Exalcalde de Apatzingán queda libre tras ser exonerado de nexos templarios
El exalcalde de Apatzingán, Michoacán, Uriel Chávez Mendoza, fue liberado de prisión por falta de pruebas de los delitos de los que era acusado, entre ellos nexos con el crimen organizado y extorsión.
La noche de este martes, mientras se efectuaban en la mayoría de los ayuntamientos de Michoacán el cambio de poderes municipales, el exservidor público —del PRI— abandonó el penal “David Franco Rodríguez”, donde pasó los últimos 17 meses.
Chávez Mendoza fue detenido por la Policía Federal el 15 de abril de 2014, acusado de extorsionar al cuerpo de regidores a quienes, se dijo, les descontaba de la nómina un porcentaje para entregarlo al crimen organizado, como pago de cuota a Los Caballeros Templarios. También pesaban sobre él acusaciones de homicidio y nexos con la delincuencia.
La defensa legal del exalcalde pudo desvanecer los delitos imputados que lo mantuvieron recluido en dicha cárcel de mediana seguridad, ubicada en la capital, Morelia.
Políticos señalados
Desde la llegada de Alfredo Castillo Cervantes como comisionado federal para la seguridad en Michoacán, en enero de 2014, fueron encarcelados ocho alcaldes michoacanos y el exsecretario de Gobierno estatal, Jesús Reyna García, acusados en su mayoría de tener nexos con el crimen organizado, asociación delictuosa, secuestro y extorsión.
Algunos de los acusados fueron vinculados tras la exhibición de videos filtrados a los medios de comunicación en los que aparecían dialogando con el líder de la organización criminal Los Caballeros Templarios, Servando Gómez Martínez, La Tuta.
Entre los políticos detenidos y procesados estuvieron las alcaldesas de Huetamo y Pátzcuaro, Dalia Santana Pineda y Salma Karrum Cervantes, respectivamente, ambas priistas. Esta última murió en prisión mientras enfrentaba el proceso judicial, a pocos meses de haber sido encarcelada.
También fueron acusados el presidente municipal de Numarán, José Luis Madrigal Figueroa —del PRD—, señalado de “halconeo” (vigilancia para la delincuencia), y colaboración con grupos criminales, pero fue liberado en junio pasado por falta de pruebas contundentes.
Otro perredista, Arquímedes Oseguera Solorio, alcalde de Lázaro Cárdenas, fue llevado a prisión en abril de 2014, y aún permanece encarcelado, tras fincársele responsabilidades por desvío de recursos, asociación delictuosa, y nexos con la delincuencia organizada.
Militantes del PAN también formaron parte de esta ola de encarcelamiento, cuando Noé Octavio Aburto Inclán, alcalde de Tacámbaro, fue detenido por elementos de la Policía Estatal acusado del delito de peculado, pero interpuso un amparo que le evitó pisar la cárcel y enfrenta aún el proceso judicial.
Castillo Cervantes fue retirado por el gobierno federal en enero pasado, en medio de señalamientos de los partidos locales, excepto el PRI, sobre supuesto trato “intimidatorio” de parte del comisionado. Sin embargo, con esto no cesaron las detenciones de políticos.
En mayo pasado, fue detenido por la Policía Federal el presidente municipal de Aguililla, Jesús Cruz Valencia (PRI), acusado de delincuencia organizada, y fue trasladado a un penal federal, donde aún permanece.
Mientras tanto, el alcalde de Aquila, el priista Juan Hernández Ramírez, fue consignado por las autoridades judiciales del estado a principios de junio de este año, por cargos por homicidio en grado de tentativa cometido en contra el líder de las autodefensas locales, Cemeí Verdía.
En septiembre de 2014, Hernández Ramírez también había aparecido en un video reunido con La Tuta, pero pasaron siete meses antes de que fuera aprehendido.
Al rendir un reporte de su gestión como comisionado en Michoacán, Castillo Cervantes —hoy titular de la Comisión Nacional del Deporte (Conade)— y el procurador de Justicia del estado, Martín Godoy Castro, informaron que tan solo en 2014 se había detenido y/o procesado judicialmente a 146 funcionarios y exfuncionarios, entre ellos a Reyna —también exgobernador interino—, al extesorero del gobierno, Humberto Suárez, y a el hijo del exgobernador Fausto Vallejo, Rodrigo Vallejo Mora.
En su mayor parte, los funcionarios enfrentan procesos judiciales por peculado y desvío de recursos públicos.
La intervención del gobierno federal en Michoacán también se ha ejercido contra una docena de directores de seguridad pública, mandos policiales, alcaldes en funciones y exsecretarios de estados, lo que ha dado pie a que la oposición se refieran a este episodio como un nuevo michoacanazo, en referencia a las aprehensiones ocurridas en la Presidencia de Felipe Calderón Hinojosa (PAN), cuando en mayo de 2009 fueron detenidos 38 funcionarios públicos entre alcaldes, mandos policiacos y miembros del gabinete del exgobernador Leonel Godoy Rangel (PRD).
A la fecha, todos los inculpados en aquel michoacanazo están libres y absueltos de los cargos de nexos con la delincuencia organizada, que en ese entonces se les imputaron.