Álvarez Icaza rechaza la búsqueda ciudadana de normalistas
La desesperación de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa que buscan personalmente a sus hijos en fosas puede afectar de manera "grave" las evidencias, advirtió este viernes el secretario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Emilio Álvarez Icaza.
Aunque se pronunció a favor de que los padres ejerzan presión sobre las autoridades para la localización de los normalistas desaparecidos hace casi cuatro meses, rechazó que tomen por su propia cuenta las tareas forenses del caso.
"No acompaño la idea de que la gente misma salga a buscar en las fosas. Porque eso incluso tiene afectación grave y delicada para las evidencias", dijo Álvarez Icaza en una ponencia que pronunció en El Colegio de México (Colmex).
"Se necesita expertise, se necesita conocimiento, se necesita materia. Porque si no, la propia desesperación va en contra de las víctimas, porque se van a anular evidencias", apuntó.
Ante lo que consideran falta de resultados concretos de la Procuraduría General de la República (PGR), los padres de los normalistas se han organizado para buscar en diferentes regiones de Guerrero a sus hijos.
Muchos se han concentrado en la localización de fosas clandestinas donde pudieran haber terminado los estudiantes normalistas.
Ante ello, Álvarez Icaza consideró que "no son las familias las que tienen que salir a buscarlos", sino que "tiene que haber una capacidad instalada del Estado mexicano, con bases de datos, con investigación, con peritos".
"Soy muy partidario de que haya un papel proactivo de la ciudadanía y de las víctimas. Está muy demostrado que cuando los actores civiles participan, por lo menos las procuradurías tienen un comportamiento diferente", recalcó.
La PGR ha informado, con base en testimonios de detenidos, que los estudiantes probablemente fueron asesinados y sus cuerpos incinerados por integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos.
Al menos una prueba de ADN ha confirmado que restos hallados corresponden a uno de los estudiantes, Alexander Mora Venancio, mientras que otras pequeñas muestras de restos aún siguen bajo análisis en Austria.
Álvarez Icaza también expresó su preocupación por la violencia en los reclamos de los padres, como la que se dio el 12 de enero en un cuartel militar de Iguala, Guerrero, donde soldados se enfrentaron con padres de los normalistas que exigían una revisión de las instalaciones castrenses.
"Por supuesto los papás tienen todo el derecho de buscar, de exigir, de reclamar, eso no está a discusión. Pero tenemos que buscar las formas y los medios para que no se desencuentren de esa manera", dijo.
"Inadmisible" incapacidad de búsqueda
Además de los 43 estudiantes, otras 22,000 personas integran un registro de desaparecidos del gobierno federal, ante lo cual el secretario de la CIDH criticó la falta de capacidad de las autoridades mexicanas de crear un sistema de búsqueda para un problema de hace varios años.
"En México es mínima la capacidad instalada para la búsqueda de personas", dijo al referirse a las procuradurías de los estados y la PGR.
"No hay una sola base de datos nacional que integre los datos de ADN, las fotografías, que le eviten a las víctimas la pérdida de tiempo y la acción de volver. ¡Ello se sabía hace años, y no se hizo nada, es inadmisible!", exclamó Álvarez Icaza.
Como ejemplo puso casos que acompañó personalmente cuando fue parte de la Caravana por la Paz en 2011, que recorrió el país para acompañar a familiares de víctimas de la violencia en el país.
"Cuando las familias tenían que buscar a sus familiares, iban a otro estado, abrían el libro para ver las fotografías de otros cadáveres, y entonces la revictimización que eso suponía al buscar a su familiar, tenían que echarse el compendio del horror", dijo Álvarez Icaza.
Desde la CIDH, actualmente un grupo de especialistas está trabajando para presentar "en las próximas semanas" recomendaciones a las autoridades mexicanas en el caso de Ayotzinapa.
Los funcionarios de la CIDH revisan los planes de búsqueda que ha efectuado el Estado mexicano en este caso, las acciones de atención a víctimas y la labor de la PGR.
La responsabilidad como Estado recae en los tres niveles de gobierno, recalcó Álvarez Icaza.
"Centrarlo en el presidente le cae muy bien a los que no cumplen. Es muy cómodopara los gobernadores, es exquisito para los diputados y senadores", dijo.
El grupo de expertos
La CIDH indicó quiénes integrarán durante seis meses el grupo interdisciplinario de expertos independientes que hará "una verificación técnica de las acciones iniciadas por el Estado mexicano tras la desaparición de los 43 estudiantes", indicó este viernes la Secretaría de Gobernación (Segob).
Los integrantes son Francisco Cox (Chile), abogado en derecho constitucional; Claudia Paz y Paz (Guatemala), abogada especializada en derecho penal y derechos humanos; Ángela Buitrago (Colombia), abogada especializada en derecho penal y ciencias criminológicas; Carlos Beristáin (España), médico y especialista en educación para la salud, y Alejandro Valencia Villa (Colombia), abogado especializado en la promoción y defensa derechos humanos y derecho internacional humanitario.
"El Estado mexicano se comprometió a financiar por completo las actividades del grupo. Para ello, depósito un millón de dólares, que será administrado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México", detalló el mensaje.