el cambio haría más eficaz y transparente el sistema de justicia.