México encara el reto de acabar con la debilidad de sus policías locales

Hace dos meses, la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, nuevamente puso en entredicho la confiabilidad de las policías municipales mexicanas, luego de que decenas de agentes de las localidades de Iguala y Cocula ligados a la delincuencia organizada presuntamente participaran en el crimen. Ahora, el gobierno federal busca evitar que casos así se repitan y combatir la debilidad de los cuerpos policiales locales, con medidas que el presidente Enrique Peña Nieto dará a conocer este jueves.

Se prevé que este mediodía, Peña Nieto dé a conocer estas acciones en un acto en Palacio Nacional al que invitó a representantes de los tres poderes de la Unión.

Hasta ahora no se han revelado detalles de las medidas que anunciará el mandatario, aunque algunos funcionarios y legisladores federales han adelantado que se centrarán en el tema de la seguridad pública.

Emilio Gamboa, líder en el Senado del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló el lunes que estás acciones buscarán lograr que las policías municipales funcionen correctamente.

“Las policías en muchos municipios de este país no vienen funcionando. Ahí está el caso de Iguala, que nos abrió los ojos con gran tristeza y amargura. No queremos que vuelva a suceder otro Iguala en este país”, dijo Gamboa a medios.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, también adelantó esta semana que las acciones que se anunciarán tratarán de combatir la “debilidad” de los municipios en materia de seguridad. Sin embargo, ha rechazado dar detalles sobre el tema argumentando que será el propio Peña Nieto quien los explique.

Miguel Barbosa, líder en el Senado del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD), dijo el martes a periodistas que –por la información que posee– las medidas incluyen iniciativas de reforma y políticas públicas las cuales, entre otras cosas, retomarán la idea de crear un mando único policial en las 32 entidades del país. 

'Revivir' el mando único

Esta propuesta fue impulsada por el anterior presidente, Felipe Calderón, del Partido Acción Nacional (PAN), bajo el argumento de que centralizar en un mando estatal la coordinación de las policías municipales, en vez de dejarlo disperso, permitiría tener mejores controles y permitiría evitar la infiltración de la delincuencia.

La iniciativa de Calderón –que implicaba reformar la Constitución– llegó al Congreso de la Unión en octubre de 2010, pero no logró avanzar por falta de acuerdos con la oposición.

Peña Nieto, quien asumió la presidencia en diciembre de 2012, también se ha declarado partidario del mando único policial y a lo largo de este año ha estado preparando una propuesta en la materia, según dijo Osorio Chong en una comparecencia ante senadores el 22 de mayo pasado.

Algunos gobernadores igualmente respaldan la idea del mando único. En Chihuahua, por ejemplo, César Duarte, ha promovido acuerdos con los alcaldes de la entidad para adoptar ese esquema a través de firma de convenios y sin necesidad de reformas legislativas; otros estados que han seguido ese camino son Aguascalientes, Baja California, Hidalgo y Nuevo León. 

En mayo, el entonces gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, firmó un acuerdo con seis alcaldías para impulsar un mando policial único –Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Teloloapan, Tixtla y Zihuatanejo–; sin embargo, después del caso Iguala, aclaró que no había logrado avanzar en su implementación.

Mientras tanto, en Morelos, el gobernador Graco Ramírez propuso que las policías municipales desaparezcan. El mando único difiere de este planteamiento en que no implica la eliminación de estos cuerpos locales, sino que queden subordinados al gobierno estatal.

El debate entre expertos

Entre los especialistas, sin embargo, la propuesta causa división.

Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, considera que el mando único sería una medida positiva porque ayudaría a mejorar la coordinación a nivel local en materia de seguridad.

“El mando único parece una buena solución ante los problemas que estamos teniendo porque las policías municipales del país no se coordinan adecuadamente, porque no siempre siguen los mismos protocolos, pese a que en teoría debería de ser así, porque no necesariamente tienen un organigrama similar”, dijo en entrevista.

Por el contrario, Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), se pronunció en contra porque considera que equivaldría a quitar a los municipios todas sus atribuciones en seguridad.

“Cuando se evalúa y se tiene claro que la policía municipal es disfuncional, hay que intervenirla. Pero con un régimen jurídico que sustraiga todas las atribuciones del municipio en materia de seguridad o prevención social del delito no estoy de acuerdo”, dijo.

En octubre, Insyde presentó consejos para evitar infiltraciones como la que tuvo la policía de Iguala, entre los que están capacitar constantemente a los agentes, garantizarles equipo suficiente y establecer contralorías ciudadanas que de manera independiente vigilen el desempeño de una corporación.

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La evaluación de los agentes

La situación de las policías del país empezó a debatirse durante el mandato de Calderón (2006-2012), cuando se aprobaron reformas legales para obligar a que todos los elementos federales, estatales y municipales fueran evaluados con exámenes de control de confianza.

Después de dos prórrogas, el plazo para que la evaluación quedara completada venció el 29 de octubre pasado. Días más tarde, el gobierno federal dio a conocer los resultados finales, según los cuales aprobó 93% de los agentes federales, 90% de los estatales y 86% de los municipales. 

Entre los últimos dos bloques suman 36,698 agentes que, por ley, deben ser dados de baja.

Cuestionado al respecto, el secretario Osorio Chong ha explicado que algunos gobernadores se han negado a hacer estos ceses argumentando falta de recursos para pagar la liquidación de los policías que deben ser despedidos. Sin embargo, este miércoles insistió en que eso no debe ser pretexto para cumplir con la legislación.

“Hemos sido claros con los gobernadores, con las entidades, que tienen que separarlos de su responsabilidad. No pueden estar en las calles, no pueden estar en este momento en sus funciones de policía. (…) Lo que ahora corresponde y de acuerdo a la ley no está a discusión. De acuerdo a la ley, es que todos los que no pasaron los controles de confianza deban ser separados de su encargo y liquidados”, dijo el funcionario a medios.

José Roberto Cisneros Duarte contribuyó con este reporte.