Gobierno federal quita la Fuerza Rural de Apatzingán, La Ruana y La Mira
La Policía Federal y el Ejército mexicano asumirán el control de la seguridad en Apatzingán, en la comunidad de La Ruana, municipio de Buenavista, y en La Mira, en Lázaro Cárdenas, donde no podrá haber ningún civil armado, informó este martes el titular de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo.
El funcionario federal señaló que a partir de la solicitud del gobernador Salvador Jara y por instrucciones del secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, se determinó controlar la seguridad en esos tres lugares.
“La presencia de las Fuerzas Armadas y la Policía Federal en estas tres localidades fortalece la estrategia de seguridad implementada por el gobierno de la República desde enero pasado, en garantía de los michoacanos y de las actividades económicas en estos puntos”, dijo.
De las más de 20 comunidades donde opera la Fuerza Rural, mencionó, son estos tres puntos donde sus integrantes y/o los exautodefensas no comprendieron la importancia de respetar las instituciones y propiciar un ambiente de calma y tranquilidad social.
El comisionado indicó que en estos puntos y en cualquier otra zona del estado no podrá estar alguna persona armada, “ya que será detenida y puesta a disposición de las autoridades competentes”.
Castillo aseveró que no obstante los esfuerzos y acuerdos establecidos durante últimos meses, “existen aún grupos que no han entendido las nuevas condiciones de estabilidad que requiere Michoacán para su desarrollo”.
“Hay grupos de interés disfrazados de autodefensas que ‘pelean’ el control de Apatzingán.
"Otros grupos se disputan, además, el liderazgo de su región para intentar establecer laboratorios de estupefacientes en la región de La Ruana, en Buenavista, o el control del manejo de minerales en la tenencia de La Mira, municipio de Lázaro Cárdenas”, señaló.
Un enfrentamiento registrado el pasado 16 de diciembre en La Ruana entre integrantes y exintegrantes de la Fuerza Rural —una corporación semipolicial conformada por habitantes de la región en mayo pasado— derivó en la muerte de 11 personas.
Los responsables deberán presentarse voluntariamente o serán arrestados y llevados ante un juez que ha emitido órdenes de aprehensión por el caso, dijo el viernes pasado el comisionado Alfredo Castillo.
