Organizaciones civiles exigen implementar alerta de género en Morelos
La Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos exigió este miércoles la implementación de la alerta de género en el estado, al asegurar que 633 mujeres han sido víctimas de feminicidio desde el año 2000.
Durante una conferencia de prensa en el centro Miguel Agustín Pro Juárez, Paloma Estrada, integrante de la organización, señaló que los feminicidios en Morelos se han enmascarado vinculádolos con las desapariciones y asesinatos relacionados con el narcotráfico.
“Las asesinan, les ponen cartulinas o mantas relacionándolas al crimen organizado. Es el pretexto del estado para no investigar", aseveró la activista en derechos humanos.
Sin embargo, la activista también señaló que se han dado a conocer casos específicos donde, a pesar de que las mujeres parezcan víctimas del narcotráfico, se ha demostrado que los delitos fueron cometidos por sus parejas o familiares.
Desde 2000 hasta febrero de 2015, la organización había contabilizado 633 feminicidios y 103 de ellos ocurrieron después de junio de 2013.
La alerta de género fue solicitada por primera vez en 2014, pero la asociación denuncia que el gobierno no ha atendido la petición. De aprobarse, Morelos sería el segundo estado en implementar esta medida, luego de que el Estado de México formalizara su alerta en 11 municipios a finales de julio .
"En Morelos, consideramos que el último recurso para parar toda esta violencia y salvaguardar la vida, la libertad, la dignidad, la memoria y la justicia para las mujeres es que se aplique la alerta de la violencia de género”, destacó Julieta Quintanilla, también integrante de la asociación.
La activista indicó que la mayoría de los casos han ocurrido en los municipios de Cuernavaca, Cuautla, Temixco, Jiutepec, Puente de Ixtla, Zacatepec y Yautepec.
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Avance contra las desapariciones
En el evento, se destacó que 42 mujeres han desaparecido, por lo que consideró relevante la aprobación de la iniciativa de ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Desaparición Forzada en el estado, el 15 de julio de este año.
"La promulgación de esta ley supone avances sustantivos" en el combate a la desaparición forzada, consideró Fernando Ríos, director ejecutivo de la Red por los Derechos de Todas y Todos.
De convertirse en ley, se garantizará que las familias de las víctimas de desapariciones forzadas puedan solicitar a las autoridades o a los dueños de un inmueble que se sospeche vinculado a un delito, que abran sus puertas de forma expedita.
Además, busca penas de hasta 60 años para los funcionarios perpetradores de algún acto vinculado con la desaparición forzada.
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