A 2 años de 'Ingrid' y 'Manuel', los damnificados en Guerrero aún esperan

Al filo de la medianoche del 15 de septiembre de 2013, el presidente Enrique Peña Nieto se disculpó con sus invitados a la tradicional cena en Palacio Nacional tras encabezar la primera ceremonia de Grito de Independencia en su sexenio.

La emergencia generada por las tormentas Ingrid y Manuel mereció la atención de las autoridades mexicanas al más alto nivel.

Dos años después, el panorama en Guerrero —la entidad más golpeada por dichos fenómenos meteorológicos, con una cifra oficial de 105 personas muertas— es de viviendas abandonadas, familias instaladas en predios improvisados y damnificados que aún esperan la entrega de una casa.

Durante esos días emergían los primeros indicios de lo que se revelaría días después: devastaciones, inundaciones, destrucción de carreteras, caminos y puentes, deslaves y pérdidas de comunidades y rancherías enteras.

La declaratoria de emergencia fue para los 81 municipios de la entidad, con poco más de 10,497 viviendas afectadas y daños del orden de 22,983 millones de pesos.

Parte de los retrasos a dos años de Ingrid y Manuel se pueden palpar lo mismo en La Montaña, la región con más alta marginación de Guerrero, que en Chilpancingo, capital del estado, pero también en la exclusiva zona de Acapulco Diamante. Familias completas aún están a la espera de un terreno que habitar.

La Montaña olvidada y en el rezago

El presidente del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, Abel Barrera, sostuvo que La Montaña guerrerense sigue en el “olvido, rezago y corrupción” en la entrega de viviendas por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (Sedatu), así como en el reparto de granos básicos que prometió la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) pues 90 comunidades siguen sin recibirlos.

El Consejo de Comunidades Damnificadas de La Montaña, conformado por 185 localidades de 13 municipios, emplazó a los tres niveles de gobierno a realizar una nueva revisión, al advertir que carecen de escuelas, centros de salud, carreteras, caminos, red de agua potable y la reubicación de 28 comunidades que siguen asentadas en zonas de riesgo.

“El Consejo demandó en todo momento a la Sedatu para que tomara en cuenta la información recabada por las mismas comunidades ante el subregistro realizado por la misma dependencia”, indicó Marta Ramírez, integrante de la organización.

El padrón de la Sedatu en La Montaña censa 4,351 viviendas afectadas, pero el Consejo de damnificados en esa región afirman que hay 2,988 que no están contempladas aún en los padrones oficiales, e incluso que comunidades de tres municipios siguen sin ser verificadas.

En lo que refiere a las comunidades que se dedican a la producción de café, más del 90% de los huertos fueron dañados y registrados como pérdidas totales que no han sido atendidos. 85 pueblos resultaron con daños en parcelas, en su mayoría de maíz, frijol y calabaza.

... Y en la capital, también

Para atender a los 1,050 damnificados en Chilpancingo, la Sedatu determinó en 2013 la edificación de 1,100 viviendas. Los afectados vivían en diferentes comunidades de Chilpancingo, pero tras los estragos y la pérdida total de sus casas fueron trasladadas a un albergue, en el que estuvieron viviendo por un año y cuatro meses.

Ahora, la Sedatu les otorgó un predio donde edificará las viviendas... Pero mientras tanto, se deben conformar con casas improvisadas, en un terreno que no cuenta con servicios de agua y drenaje, y requieren abastecerse con pipas.

Gulmaro Guerrero, dirigente de un bloque que representa a 104 damnificados de Chilpancingo, informó que la Sedatu les notificó que el 17 de septiembre les entregaría las casas y que les explicó que el retraso se debió a las revisiones para evitar problemas estructurales, de agua potable y alcantarillado.

Otro caso es el de 548 familias en la comunidad de San Vicente, en la sierra de Chilpancingo, en donde Protección Civil estatal declaró a esa zona como de riesgo y pidió su reubicación, para quienes la Sedatu otorgó un predio en un pueblo aledaño. Pero, a dos años de la contingencia, aún no hay avances de obras.

El líder de la Asamblea Popular de los Pueblos de Guerrero (APPG), Nicolás Chávez Adame, explicó que 30 familias decidieron trasladarse al poblado de Huapanguito, a cinco kilómetros de San Vicente, en donde edificaron casas improvisadas con madera y techo de lámina de cartón.

“Todo el pueblo tenía que haber sido trasladado ahí, pero no. Estas familias siguen viviendo en el riesgo, en este pueblo en donde hay grietas y cada lluvia afecta más la zona”, explicó.

Abandono en Acapulco Diamante

A dos años de la tragedia, basta caminar por algunas de las unidades habitacionales asentadas en la exclusiva zona Diamante del puerto turístico de Acapulco para comprobar que el área no ha sido rehabilitada, y aún hay departamentos abandonados porque los dueños temen que ante una lluvia intensa se vuelvan a inundar.

Residentes de la unidad habitacional Luis Donaldo Colosio de la comunidad de Valle de Llano Largo —donde más de 5,000 viviendas resultaron afectadas, de las cuales cerca de 1,000 permanecen abandonadas— exigen al gobierno federal y estatal que terminen los trabajos de mitigación, rehabilitación del drenaje y la instalación de señalamientos en los puntos de esta área propensos a inundaciones.

“Los drenajes están inservibles y ya tenemos encima las lluvias (...) No tenemos nada, estamos igual, estamos olvidado del gobierno”, dijo a CNNMéxico la vicepresidenta de la Coalición de Habitantes Afectados por las Contingencias del estado de Guerrero, Oneli García Mejía.

En las unidades Quinta Miramar y La Ceiba, siguen presentes los vidrios rotos, vegetación creciendo en el interior de las viviendas, y las marcas del lodo que fue arrastrado por las inundaciones en las paredes.

Hace dos años, estos sitios habitacionales fueron inspeccionados por el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, por haber sido las más afectadas al estar asentadas sobre humedales y cerca de un río, cuyo cauce cambió. Entonces, el funcionario federal confirmó que se haría una “revisión profunda”, e incluso habló de determinarla zona no habitable de manera definitiva para el asentamiento humano.

Pero a dos años de Ingrid y Manuel, hay familias viviendo en esos mismos puntos, como la de José Luis Alonso, quien comentó que aún sigue pagando su casa y no tiene a dónde más ir.

“Cada que llueve, me da miedo y no podemos dormir bien, ni los niños. Pero, ¿a dónde me voy? No tengo otro lugar y nadie me ha dicho si hay riesgo o ya no (...) Volvimos a comprar todo, poco a poco hemos podido recuperar muchas de las cosas que perdimos, que fue casi todo”, dijo a CNNMéxico.