Expertos de la CIDH dan fechas de sus actividades por el caso Ayotzinapa
Un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció este jueves que llegará a México el próximo 1 de marzo, para recabar datos y elaborar un reporte sobre la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero.
Los cinco expertos, procedentes de España, Chile, Colombia y Guatemala, permanecerán tres semanas y se desplazarán a Ayotzinapa e Iguala, Guerrero.
"Nos reuniremos con las víctimas, con los peticionarios y autoridades del Estado, así como con otros expertos implicados o aquellos quienes puedan tener información relevante para la investigación", dijo la abogada guatemalteca Claudia Paz y Paz, miembro del grupo de expertos.
El plan inicial del grupo de expertos es pasar al menos tres semanas de cada mes en México, durante seis meses hasta agosto, con el fin de evaluar a fondo las investigaciones de los hechos ocurridos el pasado 26 de septiembre.
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Los expertos presentarán un "informe preliminar" sobre sus conclusiones "a finales de mayo o comienzos de junio", y en agosto harán entrega de su informe final, explicó otro de los integrantes del grupo, el colombiano Alejandro Valencia Villa.
Los expertos se reservan la posibilidad de hacer recomendaciones al Estado mexicano "de manera paulatina", agregó.
"Actuaremos con total autonomía e independencia, y para nuestro trabajo tendremos en cuenta los estándares internacionales", garantizó Paz y Paz.
Hace dos semanas, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que es una "verdad histórica" que los 43 estudiantes fueron asesinados e incinerados en un basurero de Cocula por miembros del cártel Guerreros Unidos.
Los familiares de los desaparecidos no creen en esta versión y han pedido a las autoridades que, además de continuar en la búsqueda de los jóvenes, investiguen el papel que jugó el ejército ese día.
El grupo de expertos de la CIDH, integrado además por la abogada colombiana Ángela Buitrago y el chileno Francisco Cox, se formó como resultado de un acuerdo firmado por el organismo internacional con el Estado mexicano y los representantes de familiares de los estudiantes desaparecidos.
