'Resolvimos el problema en Chilapa sin ayuda del alcalde': Ortega
El mandatario estatal Rogelio Ortega Martínez dijo este viernes que fue su gobierno en Guerrero el que resolvió el caso de los civiles armados en el municipio de Chilapa mediante el "diálogo", mencionando que desconoce el paradero del alcalde priista, Francisco Javier García González.
Ortega recalcó, en conferencia de prensa, que es el presidente municipal de Chilapa quien no ha estado en la localidad para "enfrentar" los problemas de seguridad pública.
El titular del ejecutivo en Guerrero dijo que en más de dos ocasiones ha buscado vía telefónica a García González para discutir las acciones a seguir, y que por "rumores" sabe que se encuentra en la Ciudad de México, por lo que pensaba ir hacía allá para pedir un acercamiento, aunque tampoco se concretó.
" Resolvimos nosotros el caso de Chilapa , está resuelto, nosotros intervinimos desde el primer momento. El nuevo secretario de Seguridad Pública municipal (de Chilapa) es un elemento de la Policía del estado, aprobado por el Cabildo, en ausencia del presidente municipal, es él el que no está ahí en Chilapa", indicó Ortega Martínez.
El gobernador guerrerense reiteró que la insistencia en una llamada más con el alcalde de Chilapa para explicarle que era “pertinente” que se presentara en la cabecera municipal, mientras el caso estaba siendo manejado “correctamente” por su administración, la Policía Federal, Gendarmería y el Ejército mexicano.
De acuerdo con Rogelio Ortega en el caso de los civiles armados, los efectivos estatales y federales intervinieron desarmando y deteniendo a los hombres, a los que calificó de comunitarios, aunque no explicó bajo qué términos logró un acuerdo para su salida el jueves de la cabecera municipal de Chilapa.
"En situaciones delicadas como ésta no ayuda el pleito entre autoridades, al contrario, yo invito al alcalde para que valore si hay condiciones para que regrese a Chilapa a continuar su gobierno con todo el apoyo del gobierno estatal, en coordinación con las autoridades de nivel federal”, insistió.
Sobre el caso de la advertencia que lanzaron los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales de “radicalizar” las protestas para impedir la votación el 7 de junio, el gobernador sustituto aceptó su derecho a la manifestación, pero al mismo tiempo dijo que “nadie” puede coartar el derecho de acudir a las urnas, ni del libre tránsito en carreteras.
"Ellos no pueden andar arrancando propaganda electoral, se ponen al margen de la ley, es delito, mi llamado es a la sensatez, a la prudencia, a la mesura porque de parte nuestra ha habido. De nuestra parte tolerancia extrema y el respeto a terceros y a la ley”, respondió.
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