EU acusa a exgobernador de Tamaulipas de lavado de dinero y nexos 'zetas'
El exgobernador de Tamaulipas Eugenio Hernández Flores es acusado en una corte federal de Estados Unidos por lavado de dinero para ocultar sobornos del cártel de Los Zetas durante su administración (2005-2010), según un reporte de los cargos hecho por el diario San Antonio Express News.
La acusación, que fue emitida el pasado 27 de mayo pero que se había mantenido sellada hasta que fue desclasificada este viernes por una Corte Federal en Corpus Christi, incluye también a Óscar Gómez Guerra, cuñado del exmandatario —militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI)—, reportó la Oficina del Procurador Federal para el Sureste de Texas.
El exgobernador dijo al diario Reforma que su patrimonio en Estados Unidos "es totalmente legal, que ya lo acreditó a las autoridades mexicanas, y que hará lo propio con las de ese país".
En una entrevista con el diario mexicano, Hernández Flores dijo que antes de ser político acumuló "no más de 4 millones de dólares" en una cuenta en un banco estadounidense, producto de 25 años de negocios en la industria de la construcción, y que no tiene idea de "dónde salió la cifra de 30 millones de dólares en transferencias que se le imputan".
Hernández Flores y Gómez Guerra —casado con la hermana del exgobernador— se encuentran actualmente prófugos de la justicia, anunció el fiscal federal Kenneth Magidson. Las autoridades federales estadunidenses están a la búsqueda de los acusados.
El Gobierno de Estados Unidos pretende llevar a cabo un juicio para decomisar a los dos indiciados 30 millones de dólares, así como para confiscar cuatro propiedades ubicadas en McAllen —valoradas en más de dos millones de dólares— y Austin, informó el Departamento de Justicia a través de un comunicado.
Si son declarados culpables de conspiración para lavar dinero, Hernández Flores y su cómplice podrían enfrentar una condena de hasta 20 años en una prisión federal y una multa de hasta 500,000 dólares o el doble del valor de los fondos involucrados en las transacciones, o ambos.
También se enfrentarían a hasta cinco años en prisión federal y una multa de hasta 250,000 dólares si es declarado culpable de operar dinero sin licencia para transferirlo a negocios ficticios.
Con información de Notimex y Reforma.